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Maricarmen, el feminicidio que quieren vestir de homicidio en Chiapas

Felipe Chamlati, el asesino, está libre desde mayo pasado; aún hay esperanzas de que lo reaprehendan

  • CHRISTIAN GONZÁLEZ/CORRESPONSAL
  • 08/10/2019
  • 20:47 hrs
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Maricarmen, el feminicidio que quieren vestir de homicidio en Chiapas
Felipe Chamlati asesinó a Maricarmen hace tres años y actualmente está en libertad

A base de engaños, la joven Maricarmen Escobar López fue llevada a un terreno baldío en el municipio costeño de Pijijiapan. Ahí, tres sujetos no solo abusaron de ella sexualmente, sino que antes la torturaron hasta provocarle la muerte por estrangulamiento. Su cuerpo, atado de pies y manos, se descompuso y las aves de carroña hicieron lo propio.

De acuerdo con la Alerta contra la Violencia de Género activada en siete municipios de la entidad chiapaneca desde el año 2016, esta escena se calificaría, sin titubear, como un feminicidio; sin embargo, las autoridades hicieron todo lo posible para que se tipificara como un homicidio. A tres años de ese suceso, el criminal goza de libertad desde mayo pretérito.

Aunque está consciente de que aún le quedan pocos recursos legales para obtener justicia verdadera, Juan Antonio Escobar Moreno, padre de la joven víctima, confiesa algo para La Silla Rota: la familia del asesino, la cual huyó de Pijijiapan, vive hoy su propia pesadilla: "¿Qué atormentará a la mamá de ese joven? Será que dice: ´¿Volverá a matar a otra muchacha?´", se cuestiona.

El oscuro proceso legal

Maricarmen Escobar López tenía 16 años cuando la mató su "amigo de infancia", Felipe de Jesús Chamlati Albores, hoy libre por la "venia" de un magistrado estatal, y ratificado por una magistrada del Vigésimo Distrito del Segundo Tribunal de Chiapas.

En principio, el caso "parecía ver la luz" luego del fallo que dictó el juez Octavio Ruiz Pereyra, quien apenas en el 2018 otorgó una sentencia de 36 años y seis meses al criminal; no obstante, luego de un amparo a esta decisión, los magistrados Susana Sánchez González, Martín Rangel Cervantes e Irma Caudillo Peña no valoraron bien las pruebas y dejaron libre al feminicida.

Felipe Chamlati hoy goza de libertad; solo estuvo tres años en prisión

La inconformidad de los papás de Maricarmen aumentó, por lo que piden que se hagan de nueva cuenta los análisis de los hechos; de esta forma, el Segundo Tribunal federal lo entrega de nuevo a los magistrados estatales para que se emitiera otra condena. El Segundo Tribunal da por concluido el caso.

Desamparado porque ya no cuenta con los recursos legales, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo asesora y le demuestra que le violaron los derechos como víctima; y aunque solicitaron una orden de reaprehensión, tampoco los escucharon.

En estos momentos, dice, mantiene una queja ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes manejan el amparo que le corresponde por derecho, "pero el asunto cae otra vez en manos de los mismos magistrados y el mismo Segundo Tribunal, el cual posee el recurso de queja", advierte.

Juan Escobar exige justicia por el feminicidio de su hija

Esperemos que en estos días los magistrados ponentes definan qué hacer, conocen el caso, votaron dos o tres veces, no sé si a favor o en contra, pero espero que ahora sí me escuchen, porque solo oyeron a quien interpuso el amparo, mientras que a las víctimas no nos toman en cuenta


Para don Juan Escobar aún hay esperanzas de que el caso de su hija obtenga justicia, pues cuenta con dos recursos, incluso el de los ministros de la SCJN, y si fuera necesario, con la ayuda de organizaciones, recurriría a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

"Porque sí tengo pruebas, me violaron mis derechos, y estamos seguros de que esa persona fue (la que asesinó a su hija)", ataja el entrevistado.

La Familia

Tiene otros dos hijos, a quienes tuvo que sacar de Pijijiapan para que estudiaran en otra entidad del país, sobre todo por el temor de sufrir alguna represalia por su insistencia en que se haga justicia. En la actualidad vive con su esposa Cristina López.

Hoy, lo que más "le pesa" no solo es el poco tiempo que el feminicida de Maricarmen estuvo en una prisión del municipio vecino de Tonalá, sino desconocer el motivo exacto para que atentaran contra la vida de su hija. "No sabemos por qué lo hizo, si la iban a secuestrar, y si se les pasó la mano... esas dudas nos quedan", refiere.

De pronto, Juan Antonio saca un cigarrillo de la bolsa de su camisa, y rememora que Maricarmen estaba a punto de culminar la preparatoria y su sueño era estudiar Contabilidad: "Era una niña que se llevaba bien con las personas, muy alegre, bromista, pero a la vez enérgica... la conocía todo el pueblo, sabían que era hija de Juan Antonio y Cristina".

Según él, era una joven "que daba la cara" por sus amigos, "en las buenas y en las malas; no hay día que no la recordemos, que no platiquemos de ella", externa.

Avasallado por el complicado proceso legal al que se enfrentan su familia y él para que la impunidad no gane también en su caso, Juan Antonio Escobar advierte que no bajará la guardia, "porque enterramos a nuestros muertos, y con la pena quisiera uno desenterrarlos para ver qué nos faltó, qué más podemos obtener...".

Comisión para atender a familiares de víctimas

Hace unas semanas, diputadas locales instalaron la Comisión para la Atención a Familiares de Víctimas de Feminicidio. La propuesta: brindar el acompañamiento necesario, incluso hasta económico, a quienes perdieron a sus hijas en manos de asesinos.

Tras "darle su voto de confianza", don Juan Antonio advierte que el Congreso chiapaneco, por medio de esa comisión, tendrá que emitir nuevas leyes y modificar lo que en un proceso jurídico causa controversias entre los actores como: jueces, magistrados o ministros.

Para él, es tiempo de hacer valer el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, "porque lo tradicional ya quedó atrás, y si un juez quiere manejarse así, que lo capaciten, porque entorpecen los procesos, y sucede lo que a nosotros...".

Algo que deberán de tomar en cuenta los legisladores, propone, es que mediante la "Alerta Ámber", en 72 horas se emita la orden de localización, es decir que sea aplicada no solo cuando alguien solicite el apoyo ante el Ministerio Público, sino que otras instancias, como las policías o el mismo Ayuntamiento, se dediquen a la búsqueda de una forma automática.  

Otra de las peticiones, refiere, es que en este tipo de situaciones sean especialistas en medicina forense los que se encarguen de los casos, para que no se generen controversias y al final de cuentas se les dé la razón a los criminales.

También expone que es necesario mantener los cadáveres congelados por más tiempo para profundizar en las pesquisas, es decir obtener más pistas o evidencias, "tendríamos tiempo para saber de mejor manera el momento, el cómo de un hecho".