Hidalgo (La Silla Rota).- Como secretaria de Finanzas del gobierno de Hidalgo, la actual directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, vendió 357 por ciento por debajo de su valor un predio en la zona residencial Valle de San Javier, en la capital, el cual era del dominio público y fue enajenado por decreto del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong para ser comerciado, de acuerdo con una estimación del valor de la tierra que hizo la diputada local Gloria Romero León.
El acta de compra-venta, inscrita con el número 217068 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Pachuca, cuya copia obtuvo La Silla Rota, refiere que el 16 de marzo de 2011 la funcionaria negoció, por 383 mil 868 pesos, 342.74 metros cuadrados de una fracción de terreno identificado como área 8, lote A, sección cuatro, de los espacios de donación del fraccionamiento. Este fragmento de tierra pertenecía a un área verde no vendible y, para ser comerciado, fue enajenado por decreto de Miguel Osorio Chong, cuando fue gobernador.
Cada metro cuadrado costó mil 120 pesos, cuando la estimación, en ese año, era de cuatro mil, denunció la diputada local Gloria Romero León, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), quien en la sesión del 18 de julio pidió, desde tribuna, investigar la venta de reserva de uso común durante el último año de mandato de Osorio Chong, a través de la oficina de Mayorga Delgado.
Con base en el documento emitido en la notaría 18 de Pachuca, cuyo titular es Pedro Luis Noble Monterrubio, diputado federal por el distrito de Actopan, el comprador fue Moisés Mora Hernández, quien, en ese momento, tenía 29 años. En las diez fojas útiles, con escrito por ambos lados, no incluye avalúo catastral que sustente el costo del bien apropiado por el gobierno.
Según el acuerdo firmado ante la fe de Delia Bibiana Tejeda Cruz, notaria adscrita, los 342.74 metros cuadrados son parte de una superficie de 20 mil que el Poder Ejecutivo obtuvo “por donación gratuita, pura y simple, que en su favor hizo la persona moral Inmobiliaria Valle de San Javier SA de CV”.
No obstante, Romero León acusó que según la delimitación establecida en 1980, en un convenio publicado el 20 de febrero en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), eran parte de áreas no vendibles. El acuerdo cuenta con la rúbrica de Jorge Rojo Lugo, exgobernador, y trazaba también los espacios para viviendas, vialidades e instituciones educativas.
Sin embargo, el 13 de septiembre de 2010, Miguel Osorio publicó un decreto en el tomo CXLIII del POEH para enajenar esa reserva, tras una solicitud de la Secretaría de Administración, mediante el oficio SA.01/0387/2010.
La extensión vendida a mil 120 pesos el metro cuadrado es, según la legisladora panista, una parte de la que negoció, con el aval del Ejecutivo, Mayorga Delgado, nombrada titular de la CDI en enero de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto.
La propuesta de crear una comisión especial que investigue las ventas de bienes de dominio público no ha sido validada por el Congreso de mayoría priísta, por cuyo partido la exencargada de Finanzas buscó la candidatura al gobierno de la entidad en 2016.
San Javier, el hogar de los políticos
En las declaraciones patrimoniales que presentó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), a las cuales tuvo acceso La Silla Rota, el exgobernador José Francisco Olvera Ruiz notificó que cuenta con una casa en Valle de San Javier, al igual que Roberto Pedraza Martínez, quien fue su segundo secretario de Turismo.
Por la casilla 0933 en la que votan en comicios, tienen registrados domicilios ante el Instituto Nacional Electoral (INE) Ernesto Gil Elorduy, quien fue presidente de la LXII Legislatura local (2013-2016), Gerardo Sosa Castelán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en el periodo 1991-1998, así como José Alberto Rodríguez Calderón, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, entre otros miembros de la clase política de la entidad.
En el primer decreto, antes de la enajenación con Osorio Chong, la Secretaría de Obras Públicas autorizó como superficie vendible 537 mil 821 metros cuadrados; el resto, no podía ser comerciado.