Michoacán: la narcoguerra de casi dos décadas

Michoacán: la narcoguerra de casi dos décadas

La guerra en la entidad surgió en 2002, durante el mandato de Lázaro Cárdenas Batel, hoy coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador

ESTADOS
  • JUAN MANUEL GONZÁLEZ / CORRESPONSAL
  • 05/01/2021
  • 09:33 p.m. hrs
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MORELIA.- En los últimos 19 años Michoacán ha tenido seis gobernadores, etapa en la que la violencia en materia de homicidios dolosos se disparó de manera exponencial y los grupos criminales cada vez son más cruentos a la hora de asesinar a sus víctimas.

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La barbarie en la entidad surgió en 2002, durante el mandato de Lázaro Cárdenas Batel, hoy coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los Zetas iniciaron operaciones a dos meses de que el perredista Cárdenas Batel rindiera protesta como mandatario, el 14 de febrero de 2002.

Fotos Cuartoscuro

La plaza (Michoacán) fue abierta a ese Cártel e inició la guerra con El Cártel del Milenio, liderado por los hermanos Valencia, quienes operaban para el Cártel de Sinaloa.

Apenas dos años después, el Cártel de La Familia Michoacana hizo pública su conformación en la entidad, resultado de la división del Cártel del Milenio.

Eso dejó varios hechos violentos en este estado del centro del país, entre ellos, el asesinato a tiros entre grupos antagónicos del crimen organizado.

La corrupción en ese sexenio también permitió que el 5 de enero de 2004, un grupo armado irrumpiera en el penal de Apatzingán y liberara a cinco integrantes de Los Zetas.

Casi dos meses después fue capturado el director del penal y un número importante de custodios que participaron en  la fuga de los presos de alta peligrosidad.

LAS MASACRES

La madrugada del 6 de septiembre de 2006, cinco cabezas humanas rodaron en la pista de baile de un centro nocturno de la ciudad de Uruapan.

Cerca de 20 sujetos irrumpieron en el bar “Sol y Sombra”, lanzaron disparos al techo y amenazaron a las bailarinas, al personal del lugar y a los clientes.

Después, vaciaron las bolsas negras de plástico con las extremidades y una cartulina con un mensaje: “La familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, se muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es Justicia Divina”. La policía llegó una hora después.

El gobernador canceló esos días su asistencia a los eventos públicos, pero el entonces secretario de Gobierno, Enrique Bautista, calificó esos hechos como actos de barbarie.

La noticia de los decapitados dio vuelta al mundo como un referente de extrema violencia, pero no fue el primer hecho criminal de esa índole.

Tres días después de los hechos en este centro nocturno, ubicado sobre el libramiento oriente, una mujer fue decapitada en otro municipio.

La víctima, conocida como “La Jefa” -tratante de mujeres y narcomenudista-, fue asesinada, decapitada y abierta desde el pecho hasta el vientre. Estaba embarazada.

El cuerpo fue abandonado en el puente de Jicalán, a la altura de la colonia delicias, en ese municipio ubicado a 110 kilómetros de la capital michoacana.

Las investigaciones señalaron que la mujer fue asesinada por invadir, con su droga, zonas de distribución del grupo criminal contrario.

Las autoridades ministeriales de ese entonces explicaron que ahí inició todo, ya que la mujer era pareja sentimental del líder de LFM, Carlos Rosales Mendoza “El Tísico”.

La Familia Michoacana responsabilizó del asesinato a sicarios al servicio del Cartel del Milenio y/o Cartel de Los Valencia.

Ese homicidio marcó el inicio de la crueldad y la violencia con la que se declararon y disputaron la guerra los dos grupos del crimen organizado con presencia en la entidad.

La guerra fue entre los carteles encabezados por Armando Valencia y Carlos Rosales (ambos detenidos por narcotráfico, pero que aún operaban con sus brazos armados).

El mes anterior ya habían sido asesinadas 88 personas en el estado, de las cuales, cuatro fueron decapitadas y cinco más desmembradas.

Las 79 restantes fueron muertas a tiros y la entonces Procuraduría de Michoacán  le atribuyó los homicidios a ese narcoantagonismo.

Eso confirmó que ya desde antes la violencia se había apoderado de Michoacán a gran escala, resultado de la ruptura de Valencia y Rosales, al interior del Cartel del Golfo.

Armando Valencia y su familia huyeron de Michoacán, respaldado y protegido por el Cartel de Sinaloa –como hasta ahora-; después fue detenido por la federación.

