Mujeres migrantes, carne de cañón de policías estatales y municipales

Mujeres migrantes, carne de cañón de policías estatales y municipales

Mujeres que salen de Centroamérica en busca de una mejor vida tienen que ingerir la pastilla anticonceptiva porque están conscientes de que las pueden violar

ESTADOS
  • CHRISTIAN GONZÁLEZ/CORRESPONSAL
  • 16/05/2021
  • 08:35 p.m. hrs
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TUXTLA GUTIÉRREZ.- Amnistía Internacional (AI) tiene reportes que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante su traslado hacia Estados Unidos. En este caminar, al menos en México, los principales responsables de este tipo de agresiones son elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, migratorias, de la Guardia Nacional o de la misma milicia, pero más de las locales.

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De acuerdo con un reporte de la organización Human Rights First, de un total de 521 delitos cometidos en contra de migrantes, entre 2019 y 2020 (agresiones sexuales, extorsiones y secuestros, entre otros) uniformados de esas corporaciones estuvieron implicados en más de medio centenar de los casos.

En una encuesta realizada entre 2018 y 2019, la agrupación Médicos Sin Fronteras refleja que, en sus atenciones en puntos como Chiapas y Tabasco, donde comienza la ruta migratoria en el sur del país, al menos el 22.5 por ciento de sus pacientes, mujeres migrantes, advirtió que fueron acosadas sexualmente; casi el 13% dijo que sostuvo relaciones sexuales sin su consentimiento y alrededor del 10% fue forzada a sostener ese tipo de actos a cambio de algún favor.

Foto Cuartoscuro

KARINA, VEJADA POR POLICÍAS ESTATALES

No obstante, el silencio ante esta clase de vejaciones, es más cotidiano de lo que parece. Karina (nombre ficticio para proteger la identidad de la persona) huyó de su natal El Salvador hace aproximadamente un mes, luego de que se enterara, a través de su pequeña hija, que su esposo era uno de los líderes del Barrio 18 Revolucionarios.

La mujer, de 32 años de edad, tenía un negocio y la situación marchaba bien hasta que, un día le hablaron por teléfono para extorsionarla: tenía que pagar derecho de piso para poder trabajar y seguir con vida. Quien le habló era gente de su marido, quien -de igual forma- meses antes de eso planeó un autosecuestro para sacarle dinero.

Foto Christian González

Sin embargo, la tragedia no acabó ahí: su niña de seis años fue testigo de crímenes y otras fechorías y abusos que cometía él, a nombre de la Mara Salvatrucha, y a espaldas de su cónyuge.

Tras enterarse, sin dudarlo, Karina tomó los documentos que pudo y, con su hija, emprendió un viaje hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la pesadilla apenas iniciaba: en su paso por Tuxtla Gutiérrez, tres elementos de la Policía Estatal la interceptaron por una céntrica calle, y junto a la pequeña, las subieron, a la fuerza, a una patrulla.

En un terreno baldío y frente a su hija, los uniformados abusaron sexualmente de Karina, a quien la despojaron de todas sus pertenencias, incluidos papeles importantes, como actas de nacimiento y sus Documentos Únicos de Identidad (DUI).

Como el miedo la corroía, Karina, quien solo se quedó unos días en la capital para sanar los golpes físicos (moretones en varias partes de su cuerpo), decidió no denunciar ese hecho, pues en EU ya las espera una persona y no quería perder más tiempo.

“Los policías me amenazaron, me dijeron que si me hallaban en la calle me pasaría lo mismo”, comenta la mujer, cuyo rostro aún presenta la marca de uno de los golpes que le propinaron durante esa agresión.

A MERCED DE LAS AUTORIDADES

En entrevista con La Silla Rota, Yaneth Gil Ardón, presidenta de la asociación civil “Una Ayuda para ti, Mujer Migrante”, advierte que instancias oficiales, como el Instituto Nacional de Migración (INM), han condicionado los trámites a cambio de sexo y otras vejaciones.

De acuerdo con su testimonio, las vejaciones de ese tipo se han registrado de forma histórica. Es decir, de cada 20 mujeres migrantes, calcula, entre una o dos han sufrido violencia sexual en su paso por Chiapas en el último año.

Aunque podemos decir que, durante la pandemia, han bajado un poco, aunque creemos que esto ocurre porque los trámites ante la Comar, por ejemplo, son más lentos y la gente se desanima y prefiere esperar en sus países


Lo que más le preocupa, reconoce, es que ahora la Policía estatal sea una de las instancias que más abusos comete en contra de las migrantes. “Cuando vienen al albergue que tenemos, eso nos dicen, que les roban todo, que las golpean y las violan”.

FEMINISMO Y ACTIVISMO EN SU AUXILIO

Gil Ardón cree que, de alguna forma, el feminismo ha ayudado a que se cometan menos abusos en contra de las migrantes, quienes se sienten más seguras y más libres de expresar lo que viven, pese a su condición de vulnerabilidad.

