Las amenazas y la quema de la casa de Irma Galindo Barrios, ambientalista mixteca, confirman a Oaxaca como uno de los tres lugares más peligrosos de México para el activismo ambiental, la defensa de la tierra y el territorio.
El informe más reciente sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, identificó 49 casos de ataques a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Irma Galindo Barrios, activista que sufrió atentado en 2019
De éstos 21 fueron asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en diversas partes del país. El mayor número de ataques ocurrió en Puebla, con 8 casos, seguido de Oaxaca y Chihuahua, cada uno con 6 casos de agresiones
“Oaxaca continúa siendo un estado peligroso para las personas defensoras ambientales, puesto que éstas siguen siendo víctimas de agresiones constantes, sobre todo en el contexto del desarrollo de proyectos energéticos, sin el respeto a los derechos humanos de las comunidades locales”, señala el informe.
Tzinia Carranza, presidenta del Comité Técnico de Cambio Climático, señaló que debido a la participación activa de las mujeres en la defensa de sus recursos naturales, son quienes se vuelven principal blanco de ataque tanto de las empresas que persiguen intereses económicos, como de las autoridades que las protegen en busca de beneficios personales.
“Oaxaca ha sido un estado con una participación activa de las mujeres. Ellas han salido a defender el agua, se han opuesto a la minería, en contra de los megaproyectos, en contra de la tala de los bosques y especies. Esas mujeres están siendo aún más violentada por esta actividad aunado a que la violencia contra las mujeres es brutal. Las mujeres se vuelven carne de cañón. Mujeres que han sido hostigadas, que han sufrido amenaza de diferentes tipos. Son mujeres violadas o agredidas sexualmente. Mujeres desaparecidas o asesinadas. Estamos en una situación terrible".
El informe de la RNDDH señala que, de 2010 a marzo de 2019, un total de 51 defensoras de derechos humanos, entre los que se engloban a 13 periodistas, fueron asesinadas por su labor. La mayoría, 25 crímenes, datan de la gestión de Enrique Peña Nieto.
De lo documentado se desprende que durante el 2018 fueron cometidos 3 asesinatos, en éstos se contabilizan el de Guadalupe Campanur activista ambiental en Michoacán, Pamela Montenegro youtuber guerrerense dedicada a la crítica de la clase política, y Guadalupe Hernández defensora de los derechos de la comunidad LGBTTI en Guanajuato.
A ellos se sumaron dos intentos de asesinatos, 10 detenciones arbitrarias contra 35 defensoras y 3 casos de criminalización.
Son precisamente las defensoras de la tierra, territorio y recursos naturales, así como las defensoras de la libertad de expresión y de información es decir periodistas, las más agredidas. En tanto que las tácticas más utilizadas por los agresores son intimidación y hostigamiento psicológico; además de calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio.