Veracruz (La Silla Rota).- Para Arturo Márquez Murrieta, candidato a la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), será primordial reconocer “la grave situación que vive el estado”, para luego atender a todas las víctimas -directas e indirectas- que ha dejado como saldo la inseguridad en Veracruz.
“La principal molestia de estas personas es la impunidad. El estado mexicano no está cumpliendo con ellos. Mientras no haya sentencias condenatorias para los responsables; mientras no se encuentre a sus seres queridos, por más que se den ciertas medidas de apoyo no se va a compensar su dolor”.
Lo anterior, fue referido por Márquez Murrieta en entrevista para E- Consulta Veracruz, donde habló sobre premisas de trabajo y prioridades que deberán ser atendidas en caso de ser elegido como titular de la CEEAIV por la cámara de diputados.
Entre las prioridades a atender, enumeró: la Alerta de Violencia de Género en Veracruz, “garantizar los derechos de las mujeres víctimas en el estado; víctimas familiares de personas desaparecidas; niñas, niños y adolescente; personas víctimas por discriminación; y víctimas por violaciones a los derechos humanos.
Víctimas en Veracruz, una tarea numerosa para la CEEAIV
El entrevistado refirió que, tan solo las cifras duras que arrojó el Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y mayo de 2017, “sin considerar este junio trágico”, son 625 homicidios dolosos.
A lo anterior, abonó que, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, se calcula que por cada agraviado se podrían tener entre 3 y 4 víctimas indirectas (principalmente familiares). Ello sin contar la cifra negra, que explicó “es de aproximadamente un 60 y 70 por ciento, que en su mayoría son casos que no son denunciados”.
Al índice de homicidios dolosos, añadió los 2 mil 500 casos abiertos por desapariciones y desapariciones forzadas que son reconocidos por la Fiscalía de Veracruz. Así como los casos de trata de personas, violaciones y feminicidios.
“En todos estos casos debemos buscar que existan sentencias para luego pensar en una reparación integral del daño y una compensación”, expuso Márquez Murrieta.
Aunque reconoció que, en el tema de desapariciones forzadas, de 2006 a la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó haber recibido alrededor de mil 459 denuncias por el delito de desaparición forzada. Por estos agravios- considerados de lesa humanidad- únicamente 33 policías están sujetos a proceso, de los cuales ninguno ha recibido sentencia condenatoria.
“Ante el número de víctimas, apostaré por una cooperación institucional”
“La Ley General de Víctimas, explica que las víctimas son un tema que concierne a toda una sociedad; si bien la CEEAIV tiene una responsabilidad operativa, es una responsabilidad de todos”, introdujo Márquez Murrieta, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Refirió que, de ser elegido como el próximo comisionado”, apostará por una cooperación institucional, pues la estructura de dicha institución es conformada por 17 trabajadores y un presupuesto de operación aprobado por el congreso local de siete millones de pesos anuales.
“Necesitamos educar al DIF, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a las procuradurías de la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, a las dependencias del sector Salud, de Educación, de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado. Debemos recordarles sus responsabilidades”.
Márquez Murrieta, sugirió el nombramiento de un enlace por dependencia de gobierno para realizar trabajos conjuntos acordados en sesiones periódicas, evitando lo que señaló como “reunonitis”, reuniones sin acuerdos consensuados.
“Debemos trabajar hacia adentro de la CEEAIV”
Entre los objetivos a corto plazo de Márquez Murrieta, dijo, está ampliar el número de asesores jurídicos para apoyo de las víctimas indirectas, pues actualmente la Comisión cuenta con tres abogados que se distribuyen en toda la entidad
Debemos trabajar con gente que conozca y entienda a las víctimas. Debemos conocer los protocolos homologados de tortura y desaparición forzada, porque eso los ministerios públicos lo deben de aplicar y si nosotros los exigimos va a ser otra cosa.
“Dentro del Nueva Sistema de Justicia Penal, la víctima y el asesor jurídico tienen un papel fundamental. Necesitamos fortalecer la figura del asesor jurídico. Sin esa figura no vamos a garantizar el acceso a la verdad y el acceso a la justicia”.
“Yo calculo que necesitamos mínimo 20 asesores jurídicos y psicólogos. Yo quiero pedir al gobierno del estado que nos proporcionen abogados de otras dependencias, incluso de la Fiscalía. Ahora que se habla de las ciudades judiciales por lo menos debería de haber una oficina con un asesor jurídico, un asesor psicológico y una trabajadora social. Si son 16 centros de justicia los que se plantean, tendremos el mismo número de personal extra, ahondó el entrevistado.
Otra acción que realizaría Márquez Murrieta sería la solicitud ante el Congreso del Estado de una ampliación presupuestal o bien dijo, “ir planeando para el presupuesto de 2018 un incremento sustancial y la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que es considerado en la Ley General de Víctimas y que se estima en los 25 millones de pesos”.
Con estos fondos extras, dijo, propondrá tres nuevos cargos en la CEEAIV, como lo son: un director de asuntos jurídicos, de registro y del FAARI, en caso de ser aprobado por la legislatura local.
“La ley dice que debemos tener personal experto, pero además apuesto por compañeros con sensibilidad, voluntad y acompañamiento. Desgraciadamente a la fecha no se cuenta con un gran presupuesto, pero eso no va a impedir el acompañamiento; tenemos que estar con las víctimas”, abundó.
Aseguró que antes de pensar en prescindir de colaboradores en la CEEAIV, “yo llegaría a entrevistar a mi personal y les preguntaría que me dijeran a quiénes de las víctimas de Veracruz conocen, si es que se reúnen con ellos. En mi perdido, de ser elegido, no se tratará de apapachar a las víctimas, si no de atenderlos”, culminó.