Sus tentáculos criminales permitieron que Valencia iniciara desde la cárcel el Cartel de Guadalajara, convertido después, por fracturas internas, en el Jalisco Nueva Generación.

Carlos Rosales también fue capturado por el gobierno federal, pero La Familia Michoacana siguió su guerra con José de Jesús “El Chango Méndez”, al frente de la organización criminal.

EL GODOYATO

Leonel Godoy Rangel rindió protesta como gobernador de Michoacán el 14 de febrero de 2008 y la situación de inseguridad era más aguda.

Godoy Rangel apenas llevaba siete meses en el cargo cuando se perpetró, frente a él y en pleno grito de independencia, el primer atentado terrorista en la historia del país.

Ese atentado dejó 13 personas muertas y más de 100 lesionadas cuando sujetos hicieron estallar dos granadas de fragmentación en dos puntos del centro de Morelia.

La ola de violencia cada día incrementaba, pero Leonel Godoy siempre dijo en sus discursos que se trataba de hechos aislados y que había entidades con más asesinatos.

En su mandato surgió un grupo llamado “antizetas”, que no eran más que células que confrontaron al brazo armado del Cártel del Golfo en diferentes municipios.

La animadversión entre el presidente de la República en turno, Felipe Calderón Hinojosa (también michoacano), y Godoy Rangel hizo más violenta a esta entidad.

Michoacán, de hecho, fue el laboratorio donde Calderón Hinojosa inició su lucha contra el narco; estrategia fallida que dejó más asesinatos y masacres en el estado.

Julio César Godoy Toscano, hermano del gobernador, fue evidenciado por la justicia mexicana como integrante del narco y escondido por varias semanas.

Godoy Toscano logró ganar aun así una diputación federal e ingresó a San Lázaro para rendir protesta y conseguir el fuero.

Ese 23 de septiembre de 2010, Julio César Godoy ingresó a la Cámara de Diputados escondido en la cajuela de un vehículo, ayudado por sus compañeros de bancada.

En ese entonces, el ya coordinador de la bancada perredista, Víctor Manuel Báez Ceja, salió a la defensa pública de Godoy, quien cuenta con una orden de aprehensión por sus vínculos con La Familia Michoacana. Víctor Báez, hoy alcalde de Pátzcuaro, busca ser el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán.

Empero, esos grupos que desterraron a Los Zetas, ya casi a finales de esa administración godoyista, se conformaron como el Cartel de Los Caballeros Templarios en 2011.

El evidente el fracaso de la guerra fallida del presidente Felipe Calderón Hinojosa para combatir al narco, iniciada en 2006, hizo que la violencia en el estado de Michoacán se descontrolara todavía más. Ya era imparable.

Más allá de reducir los ataques a las poblaciones, a las autoridades (municipales, estatales y federales), las células criminales michoacanas se reagruparon y tomaron mayor fuerza.

INICIA OTRA ERA DEL NARCO

En mayo de 2011, la noticia que dio vuelta al mundo fue la del anuncio de Los Caballeros Templarios como nuevo cártel dominante en Michoacán.

Esa organización criminal fue encabezada por Nazario Moreno González “El Chayo”, Enrique “Kike” Plancarte Solís, Dionisio Loya Plancarte “El Tío” y Servando GómezLa Tuta”, entre otros.

Los Caballeros Templarios fueron uno de los cárteles (doctrinarios) que dominaron gran parte del territorio michoacano por cerca de tres años a partir de su surgimiento.

El secuestro, la extorsión, cobro de piso, el control sobre el Puerto de Lázaro Cárdenas, del sector minero, del campo y de las corporaciones policiales, fueron algunas de las características que tenían Los Caballeros Templarios.

El homicidio, el abuso de niñas, jóvenes y mujeres adultas, así como el homicidio a policías federales y desaparición de personas, también eran parte de su operación criminal.

El asedio de los templarios a los pueblos michoacanos fue, incluso, con el consentimiento de las autoridades estatales y municipales. Estaban coludidas.

Los Caballeros Templarios ponían candidatos, alcaldes, regidores, directores de Seguridad Pública y demás funcionarios.



También controlaban los procesos electorales sin que alguien los detuviera. Por el contrario, cada vez era mayor su extensión y operatividad.

Así, con ese poderío, se llevó la elección de 2011, en la que ganó la gubernatura el priista Fausto Vallejo Figueroa.

En ese periodo hubo notorios asesinatos múltiples, decapitaciones, torturas y homicidios masivos de elementos de la entonces Policía Federal.

NARCO POLÍTICA

Vallejo Figueroa arrancó su administración entre cuestionadas decisiones; la primera fue la asignación en la Procuraduría del coordinador de la Policía Ministerial.

