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Multarían con más de 500 pesos a quien no vote en Hidalgo

Los hidalguenses tendrían la obligación votar en caso de que se apruebe la iniciativa en el Congreso local

Escrito en HIDALGO el

Los hidalguenses que no voten en los procesos electorales podrían ser acreedores a una multa de 513.40 pesos u ocho horas de trabajo comunitario de aprobarse la iniciativa para la obligatoriedad del voto en la entidad. 

La diputada del grupo legislativo de Morena, Roxana Montealegre Salvador, presentó este martes una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el inciso B de la fracción II del artículo 6 del Código Electoral del Estado de Hidalgo y así establecer la obligatoriedad del sufragio, con la intensión de ”reducir el abstencionismo electoral”. 

Por lo anterior, los hidalguenses tendrían la obligación votar en la casilla correspondiente a su domicilio, salvo causa de fuerza mayor que deberá ser justificada ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). De lo contrario, los ciudadanos que no acaten la normatividad se harían acreedores a una multa de cinco días de salario mínimo (102.36 pesos diarios) que deberán pagar en la tesorería municipal correspondiente o cumplir con ocho horas de trabajo comunitario. 

El IEEH sería la autoridad encargada de ejecutar la pena a través de un procedimiento sancionador verificando los listados nominales utilizados durante la jornada electoral en un plazo de seis meses a partir del día de los comicios. 

Durante la exposición de motivos, la legisladora por el distrito de Villas del Álamo señaló que en artículo 36 constitucional se establece la obligatoriedad de votar en las elecciones.

Indicó que los “altos índices” de abstencionismo electoral afectan la calidad de la democracia y consideró que “de nada sirven los altísimos presupuestos públicos” destinados para la organización de elecciones si los ciudadanos deciden “no cumplir con sus obligaciones”, refiriéndose al voto. 

Por lo que propuso generar este mecanismo jurídico para “garantizar” la obligación ciudadana de acudir a las urnas a votar, a excepción de “aquellos casos que la propia ley considere de fuerza mayor”, sin especificar los casos. 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo, y de aprobarse entraría en vigor al día siguiente de su publicación.


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