Lo malo, agrega, es que cuando son víctimas de un abuso de esa índole, las consume el miedo y no desean acudir ante el Ministerio Público para denunciar su caso, “y las que sí lo hacen, pues no sucede nada, no se hace justicia”.

Con base en la organización Incidencia a Favor de los Derechos Humanos en México (WOLA, por sus siglas en inglés), en 2017, de poco más de 5,800 delitos cometidos en contra de migrantes en entidades como Chiapas, Tabasco, Coahuila y Oaxaca, entre otras, reinó la impunidad, pues solo hubo sentencias para casi 50 casos, es decir apenas el 1 por ciento.

Ante este panorama negativo, asevera Gil Ardón, las mujeres que salen de los países de Centroamérica en busca de una mejor vida tienen que ingerir la pastilla bautizada como “AntiMéxico” (anticonceptivo) para evitar un embarazo porque están conscientes de que las pueden violar.

Lo que en la actualidad se ha agudizado y ha provocado el éxodo de más salvadoreñas, reconoce, es que pandillas de los barrios 13 y 18 de Honduras se han insertado en las zonas rurales de El Salvador.

LA TRATA, SOBRE ELLAS

Aunque no posee cifras exactas, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Frontera Sur, con sede en el municipio Frontera Comalapa, en la región fronteriza de Chiapas, advierte que la mayoría de mujeres migrantes que se quedan de forma temporal, a esperar un trámite en esta zona, son captadas por las redes de trata.

René Sop, encargado del área de Análisis e Investigación sobre las Dinámicas Migratorias del SJM, detalla que este fenómeno se registra no solo en Frontera Comalapa, sino en Chicomuselo, Comitán e, incluso, San Cristóbal de Las Casas, donde son presa fácil de la trata de personas para que laboren en bares, cantinas y otros establecimientos de ese tipo.

Aclara que es complicado saber todos los casos de abuso sexual en contra de ellas, pues difícilmente lo expresan, “pero leemos entre líneas lo que ocurre; y deducimos que la mayor parte de quienes trabajan en bares y cantinas, son víctimas de abusos físicos de quienes contratan sus servicios”.

Recuerda que a finales del año pasado atendieron el caso de una mujer que fue agredida física y sexualmente por su patrón y por el cliente que la contrató, “por eso creemos que esto es algo común lo que se da en esos lugares”.

Lo que también han palpado, comenta, es que los abusos o extorsiones no solo en detrimento de las mujeres, sino contra toda la migración, ha aumentado en la frontera sur, sobre todo por parte de policías o elementos de Migración.

Para el Servicio Jesuita a Migrantes Frontera Sur, sin duda la época de pandemia fue peor para las mujeres migrantes, pues ante el cierre de los negocios donde laboraban, no les quedó de otra que ofrecer sus servicios sexuales en sitios no adecuados como: bodegas o hasta en lotes baldíos.

“Esto ocurrió porque se desesperaron, no sabían cómo pagar la renta, la comida”, evidencia Sop, quien lamenta que se diera esta precariedad y pusiera en mayor riesgo a esa población.

LLAMADOS A NO VIOLAR DH

El pasado 23 de marzo y ante el anuncio del INM de la implementación de un “operativo de rescate humanitario” en la frontera sur del país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a autoridades federales y de Chiapas a respetar los derechos humanos de personas migrantes.

En sí, se dirigió al INM, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y a las autoridades de seguridad pública estatal y municipales de Chiapas, para evitar hechos violatorios de derechos humanos de las personas en contexto de migración, especialmente de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Mientras que el pasado 4 de mayo, la misma CNDH solicitó al INM, a la GN y a la alcaldesa interina de Suchiate, proteger a defensores de DDHH y personas migrantes en Ciudad Hidalgo, Chiapas. De hecho, emitió medidas cautelares ante el hostigamiento que han sufrido por parte de autoridades migratorias en el puente fronterizo “Rodolfo Robles”.

EL PANOMARA QUE LAS OBLIGA A DEJAR SUS PAÍSES

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en la región centroamericana, una de cada tres mujeres sufre de algún tipo de violencia física o sicológica y 16% han sido víctimas de violencia sexual alguna vez en su vida.

De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hace referencia al acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, en El Salvador las niñas de entre 12 y 18 años son la población más afectada por violencia sexual, seguida de las mujeres de 18 a 25 años.

En el caso de Guatemala, del total de mujeres que acuden a las instancias de justicia, 68% lo hacen por violencia intrafamiliar; de éstas, 16% es por lesiones graves y 9% por violación sexual; y se registran casi 600 casos de feminicidio al año, de los cuales, 17% son de mujeres menores de 18 años.

 

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