TUXTLA GUTIÉRREZ.- Sobrevivientes de la Masacre de Acteal, ocurrida un diciembre de 1997 en esa localidad indígena de Chiapas, externaron su rechazo a la propuesta de la Secretaría de Gobernación de una solución armoniosa sobre el caso mediante una firma, el próximo 3 de septiembre.
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En una conferencia celebrada en el Centro Ceremonial de los Mártires del municipio de Chenalhó, Simón Pedro Pérez López, en voz de los afectados, manifestó que están inconformes porque el gobierno mexicano dejó en libertad, en el 2009, a los paramilitares que, en esa ocasión, les arrebataron la vida a 45 personas, entre éstas mujeres embarazadas e infantes.
Lo ideal, dijo, es que se realice un informe de fondo en el que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que se ha vivido en la impunidad porque aún no hay justicia para las familias que sufrieron ese ataque armado, “bajo las órdenes del entonces presidente del país, Ernesto Zedillo Ponce de León”.
No pueden aceptar un acuerdo armonioso, insistió, porque no solo liberaron a los criminales, sino que además el gobierno de Juan Sabines Guerrero los premió con tierras, casas y pensiones mensuales, con la condición de que no retornaran a sus comunidades de Chenalhó, “pero no fue así, porque acá están de nuevo”.
Lo más lamentable, advirtió, es que el riesgo es latente porque las armas “con las que masacraron a nuestros hermanos y hermanas, siguen ahí escondidas, lo que no previó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se burló de la memoria de nuestros hermanos”.
A casi 23 años de esa masacre, confesó que no se conformarán con una “justicia a medias”, “lo que queremos es una justicia cabal, una justicia que evite la repetición de hechos, como la de Acteal, y que todos los autores intelectuales paguen por ellos, como el expresidente Zedillo y el exsecretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre; Emilio Chuayffet, exsecretario de Gobernación; el exgobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, entre otros”.
CIDH se ha demorado una década
Por su parte, Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, aclaró que se trata de un grupo de sobrevivientes que sí aceptó el acuerdo armonioso con el Estado mexicano, lo que obliga a éste último a reconocer violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, aclaró que la mayoría, incluidos los integrantes de la Organización Civil “Las Abejas de Acteal” decidieron acudir hasta las últimas instancias y consecuencias, es decir hasta que la CIDH dicte esa especie de sentencia, la cual le pedirá al gobierno que no solo acepte sino que atienda todas esas violaciones.
No obstante, comentó que la CIDH se ha demorado al menos una década en otorgar una respuesta, con el argumento de que posee más casos en toda América Latina, “es desafortunada esta tardanza, pero se espera que ya se toque el turno y se dicte ese informe”.
Como “Frayba”, advirtió, han acompañado este proceso desde el día de los hechos, además de aportar las pruebas suficientes como documentación y testimoniales, “de esta estrategia de contrainsurgencia”.