El ahora candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila y ex alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, se benefició con la asignación de obras a empresas creadas por allegados, que recibieron contratos por más de 180 millones de pesos, denunció el PAN.
El senador Luis Fernando Salazar expuso cómo se integraron esas empresas, en algunas de las cuales aparecen como socios hijos de funcionarios municipales, así como beneficiarias de programas sociales.
"El día de hoy vamos a desenmascarar la red de Miguel Riquelme por la que se ha enriquecido mediante la aplicación de obra pública irregular por más de 180 millones de pesos", indicó Salazar, acompañado por Ricardo Anaya, líder nacional del PAN; Guillermo Anaya, candidato blanquiazul al Gobierno de Coahuila; Jorge Zermeño, aspirante a la Alcaldía, y Bernardo González, dirigente estatal blanquiazul.
El legislador aclaró que la investigación se desarrolló con la participación de un buen número de ciudadanos comprometidos, abogados, contadores e información periodística, entre otros impulsores.
Salazar citó tres casos en los que Riquelme presuntamente incurrió en la comisión de delitos, como la creación de negocios ilícitos, conflicto de interés y peculado.
En el primero caso señaló a la empresa Vibla Edificaciones, contratada para obras por más de 60 millones de pesos, en la que están involucrados Lauro Villarreal, el dueño y ex jefe de Riquelme en el Gobierno estatal, y su hijo Lauro Villarreal Blake; Gerardo Berlanga Gotes, director de Obras Públicas del municipio; Javier Lechuga, comisario de la empresa y actual contralor municipal, y Enrique Mota Barragán, tesorero municipal.
En el segundo caso hay una empresa a la que le asignaron obras por casi 10 millones de pesos y en las que aparece como accionista Aldo Daniel González Ceniceros, supervisor de la Dirección de Obras Públicas, y en las que está involucrado Xavier Herrera, gerente general del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento.
El tercer caso se encuentran las empresas Camel 23 y Eventos Heroca, que opera el bar La Catrina, ubicado frente a Plaza Mayor, a las que se asignaron contratos por unos 10 millones de pesos. Aparece involucrado nuevamente Herrera Arroyo.
"Este sistema de corrupción ha servido para desviar más de 180 millones de pesos, buena parte de éstos ha sido para el enriquecimiento de estos funcionarios y de esta red de corrupción", indicó Guillermo Anaya.
Con información de Reforma
kach