Xalapa, Ver.-El ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, amaga con entregar “información valiosa” a la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, misma que está dirigida en contra de su ex tesorero, Tarek Abdalá Saad. Sin embargo, no es el único ex subalterno que podría utilizar como moneda de cambio para “recibir apoyos” en los procesos que siguen abiertos en su contra.
Los ex secretarios de Finanzas, Tomás Ruiz González y Fernando Charlestón; el ex titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Adolfo Mota, el ex tesorero Vicente Benítez, el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Manuel del Castillo, entre otros, están incluidos en investigaciones de la FGR señalados de diversos ilícitos.
A la fecha Abdalá Saad se encuentra prófugo de la justicia y sigue sin presentarse a las audiencias para las que ha sido citado en la Ciudad de México, recibiendo apercibimientos cercanos a los 200 mil pesos. Meses atrás había obtenido inmunidad fungiendo como testigo colaborador en investigaciones de la FGR abiertas en contra de otros ex funcionarios Duartistas y de su propio ex jefe.
En septiembre de 2018 el ex diputado federal testificó en contra del ex gobernador en el proceso por el que Duarte terminó por declarase culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, con una sentencia de 9 años de cárcel. Tras haber hablado ante la extinta Procuraduría General de la República advirtió que, si algo le llegaba a pasar, sería responsabilidad de Duarte de Ochoa, Mauricio Audirac y del exdiputado local Juan Manuel del Castillo.
Para el mes de enero se informó que había conseguido un arreglo con el que pretendía seguir inculpando a Duarte y otros exfuncionarios en los juicios donde estos sean acusados por actos de corrupción, aunque se estableció que de no presentarse a las audiencias perdería sus beneficios para no ser juzgado por el presunto desvío de unos 55 mil millones de pesos, dinero que supuestamente él mismo transfirió a diversas cuentas por órdenes de su ex patrón.
Sin embargo, en las entrevistas que Duarte dio esta semana a distintos medios nacionales aludió a las pruebas otorgadas por su extesorero basadas en elementos “que se están cayendo”. Añadió que la cacería que implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto lo obligó a pactar su entrega en Guatemala para evitar que procedieran contra su familia, pero ahora está dispuesto a hablar “como un deber ciudadano” por este hecho ilícito.
“En mi caso particular ya hubo personas que no tan solo participaron, firmaron que las empresas fantasma o fachada, como les quieran llamar, fueron constituidas a su nombre; ellos mismos tenían cuentas bancarias y hoy por hoy están libres.
“Contra mí que no hay una sola prueba, por el simple hecho de llamarme Javier Duarte y por lo atractivo que fue políticamente hablando estoy detenido”, planteó el ex gobernador al ofrecer los datos con los que cuenta a la FGR.
Después de ese ofrecimiento este miércoles el periodista Ciro Gómez Leyva reportó que una comisión de agentes de la FGR ya visitó a Duarte en el Reclusorio Norte y de manera informal les pidió que los datos que aporte no lo afecten y que le den apoyo en los recursos penales que tiene vigentes para sellar un trato.
FGR va tras ex funcionarios veracruzanos
En el mes de junio algunos medios reportaron que la Fiscalía General de la República (FGR) “descongeló” una investigación por irregularidades en el manejo de 2 mil millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte en recursos etiquetados para la Secretaría de Educación.
La carpeta de investigación se inició desde 2017 implicando al ex titular de la SEV, Adolfo Mota Hernández, a Gabriel Deantes Ramos, Carlos Aguirre Morales, Edgar Spinoso Carrera y Jorge Jaramillo Méndez, quienes ocuparon distintos cargos en dicho sexenio.
Previamente también se informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Carlos Aguirre Morales, Antonio Tarek Abdalá Saad y Gabriel Deantes Ramos, debían reponer de manera mancomunada a la Federación mil 580 millones 503 mil 156.96 pesos.
Esto tras encontrar su responsabilidad resarcitoria por un desvío detectado cuando formaron parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación por incurrir presuntamente en actos irregulares constitutivos de un daño y perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública Federal en el programa del Seguro Popular.
El daño y perjuicio se desprende de la falta de solventación del Pliego de Observaciones número PO0688/15.
