COAHUILA.- Aquel 4 de junio de 2021, siete trabajadores murieron cuando una barrera no soportó la presión del agua y con toda su fuerza corrió por túneles dejando a trabajadores atrapados en la mina Micarán, municipio de Múzquiz, Coahuila.
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Con frecuencia, cuando Chinaco salía de su casa en el ejido La Mota, a trabajar en la mina, le decía a su mujer y a sus cuatro hijos, “me voy, pero no sé si vuelva… Ai les encargo a papá”, narra un reportaje de Vanguardia.
Esta vez la cosa era diferente: había llovido los últimos días de manera tempestuosa y la mina tenía agua. Se corría el riesgo de que hubiera una inundación repentina dentro del yacimiento de carbón que pusiera en peligro la vida de Chinaco y de los otros mineros. Pero si Chinaco no entraba a la veta a trabajar no recibiría sueldo.
Cerca del mediodía del ese día, mientras Chinaco tumbaba carbón con otros seis de sus compañeros debajo de la mina de arrastre Micarán, situada en Mineral de Rancherías, la muerte llegó en forma de un golpe de agua que los sepultó a todos. Los siete mineros fallecieron ahogados.
En Coahuila hay mil 324 concesiones mineras de todo tipo.
En el fondo de la tierra de la Región Carbonífera todo es como un queso gruyer. Así lo describe Diego Martínez Carrillo, maestro y doctor en ingeniería metalúrgica.
En la mina de arrastre de Micarán existía un dique, bordo, barrera o resistencia que impedía que el agua del tajo se escapara, pero en otra mina que queda abajito del tajo otros carboneros rascaron el bordo para sacar mineral.
Como el dique quedó muy endeble, el agua del barranco comenzó a filtrarse.
Al no soportar la presión del agua, la barrera se reventó y el agua se desbordó del tajo con toda su fuerza y corrió por túneles subterráneos hasta que llegó a la mina donde Chinaco y sus seis compañeros comenzaban su jornada.
Y ahí la corriente los alcanzó.
Los carboneros que se encontraban niveles más arriba en la cueva diagonal lograron salvarse.
Martínez Carrillo considera que era difícil prevenir. No opina lo mismo Guillermo Iglesias López, ingeniero minero metalurgista. Él explica que una buena infraestructura debe contar con vigas gruesas que refuercen bien el área para que no haya ningún derrumbe por explosión o agua. Añade que, si le ponen parrillas o refuerzo con madera, no humedece y no se desprende la tierra porque se logran sellar las fuentes de acceso. Agrega que los anchos de las entradas no eran los correctos. Eran muy pequeños.
Asegura que en el accidente de Múzquiz faltó observación de quienes tienen la obligación de conocer de esas obras mineras, como el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Ahí anduve en esas minas. No son minas, son pozos, no verticales, pero al fin pozos”, dijo Juan Manuel Maciel Mendoza, uno de los pocos mineros viejos que ya quedan en Rancherías. Juan Manuel es uno de los tantos y tantos huérfanos que las minas han dejado en esta Región Carbonífera.
Después de la tragedia de Pasta de Conchos, en la que murieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, al menos otros 122 mineros en Coahuila encontraron la muerte mientras trabajaban, según estadísticas de la STPS entregadas a través de una solicitud de información (97 fallecimientos en la industria extractiva de Coahuila, datos distintos del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2007 al 2020).
La Organización Familia Pasta de Conchos tiene registros de 119 mineros que murieron después de Pasta de Conchos tan solo en la Región Carbonífera.
El padre de Juan Manuel murió en la mina La Paloma, de Palaú, cuando él era un recién nacido.
¿INSPECCIONES SIN CASTIGO?
El número de mineros fallecidos pudo ser mayor. A “Davisín”, el hermano de Chinaco, estuvo a punto de tragárselo el agua el 4 de junio. Cuando Davisín miró que su hermano se hundía, quiso ir por él, pero Chinaco le hizo señas de que se fuera, así se lo contó a la familia.
‘Yo quería haber traído un mecate pa´verle aventao a Chinaco, que se amarrara y traérmelo’”, cuenta don David Rodríguez Hernández, el papá de Chinaco.
#ÚLTIMAHORA #COAHUILA #ESCOBEDO | Cuatro mineros fueron rescatados de un talud donde habían quedado atrapados momentos antes, al registrarse un derrumbe dentro de la mina de carbón donde laborabal. (Información en desarrollo) Fotos: CORTESÍA pic.twitter.com/yW3oi2qvYf— Vanguardia (@vanguardiamx) September 8, 2021
la veta, y de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la inspección y regulación de estos lugares.
Según la STPS, en respuesta a una solicitud de información, previo al accidente realizó cuatro inspecciones a la mina MICARAN, S.A de C.V.; una el 10 de octubre de 2020, otra, nueve días después. Una tercera inspección se realizó el 5 de noviembre y una cuarta el 17 de marzo de 2021. En ninguna se encontraron razones para sancionar a la mina.
De acuerdo con otra solicitud de información (folio 0001400136921), la STPS reconoce que algunas inspecciones se llevan a cabo en minas que no tienen registro, por tratarse de minas de “nueva creación”, las cuales son detectadas hasta que se practica un censo.
La respuesta de la STPS de alguna forma excusa a las empresas, pues asegura que “actualmente no existe ordenamiento jurídico que señale la obligación de los patrones a registrar ante la Secretaría el inicio de sus operaciones”. Iniciar operaciones en una mina de carbón es como abrir una papelería.
Esa falta de control y vacío jurídico son, quizás, dos de las causas de que, desde la tragedia en Pasta de Conchos en 2006, cada año, invariablemente, la zona se cubra de dolor por algún accidente en minas de carbón.
Pese a ese historial poco honroso, el 10 de junio pasado el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme Solís acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a su director Manuel Bartlett de “responsabilidad moral” por la muerte de los siete mineros de Rancherías.
El gobernador argumentó que, con los ajustes y reducciones en los precios de compra de carbón, los productores destinaron menos recursos a temas de seguridad, como si antes no se hubieran presentado más de 60 accidentes fatales en los últimos 15 años, un promedio de cuatro cada año desde Pasta de Conchos.
Los productores creen que no solo es el bajo precio, como dijo el gobernador, sino también, y sobre todo, el diseño del contrato con la paraestatal lo que los tiene colapsados.
Eduardo Aguirre Jiménez, presidente de la Unión de Auténticos Mineros en Sabinas, refiere que anteriormente se pagaba en mil 300 pesos la tonelada de carbón como precio base. Ahora, la CFE compra en mil 50 pesos la tonelada.
Dice que antes quedaba utilidad y se le invertía en seguridad, pero ya no es posible por el reducido margen de ganancias que queda.
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