El sujeto de quien se reserva el nombre por seguridad, había sido impuesto por los Caballeros Templarios en esa posición privilegiada.

En la antesala de su oficina, el humo y olor de incienso, así como una llamativa base, circundaban la expuesta espada distintiva de Los Caballeros Templarios.

Después, al paso de los meses, una serie de videos fueron exhibidos periodistas, alcaldes y alcaldesas, así como funcionarios del gabinete faustista en acuerdos con los líderes criminales de Los Caballeros Templarios.

Entre las figuras públicas que fueron evidenciadas al lado de los capos estuvo Rodrigo Vallejo Mora, hijo del mandatario en turno.

Vallejo Figueroa justificó sus licencias para separarse del cargo con problemas de salud que arrastraba y como gobernador interino, el Congreso del Estado designó al entonces secretario de Gobierno, Jesús Reyna García.

SURGEN ATODEFENSAS

El 24 de febrero de 2014, cansados del asedio criminal de Los Caballeros Templarios, estalló la lucha civil armada, para defender a sus pueblos.

Ese día, surgieron los primeros grupos de autodefensas en el país, levantados en armas en la tenencia Felipe Carrillo Puerto “La Ruana” y en el municipio de Tepalcatepec.

El gobierno estatal en turno tildó a las guardias comunitarias como delincuentes, pero no hacía nada por acabar con la violencia y criminalidad del LCT.

Esa lucha civil armada se extendió a por lo menos 39 municipios y sus comunidades, donde lograron desterrar, abatir en algunos casos y detener a las células delictivas.

EL VIRREY CASTILLO

Después de un año, la lucha civil armada decidió -el 10 de mayo de 2015-, “deponer” las armas, en acuerdo con quien había sido comisionado del gobierno federal en el estado: Alfredo Castillo Cervantes.

Castillo Cervantes fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán.

Con un amplio historial polémico, Alfredo Castillo llegó a Michoacán en enero de 2015 y meses después “legalizó” las armas de las guardias comunitarias.

Los civiles armados fueron llamados fuerza rural y aunque muchos siguieron al frente de la seguridad de sus pueblos, otros más, apostaron al crimen organizado.

En la era del “virreinato”, Alfredo Castillo removió, sin atribuciones legales, a los funcionarios del gabinete de Vallejo, principalmente en materia de seguridad.

Jesús Reyna García fue evidenciado también en videos, en su relación con los líderes criminales de esa organización delictiva, a la llegada de Alfredo Castillo Cervantes.

Jesús Reyna García fue detenido el 04 de abril de 2014, luego de que apareciera en un video con Servando Gómez Martínez “La Tuta.

Desde su llegada y, por la manera en la que actuó, Alfredo Castillo se ganó el mote del “Virrey”. Operó ilegalmente e inició una persecución contra funcionarios michoacanos.

Castillo Cervantes, detuvo a presidentes municipales y funcionarios estatales, principalmente, acusados por delincuencia organizada.

También fueron detenidos ocho presidentes municipales en funciones, acusados por los delitos de extorsión, secuestro, cohecho y delincuencia organizada.

Sin embargo, seis salieron en libertad absolutoria y solamente Dalia Santana Pineda de Huetamo, sigue tras las rejas, por el delito de homicidio doloso.

Salma Karrum Cervantes de Pátzcuaro fue procesada por delincuencia organizada y murió en la cárcel de mujeres del penal “Mil Cumbres”.

De igual manera, exfuncionarios estatales, relacionados al desfalco millonario que, en este momento asciende a más de 33 mil millones de pesos.

Humberto Suárez López, Desiderio Camacho Garibo y Mireya Guzmán Rosas, secretarios de los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, fueron acusados de peculado durante ambas administraciones.

Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, también fue detenido por peculado, encarcelado y días después puesto en libertad bajo caución.

A la lista se suma Ma. Esperanza Hernández Barragán, ex directora de Planeación y Finanzas de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, por simulación de documentos, con una afectación al ahorro de los trabajadores superior a los 6 millones 240 mil pesos.

También fueron procesados por actos de corrupción dentro de su administración, el exalcalde de Zacapu, Alejandro Tejeda López, acusado de Robo Calificado.

Juan Carlos Campos Ponce, exdiputado local y exalcalde de Zitácuaro, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por el Congreso del Estado, luego de que se le comprobara su responsabilidad en los delitos de Nepotismo y Malversación de Recursos Públicos.

