Monterrey, N. L.- Opacidad, falta de voluntad y confusión es lo que priva en torno a María Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien repentinamente se pensiono con un sueldo superior a los 30 mil pesos mensuales, denuncian organizaciones civiles.
Un documento con la mayoría de la información tachada es lo único que la Secretaría de Administración de Nuevo León ha entregado sobre el servicio público de Martínez Galván, afirman representantes de las organizaciones Redes Quinto Poder IDEA, Colectivo Nosotros y Vertebra Nuevo León, que impulsan la investigación por el aparente aumento ilegal del salario de la suegra de “El Bronco”.
Información opaca en el caso
Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder (RQP), señala que el contralor saliente, Jesús Hernández, y su relevo, Gerardo Guajardo, le mostraron un oficio dirigido al Isssteleón, organismo de seguridad social del estado, en el que se indica que se le recortó la percepción a Martínez Galván mientras se realiza la indagatoria.
Sin embargo, no proporcionaron información sobre la cantidad que fue retenida, aunque el activista supone que corresponde al incremento irregular que le fue otorgado poco antes de pensionarse, para recibir una cantidad mayor a la que debería.
Tampoco se les entregó a los denunciantes el expediente completo de las dependencias en las que ha trabajado Martínez Galván, así como sus sueldos y licencias.
La solicitud la hicieron en junio pasado cuando salió a la luz pública que la suegra del gobernador tenía un sueldo de 70 mil 236 pesos mensuales, como funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública, por funciones aún desconocidas.
Liliana Flores Benavides, del Colectivo Nosotras, presume que la ilegalidad de protección social a la mamá de la esposa del gobernador, se dio al amparo de su yerno. “Solamente exigimos claridad y que nos informen acerca de esta situación que indica que habría sido irregular y que se castigue a quien actuó de mala fe", dice.
Prácticamente cada semana, desde junio que interpusieron la denuncia, han acudido en busca de respuesta a la Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración pero no hay nada aún.
Incluso, señalan que Administración se negó a entregar los datos al argumentar que Martínez Galván ya no tenía carácter de empleada, sino de pensionada.
La información se volvió a requerir, pero en esa ocasión, la dependencia respondió que no la podía entregar porque era parte de una investigación judicial, destaca Gilberto Marcos, de Vertebra.
Sólo entregan documentos rayados
Los demandantes interpusieron recursos de revisión ante la Comisión de Transparencia de Nuevo León, y recibieron el pasado 18 de octubre un correo electrónico con la foto de un documento tachonado de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.
Por otro lado, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información aprobó abrir datos solicitados por un particular sobre el expediente de Teresa Martínez y en sesión plenaria, ordenó a la Secretaría de Administración entregar la información sobre la señora Martínez Galván, quien fungió como coordinadora de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La sesión fue presidida por el presidente Bernardo Sierra y los vocales María de los Ángeles Guzmán, María Teresa Treviño, Jorge Alberto Ylizaliturri y Francisco Guajardo.
"El sujeto obligado (Estado) reservó la información en términos del Artículo 138 Fracción 4a. y 9a. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Fundamentalmente el argumento fue que esa información obraba en Carpetas de Investigación que se estaban llevando ante el Ministerio Público en materia de corrupción" dice Sierra.
Sin embargo, tras el análisis la Cotai consideró que esos argumentos no son aplicables para una reserva.
¿Qué pasó con la pensión de María Teresa Martínez?
La suegra del gobernador estaba en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con un sueldo de 28 mil pesos, pero, sorpresivamente, en el mes de junio del 2018, registró un alza hasta los 67 mil, lo que representó un inexplicable aumento del 133%, recuerda el portavoz de Redes Quinto Poder.
Más adelante obtuvo otro aumento extra del 5% para alcanzar los 70 mil pesos, lo que le permitirá gozar de una pensión de 35 mil pesos mensuales cuando, con el sueldo ordinario, recibiría 14 mil, agrega Ramos.
La denuncia también fue llevada a la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Anticorrupción del Gobierno y la misma contraloría estatal, expuso, donde se investiga actualmente.