MÉRIDA.- En el 2018, Alberto P. R., agredió sexualmente a su hijo Iván, quien tenía dos años 11 meses. El pequeño estaba de visita en la casa de su padre cuando fue violentado, se lo platicó a su mamá Ana. Ella lo llevó con la pediatra para que lo revisara, la médico constató el abuso y de inmediato dio parte a las autoridades.
También lee: Claves para identificar y prevenir el abuso sexual infantil
Pasaron tres años para que el proceso avanzara, la audiencia de imputación ocurrió en abril pasado. Fue posible porque los asesores jurídicos de la familia solicitaron diversos controles judiciales y después de varias audiencias, un juez ordenó a la Fiscalía realizar en 15 días todas las diligencias; determinaron que el menor y su madre estaban en estado de indefensión, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Foto Tomada de Facebook
El agresor, quien esta semana fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, continúa trabajando como profesor en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
De hecho, después de la vinculación a proceso, el colectivo UADY Sin Acoso recibió tres denuncias relacionadas con hostigamiento sexual cometidas por el académico contra estudiantes.
ABUSOS
La primera ocurrió en un periodo entre el 2005 y 2007, la alumna manifestó que tras varias denuncias realizadas decidió darse de baja. No tuvo apoyo de las autoridades, docentes y compañeros.
En el 2006, la familia de una estudiante acudió a las autoridades universitarias para hacerles saber que se relacionó sexualmente con una alumna. La sanción fue enviar al profesor a España a seguir con su formación académica.
La tercera es del 2009, una estudiante lo acusó por invadir su espacio personal, pegarse a su costado para abrazarla y acariciar su hombro de manera lasciva, todo sin su consentimiento. Por su parte, la UADY no ha emitido una postura sobre la situación del profesor.
Además, aunque continúo con su trabajo, ejerció otro tipo de violencias contra su ex esposa como la psicológica y emocional, también se insolventó en sus propiedades para pagar lo mínimo de pensión y dejar sin casa a su hijo.
Tras la agresión, en Iván quedaron secuelas emocionales, psicológicas y físicas, en los dos colegios donde estudió el menor se dieron cuenta de los cambios de comportamiento. Parte de los retrasos en la debida diligencia se debió a que, durante al menos un año la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) determinó que el menor aún no era apto para declarar.
Como medidas cautelares se le ordenó a Alberto P.R. no salir del Estado, presentarse periódicamente ante el Centro Estatal De Medidas Cautelares, tiene prohibido acercarse al domicilio de la víctima y de la denunciante hasta 300 metros. Deberá cumplir con lo establecido mientras se lleve a cabo el proceso del cierre de investigación.
**El nombre real del menor y la madre son de identidad reservada para cuidar del debido proceso.
esc