Medios nacionales adelantaron que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a tres altos exfuncionarios de la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Esto por su presunto vínculo con el desvío de más de 400 millones de pesos de fondos federales que estaban destinados a servicios de salud, educación y obras.
Los implicados, señaló la información, son los exsecretarios de Finanzas Mauricio Audirac y Gabriel Deantes, quien ya tienen un primer proceso penal federal abierto en marzo pasado, así como el exsubdirector de operación financiera, José Francisco Díaz Valenzuela.
Los casos se sumarían a cuatro procesos más que la FGR ha logrado promover exitosamente en contra de exfuncionarios del gobierno de Duarte. Uno de ellos es en contra de Gabriel Deantes, que hora sumaría su segundo juicio abierto, y los otros son en contra de los exsecretarios de Finanzas Tomas Ruiz y Fernando Charleston, y el ex subsecretario de Finanzas, Carlos Hernández.
A nivel local, Tarek Abdalá también tiene abierta una orden de aprehensión y se le señala de abuso de autoridad debido a irregularidades en la entrega de cuotas de afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV) por un monto de 453.6 millones de pesos, de ahí que está en calidad de prófugo.
Monedas de cambio
Con la amenaza latente del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa de revelar cómo se fabricaron pruebas en su contra, estos son otros de sus ex colaboradores con los que podría “cobrar facturas o tomar venganza”.
Edgar Spinoso
El ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y diputado federal por Martínez de la Torre, Édgar Spinoso Carrera, fue señalado por firmar contratos por más de 300 millones de pesos que desaparecieron a través de “empresas fantasma” creadas durante la administración duartista.
Spinoso, quien también enfrente procesos locales, fue removido de su cargo como Oficial Mayor luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre posibles desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los programas en Educación y luego el gobierno yunista lo acusó de ser prestanombres de Duarte para comprar propiedades por 3 mil millones de pesos en Estados Unidos.
Para “librarse” de la investigación que se abrió desde el 2013 por el delito de peculado, Spinoso Carrera devolvió al gobierno yunista un avión Learjet 45 y un helicóptero Robbinson, con lo que consiguió inmunidad hasta la fecha.
Vicente Benítez
El ex diputado local y ex Oficial Mayor de la SEV, Vicente Benítez González, es señalado por los delitos de enriquecimiento Ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. También es investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por enriquecimiento ilícito.
Se le acusó como el responsable del envío de una maleta con 25 millones de pesos en efectivo al aeropuerto de Toluca cuando fungía como tesorero de Duarte de Ochoa.
En ese tiempo, el entonces gobernador lo retiró del cargo pero luego fue nombrado como subsecretario de Desarrollo Social; se dijo que también fungió como prestanombres de Javier Duarte de Ochoa para hacer inversiones en Miami, Florida, mediante una firma denominada Capital Investment Property Services.
A la fecha existe una orden de aprehensión en su contra. Juan Manuel del Castillo
Juan Manuel del Castillo González, señalado como el encargado de realizar actividades ilegales para sustraer recursos de la administración estatal, comenzó a ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Por estas investigaciones se filtró a medios de comunicación que como ex funcionario de Javier Duarte no pudo cumplir algunas órdenes en cuanto a la emisión de facturas de las “empresas “fantasma” para justificar el ingreso de recursos estatales.
Esto, según la versión de la PGR, habría generado “un grave problema” entre Duarte de Ochoa y del Castillo González debido a que este no pudo lograr comprobar al menos 350 millones de pesos provenientes de la SEV y que habían sido desviados por el mandatario.
Tomás Ruiz
El ex secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, es señalado de autorizar recursos para contratar a empresas inexistentes durante la administración duartista, sin embargo ha solicitado su derecho de réplica en diversas ocasiones en contra de los medios que publican esta información.
Según la información que lo involucra en actos de corrupción en 2012 él era el encargado de arreglar los apoyos económicos que el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa envió para la campaña presidencial del priísta Enrique Peña Nieto, por lo que habría una investigación abierta por el delito de peculado tras las observaciones denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A la fecha existe una orden de aprehensión en su contra.
Adolfo Mota
El ex diputado federal priista Adolfo Mota Hernández fue señalado durante su paso como secretario de Educación por el desvío de casi 2 mil millones de pesos de recursos federales transferidos a través de subsidios para centros de educación, mismos que se usaron para solventar otros gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en el Estado.