Francisco Corza Gallegos, exedil de Vista Hermosa, también fue inhabilitado por tres años, al desviar 9 millones de pesos del erario público;

De igual forma el alcalde de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, relacionado al homicidio calificado de 11 personas ocurrido en agosto del 2016.

El 21 de junio de 2017, el presidente municipal de Jungapeo, Javier Hernández Rivera, fue capturado y procesado por homicidio, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad.

La alcaldesa de Turicato, Michoacán María Gisela Vázquez Alanís fue detenida el 11 de octubre por el delito de homicidio calificado.

Fausto Vallejo Figueroa fue destituido por Alfredo Castillo, quien puso al frente, de facto al rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero como gobernador sustituto.

Jara Guerrero cogobernó el estado junto con la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, del 20 de junio de 2014 al 30 de septiembre del 2015.

En esos 15 meses de Salvador Jara al frente del Poder Ejecutivo, las cifras del SESNSP indican que en Michoacán se dispararon al doble los homicidios.

Los 922 asesinatos representaron un estimado de 61.5 por mes, 15.4 por semana, 2.2 por día o uno cada 10.9 horas.

La estrategia de seguridad tampoco funcionó y a partir de ese momento las cifras se dispararon en Michoacán, entidad con 113 municipios y que, de acuerdo al Censo de Población de INEGI, tiene 4 millones 584 mil 471 habitantes.

SIGUE LA MATA DANDO

Tras ganar las elecciones locales, el perredista Silvano Aureoles Conejo rindió protesta como gobernador constitucional el 1 de octubre del año 2015, periodo que concluirá el 30 de septiembre del 2021.

Tras las elecciones, el gobierno federal declaró extinta la Comisión para la Seguridad y del Desarrollo de Michoacán y con ello la salida de Alfredo Castillo.

En lo que va de este sexenio, la violencia se apoderó nuevamente de las calles, a pesar de que las autodefensas habían logrado que en muchos municipios fuera a la baja.

Después de seis años, las guardias comunitarias decidieron resurgir, porque ahora es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el que tomó el timón del asedio criminal.

En 2019, los embates del CJNG se arreciaron y su guerra con Los Viagras dejó ataques múltiples en diferentes partes de la entidad.

También esa organización criminal, que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, declaró la guerra a los grupos de autodefensas de Tepalcatepec, Los Reyes y Peribán.

En esos municipios, el CJNG intentó irrumpir con ataques armados que fueron repelidos por los pobladores y que le costaron varios sicarios muertos en el camino.

Pero, ahora, esos atentados ya se extendieron a por lo menos 14 municipios, a fuerzas estatales, municipales y federales, así como a la población.

En los primeros días de diciembre, el CJNG aumentó sus ataques.

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, consideró que esa cruenta irrupción, ataques y enfrentamientos, habla de tres mecanismos vinculados.

Explicó que, primero, ha habido un reajuste entre grupos criminales, principalmente los Viagras y las evidentes fracturas al interior del CJNG.

Dijo que esa es una parte de la definición. Otra es, que no hay mucha presencia de fuerzas federales y estatales que están dispersos como para atender este tipo de fenómenos.

El tercer elemento, relató, pudiera ser el inminente inicio del proceso electoral en el país en su conjunto y en Michoacán en específico.

“Está en juego la gubernatura por supuesto, pero sobre todo están en juego las presidencias municipales y la evolución de estos grupos criminales hacia formas más extractivas de operación los hace jugar de manera más abierta. Podría ser una conciliación de esos tres factores”.

¿Consideras que es intencional ésta débil presencia del gobierno federal por el tema electoral?

La Guardia Nacional está pensada para cubrir mucho espacio, mucho alcance, con poca profundidad. No le dan los números para hacer mucha presencia en ningún lado.

Las prioridades despliegue no necesariamente están determinadas por los retos operativos.

¿Auguras que esto apenas empieza?

Esto continúa. Es un problema que ha tenido Michoacán desde hace muchos años.

¿Ves descabellado que estos líderes sociales, alcaldes y grupos de autodefensa que han acusado que “El Mencho” les había mandado un mensaje antes de empezar esta guerra?

Ya no es un joven “El Mencho” que siempre ha estado a cargo, de ahí que quieran regresar vivo a su terruño.

Hope, en su columna publicada el 7 de diciembre en el periódico El Universal, señala que lo ocurrido en las últimas semanas en Michoacán, podrían describir casi cualquier momento de los últimos quince años en ese estado.

“Con la posible excepción de Guerrero, ninguna entidad federativa ha enfrentado un conflicto armado tan largo y complejo en este siglo”.