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Los vetos mediáticos de Yunes en Veracruz

Motivado por las críticas, el gobernador prefirió no promulgar algunos dictámenes aprobados por el Congreso local

Escrito en ESTADOS el

Xalapa, Ver.- Durante los dos años de la LXIV Legislatura el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, corrigió la plana a los diputados locales, en su mayoría panistas, al vetar cinco reformas a leyes locales.

El mandatario estatal hizo uso de su derecho de no promulgar las modificaciones legales, como lo marca el artículo 36 de la Constitución, con lo que el trabajo de comisiones se desechó, pues las modificaciones a la ley de Tránsito y Transporte; de Protección Animal; del Instituto de Pensiones, De Entrega-Recepción; y al Código Penal no se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado.

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La Silla Rota presenta una cronología de los vetos de Yunes Linares al trabajo de la Cámara local, la mayoría propuestas por el Partido Acción Nacional (PAN) y una de Morena.

“No leyó” y aplicó veto

En enero del 2017, se aprobó regular el servicio de mototaxi al modificar la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado. Se establecía que una moto prestaría el servicio de transporte en una localidad rural específica y municipio determinado.

Horas después de que se aprobó el cambio de la ley el Gobernador aclaró no estar conforme con dicha medida debido a que -en ese momento- existía un desorden generalizado en el transporte público.

“Adicionalmente hemos detectado que la delincuencia organizada controla parte de este servicio público y lo vimos por ejemplo los días 4, 5 y 6 de enero (2017) con los problemas que hubo de vandalismo en Veracruz que se usaban taxis para cometer actos vandálicos, lo hemos visto en secuestros y asaltos”, argumentó en entrevista radiofónica.

En respuesta, la diputada panista María Josefina Gamboa Torales, autora de la iniciativa, afirmó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares estaba protegiendo a mafias de transportistas.

“Creo que no la ha leído bien, creo que no leyó el transitorio que dice que entra en vigor después de que se regularice el servicio de transporte público”, expuso en entrevista en la sede del poder legislativo y recriminó que el gobernador estaba emitiendo un mal mensaje al no publicar la reforma a la ley 589.

Ante crítica permitió maltrato animal

Para el mes de agosto, previo al proceso electoral, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que no promulgaría la reforma a la Ley de Protección Animal, que permitía vaquilladas y peleas de gallos en el Estado.

Previamente el diputado local panista Daniel Olmos Barradas, presentó una reforma a la ley 876 para revocar las modificaciones, aprobadas ocho meses antes.

Ese proyecto prohibía los circos con animales, las peleas de gallos, novilladas o vaquilladas y en general, cualquier actividad o espectáculo que atentara contra el bienestar animal.

Días después, el 12 de agosto, el mandatario impuso su derecho constitucional, y regresó las reformas para que las analizaran los diputados locales a la luz de ordenamientos jurídicos internacionales, con la opinión de los veracruzanos y las observaciones que realizó.

“Si la violencia se expresa cotidianamente en las diversiones, en las tradiciones, esa violencia, de alguna manera permea también en la conciencia social y se vuelve una práctica razonable”, argumentó en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

Durante el análisis y aprobación de las modificaciones galleros y defensores de derechos humanos se manifestaron en el Congreso local.

La ley del IPE tampoco verá la luz

El 27 de julio, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma a la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que obligaba al gobierno, entre otras cosas, a cubrir el pago del déficit de pensiones y jubilaciones, que para este año ascendió a los 2 mil 500 millones de pesos.

La iniciativa la presentó la diputada Daniela Griego de Morena y la redactó con apoyo de sindicatos que ahí cotizan.

"El Gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación (...). El presupuesto asignado al Instituto no podrá ser menor a la cantidad otorgada en el ejercicio que le precedió, de haberse presentado este supuesto”.

Antes de que se votara la reforma Yunes Linares anunció que no se publicaría en la Gaceta Oficial del Estado y fue el jueves 27 de septiembre 2018, cuando remitió al Congreso las observaciones a la ley del IPE.

El mandatario panista argumentó que aplicó el veto porque la ley ‘‘pondría en grave riesgo el pago a pensionados y jubilados, las finanzas de esa institución y las del propio gobierno del Estado’’.

De aplicarse la reforma, la administración estatal tendría que entregar al IPE más de 17 mil millones de pesos, y la siguiente administración (que encabezará Cuitláhuac García), tendría que entregar más de 2 mil millones adicionales a los 2 mil 400 que ya se entregan.

Dijo no a los cambios de ley de entrega-recepción

El 27 de septiembre se dio entrada a las observaciones a las reformas a la ley de Entrega-Recepción del Estado. Se trató del dictamen número 333, que presentó la diputada local Mariana Dunyaska Rojas.

La propuesta tenía por objeto regular el proceso y establecer los criterios que regirán la entrega-recepción de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos a cargo de los servidores públicos del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos, ya sea por conclusión del periodo constitucional o mandato legal, o bien por separación del cargo.

Se establecía el procedimiento de preparación de la entrega y recepción del Poder Ejecutivo y por último las obligaciones y sanciones a los servidores públicos que incumplan en la ley.

Dentro de los Sujetos y Órganos obligados se enlistó al Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores y todos aquellos que tienen la titularidad de las dependencias, entidades y órganos que integran la administración Pública Estatal y Municipal.

Así como sus subordinados con nivel de subsecretario, director general, director de área, subdirector, jefe de unidad departamental y los servidores públicos que ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles homólogos o equivalentes a los referidos.

Tampoco aprobó la Ley Antimeme

El 29 de septiembre, los diputados de Veracruz, incluidos los de Morena y también del PRI y PAN-PRD, aprobaron una reforma legal que tipificaba el “acoso cibernético” como un delito.

La ley dejaba abierta la posibilidad de criminalizar los llamados “memes” —críticas humorísticas a personajes públicos—, y hacer posible a los políticos victimizarse por ser objeto del escrutinio o escarnio público en las redes sociales.

La propuesta del perredista José Kirsch Sánchez, establecía sanciones de seis meses a dos años de prisión y hasta 100 días de trabajos forzados.

Días después, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció el veto al Código Penal, que establece sanciones al Acoso Cibernético, lo consideró inconstitucional por violentar la libertad de expresión de los veracruzanos.

“Este Gobierno se ha caracterizado por el respeto pleno a la libertad de pensamiento y de expresión, por lo que ha actuado y actuará en favor de fomentar la libre manifestación de las ideas de los ciudadanos, y siempre en contra de la censura”, explicó.

Todas las observaciones las resguardó la Secretaría General del Congreso, por lo que no se analizaron en comisiones o de parte de los diputados que las presentaron, para conocer el motivo del rechazo de Yunes Linares.

mvf