Mientras el secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, consideró un “hecho aislado” que el médico pasante Luis Alberto N. N. fuera apuñalado por dos hombres encapuchados en el municipio Yahualica y afirmara que no existe peligro en el ejercicio de la medicina en la entidad, personal de la región exige seguridad en sus centros de trabajo.
Aunque no existen datos oficiales sobre el número de agresiones contra personal de salud, en 2015 tres médicos, prestadores de servicio social, fueron amenazados de muerte en la jurisdicción de Jacala y sus testimonios fueron registrados en actas de incidencias y una solicitud de cambio de jurisdicción que recibió la entonces secretaria de Salud Geraldina García Gordillo.
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En esa región también fue localizado el cuerpo, con signos de violencia, de la médica Stephanía R.L., quien había desaparecido la noche del 13 de mayo, cuando se trasladó de Huejutla al municipio de Pisaflores, donde había hecho su residencia profesional. El cadáver, con base en testimonios de los pobladores, fue descubierto un día después por campesinos de la comunidad de San Rafael, en la demarcación vecina de Chapulhuacán, mismos que dieron parte a las autoridades.
“Son hechos muy lamentables, pero aislados. No tenemos un fenómeno como en otros estados”, dijo el secretario de Salud tras ser cuestionado sobre el último incidente por el que el médico Luis Alberto N. estuvo dos días hospitalizado, lo cual movilizó a personal de salud que marchó en Huejutla para demandar garantías en su trabajo.
El funcionario también descartó reforzar la seguridad y colocar policías en los hospitales, además de pedir no generar “miedo” entre los médicos pasantes, residentes e internos.
El 18 de mayo pasado, tras el asesinato de Stephanía R.L., La Silla Rota publicó que con base en los documentos a los que tuvo acceso, con fechas del 24 y 27 de abril de 2015, dos médicos que prestaban servicio social en el Centro de Salud de Pisaflores fueron golpeados la cuarta semana de marzo al intentar defender a una enfermera cuando era agredida por un sujeto.
La relatoría de hechos dice que “por tratar de que su compañera no fuera violentada, ellos resultaron heridos y amenazados que si permanecían en el municipio ‘se atuvieran a las consecuencias’”, motivo por el cual abandonaron la demarcación.
Además, después de ese suceso, el 24 de abril una persona identificada como Miguel Ángel C.P. amenazó de muerte a otro prestador de servicio del Centro de Salud de La Misión, a quien acusó de una supuesta omisión médica. Tras encararlo, realizó detonaciones de arma de fuego afuera de la clínica, ubicada en la cabecera municipal, “sin que intervinieran agentes de seguridad pública”.
Por tal situación, el egresado de una universidad privada de Guadalajara salió de la localidad un día después. En el acta de incidente, anexa a la solicitud de cambio de adscripción que hizo a la entonces secretaria de Salud, constató que el sujeto que lo encaró había llevado a su hijo para una consulta una semana antes, pero que, con aliento alcohólico y de forma violenta, no permitió que terminara la valoración y dijo que lo trasladaría a Jacala, donde está el Hospital Integral, de segundo nivel.
“Mi hijo es su responsabilidad (…) ruegue que nada le pase porque él es un niño que apenas crece y usted es un pendejo. Cuídese, ya le dije”, le advirtió antes de disparar afuera del centro de Salud.
Asimismo, refirió que en La Misión “existía el antecedente del homicidio de una persona, al parecer de profesión docente, que recibió una descarga de 60 tiros a finales de 2015. De acuerdo con la población, el profesor estaba amenazado de muerte”.
Los municipios de Pisaflores, La Misión y Chapulhuacán, ubicados en la sierra hidalguense, corresponden a la jurisdicción 16 de Jacala.
La activista Ana Lara Vargas expuso en ese momento, como aristas en el caso de Stephanía, que los pasantes de medicina son enviados trabajar en comunidades marginadas, sin más recursos que sus saberes.
“Las clínicas están sin equipo ni medicinas (si ni los Hospitales regionales los tienen), pudo ocurrir que no logró salvar a alguien y algún familiar o conocido de ese alguien la asesinó”, planteó.
“A veces los usos y costumbres de las comunidades hacen que consideren violento que una médica (en este caso), trabaje con prevención de embarazos y anticoncepción y las atacan”, señaló Lara, quien aseguró haber conocido casos con esas características en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Ciudad de México.
“Muchas alumnos y alumnas se regresan y deciden esperar un año para concluir sus servicios sociales, porque fueron amenazados”, añadió.
La activista contó el caso de una médica del IPN que estuvo en Veracruz: “la clínica donde prestaba servicio fue baleada; sin embargo, tuvo la suerte de que unas mujeres le avisaron un poco antes y la resguardaron. Eran grupos de la delincuencia organizada”.
El pasado 21 de noviembre, dos personas cubiertas del rostro ingresaron al consultorio del médico Luis Alberto N. en el centro de salud de la localidad de Pepeyocatitla y lo apuñalaron en dos ocasiones.
En una carta abierta, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) –donde estudia el pasante– condenó el ataque y exigió la pronta “y eficaz respuesta de las autoridades competentes para que investiguen los hechos y castiguen a los responsables”.
mvf