Main logo

Mariano Soto: el polémico comunicador asesinado en Tijuana

Soto Cortez era popular en redes sociales como fundador de la página de Facebook “Tijuana Sin Censura”, en la que publicaba información sobre el narco

Escrito en ESTADOS el

TIJUANA.- Mariano Soto Cortez, el popular y polémico comunicador asesinado en esta ciudad este domingo por la tarde rechazó la custodia policiaca que le ofreció la Fiscalía General Estatal en Baja California (FGE), de acuerdo con el fiscal central, Hiram Sánchez.

También lee: Tijuana no para la fiesta; centros nocturnos operan en clandestinidad

“Se negó, y principalmente diciendo que no confiaba en ninguna institución de seguridad. Negó esa solicitud, y que él después señalaría si quería hacer uso de ese derecho”, comentó.

Eso fue en la primera agresión armada en su contra, ocurrida a inicios de septiembre, aunque en esta ocasión sus verdugos no fallaron: ahora lo dejaron sin vida en el asiento de copiloto de un vehículo tipo sedán con placas nacionales en una colonia al norte de la ciudad.

De acuerdo con la fiscalía, esta investigación apenas inicia y entre los indicios localizados en el sitio del crimen hay seis casquillos calibre 9 mm y dos balas deformadas, pero es una pistola nueva para sus indagatorias.

“No tiene identidad, no tiene correspondencia con ninguna que se haya utilizado en hechos violentos recientes”, dijo Hiram Sánchez a los reporteros que acudieron a una conferencia convocada para tratar otro tema.

Soto Cortez era popular en redes sociales como fundador y administrador de la página de Facebook llamada “Tijuana Sin Censura”, en la que publicaba información explícita sobre la violencia generada por cárteles de la droga en esta frontera, pero también era conocido por las acusaciones de extorsión que lo llevaron ante un juez en 2019.

Una de sus víctimas fue el hoy secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Arturo Pérez Behr, quien logró que fuera sentenciado a cinco años de prisión y a una multa de más de 22 mil pesos porque lo mantuvo bajo amenazas de una campaña de desprestigio en internet.

Además, la sentencia incluyó la prohibición de seguir publicando en redes sociales, pero como beneficio se encontraba en semi libertad: solo tenía que ingresar sábados y domingos a prisión, lo que quedó suspendido a raíz de la pandemia por coronavirus, así que se encontraba libre todos los días.

En el pasado, Mariano Soto también denunció amenazas de policías municipales en su contra, así que solicitó y recibió apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Esto fue ampliamente criticado por un colectivo de reporteros de Baja California, llamado #Yosísoyperiodista, que pidió fuera excluido porque consideraba que protegerlo era desviar los propósitos del protocolo federal.

“No  deben ser desviados para proteger delincuentes (…) es un periodista y no vamos a respaldar que se desproteja a un verdadero comunicador por este tipo de casos”, publicó el grupo el pasado 18 de septiembre en su cuenta de Facebook, días después del primer atentado en contra de Soto Cortez.

De acuerdo con el fiscal Hiram Sánchez, el hoy occiso se negó a recibir cualquier custodia de la policía como se lo ofreció el ministerio público, primero en las instalaciones médicas y después cuando se presentó a conocer los avances del expediente abierto por la agresión en su contra.

Se le entrevistó. Él tomaba una actitud muy extraña. Se fue a un hospital donde se le fijó una custodia; sin embargo, el señor decidió salirse del nosocomio en el que se encontraba. Después no lo podíamos encontrar en el domicilio donde estaba para darle otro tipo de protección

Tras el crimen de este domingo fue publicado en redes sociales un audio en el que Mariano Soto responsabiliza de su seguridad al alcalde de Tijuana y al secretario de la policía municipal, Arturo González y Ayón Monsalve, respectivamente.

Sobre esto, el fiscal central dijo que por ahora no hay ninguna línea de investigación que les permita llamar a alguna persona a declarar por el homicidio.

Para que el ministerio público lleve un acto de molestia a cualquier ciudadano, tiene que tener un elemento incorporado a la carpeta de investigación