Main logo

Lugareños ganan “eterna” lucha: clausuran calera ecocida en Chiapas

A sus más de cuatro décadas de vida y con cerca de 63 hectáreas, la compañía ha afectado de forma severa la flora y fauna del lugar, así como la salud de los habitantes

Escrito en ESTADOS el

CHIAPA DE CORZO.- Aunque transcurrieron cerca de 17 años, por fin cientos de habitantes chiapanecos podrán respirar aire puro, luego de que la Dirección para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), de esta entidad sureña, colocara sellos de clausura definitiva a la empresa “Cales y Morteros del Grijalva SA de CV”, que por casi cinco décadas tuvo “licencia para contaminar a diestra y siniestra”.

Lee también: Accidente en Chiapas deja 11 muertos

Por ello, y ante la recomendación 12/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a instancias como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al mismo gobierno que encabezó Manuel Velasco Coello, esa compañía “ecocida” tendrá que ser reubicada, pues el plazo incluso ya caducó: era el 31 de octubre de este año.

A sus más de cuatro décadas de vida y con cerca de 63 hectáreas a su disposición, la compañía –originalmente propiedad de los empresarios Domingo Muguira y Adrián Marenco; hoy en otras manos- ha afectado de forma severa la flora y fauna, y no solo se aprecia el daño en al menos 30 o 40 hectáreas de la Reserva del Parque Nacional Cañón del Sumidero (un cráter con una profundidad de al menos 30 metros producto de la extracción de material), sino que éste se extiende aún más.

Personal de la Dipris, dependiente de la Secretaría de Salud, coloca sellos de clausura

El impacto de la calera se registraba, de acuerdo con el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Cañón del Sumidero, en al menos 16 colonias aledañas (alrededor de 50 mil personas), no obstante quienes lo resentían aún más son los cerca de mil 500 habitantes de la Ribera Cahuaré, de este municipio de Chiapa de Corzo, sobre todo los niños y ancianos que, día y noche, inhalaban polvo y otras sustancias volátiles.

En agosto de 2016, la misma Semarnat otorgó una licencia de funcionamiento para que siguiera operando. Lo reprobable del acto (según activistas y organizaciones), es que esto se realizó sin tomar en cuenta la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). De hecho, en el 2017 la Procuraduría Ambiental (PA) efectuó una clausura de las operaciones, sin embargo, no pasó a más.

De hecho, según informes, la calera solo cuenta con una licencia de funcionamiento otorgada en 1999 (misma que renovaba cada que la presionaban) y uno más sobre el uso de explosivos que le otorgó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El boquete es impresionante; daño irreversible al Parque Nacional Cañón del Sumidero

El grave daño

Quien llega a la cima (alrededor de 600 metros cuesta arriba) de donde se percibe mejor el daño, la flora y la fauna prácticamente quedaron sepultadas por las “toneladas de cal” que esparce el viento producto de las actividades de la calera. Solo una especie de planta, el agave grijalvis, se niega a morir. 

Además, un pequeño arroyo que atraviesa la zona está seco, y solo en temporadas de lluvia se llena de agua, pero de ahí vuelve a su estado “normal”, pues también fue “sepultado” por “toneladas de polvo blanco”.

Este “gris panorama” fue lo que motivó a los lugareños a movilizarse, e inclusive se acercaron a varias instancias desde el Ayuntamiento chiapacorceño, de Medio Ambiente, Derechos Humanos, entre otras, para frenar la emisión de polvo, humo, olores pestilentes, además de vibraciones y otras actividades que ejecutaba esa empresa las 24 horas del día.

 

Grieta en pared del Cañón del Sumidero, provocado por la calera

Las repercusiones van más allá

Quien ha sufrido “en carne propia” las afectaciones que generaba “Cales y Morteros del Grijalva” es Claribel Pérez Anaya y su hija, mismas que desde hace varios años padecen de problemas respiratorios, al igual que decenas de personas, incluso algunas de ellas ya fallecidas en la Ribera Cahuaré.

Recuerda que desde que nació su pequeña comenzaron los problemas, “a los dos días, cuando ya la trajimos a la casa, comenzó a estornudar, la llevé con un especialista, y la empecé a medicar por una alergia. Hoy tiene nueve años de edad y padece rinitis alérgica”.

“Golpeada” económicamente, lamenta que ella, también dañada de la salud por los polvos que emanaban de la calera, no pueda recibir un tratamiento adecuado para sanarse, “porque no me alcanza, todo lo destino para mi nena, porque es un tratamiento caro”.

Tan grave es el asunto, dice, que hace poco un médico le advirtió que su hija está cada vez peor, e incluso uno de sus tabiques está cerrado. “Me dijo que era provocado por la contaminación del ambiente, y me recomendó que me fuera, pero, ¿a dónde? No tengo más”.

Empero, también “saca la lista” de familiares que fallecieron con enfermedades relacionadas por las emisiones de los polvos, como cáncer gástrico, enfisema pulmonar, entre otros. “Acá hay un niño al que hace poco le detectaron manchas en los pulmones; por eso decimos que es terrible”, agrega.

La clausura

En cuanto a la recomendación de la CNDH, se especifica que se violaba el derecho humano a un ambiente sano, en agravio de forma directa de pobladores de la Ribera Cahuaré.

Además, la Dipris, cuya directora es Margarita Aguilar, ejecutó esta clausura porque no se garantizaba la protección y preservación del Parque Nacional Cañón del Sumidero y sus alrededores.

De hecho desde el 7 de junio pasado, explicó la funcionaria, se emitió una orden de verificación sanitaria dirigida al establecimiento ubicado en carretera Panamericana kilómetro 1096, y para el 2 de agosto, se efectuó la visita de verificación a la empresa calera y de esa forma se aplicó la medida de seguridad consistente en la suspensión total temporal de trabajos y servicios del establecimiento, para efectos de reubicación como lo indica el oficio de dictamen que fue notificado.

Tras colocar cinco sellos oficiales en partes eléctricas y mecánicas del equipo de producción para garantizar la permanencia de la medida de seguridad referente a la suspensión, detalló que la calera tendrá que dejar esa zona y reubicarse en otra, plazo que de hecho se cumplió el 31 de octubre pretérito.

“Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV” fue fundada en 1965, sin embargo, desde 2002 fue denunciada por pobladores afectados ante las autoridades municipales, estatales y federales, explicó Margarita Aguilar.

Sin duda, dijo, se cumple el compromiso del Ejecutivo del estado de garantizar un ambiente sano a los ciudadanos no solo de la Ribera Cahuaré, sino de colonias aledañas que, sin duda, también resultaron con afectaciones por las emisiones de diferentes sustancias por parte de esa calera.