Tras el asesinato de la periodista Miroslava Breach el pasado 23 de marzo, LA SILLA ROTA considera importante dar a conocer sus últimos textos publicados en el diario La Jornada. A continuación los ofrecemos con liga a los originales.
La FGE liga al menos a 10 directores de la SSP con grupos criminales
Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua
Suspenden a 1,200 policías para capacitarlos; estatales asumen la seguridad
Miroslava Breach Velducea Corresponsal Periódico La Jornada
Lunes 20 de febrero de 2017, p. 31
Chihuahua, Chih. Por amenazas o complicidad, los cabecillas del narcotráfico en distintas regiones del estado, principalmente las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron directores de seguridad pública, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas como obras públicas, según un diagnóstico realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) e inteligencia militar.
Ambas instancias vincularon a 10 directores de seguridad pública con el crimen organizado en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos.
Ante la situación, la FGE sustituyó temporalmente a las policías municipales, para que sean capacitados y sometidos a pruebas de control de confianza, en tanto la seguridad fue asumida por más de 300 elementos de la policía estatal, desplazados este domingo a municipios como Madera, Gómez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Temósachic.
En una primera etapa, más de mil 200 agentes municipales serán sometidos a procesos de evaluación y confianza, así como a cursos de actualización, para cumplir con la certificación que solicita la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó Óscar Avendaño Aparicio, director de la Policía Única Estatal (PEU).
El área donde se debe sustituir a las policías municipales se decidió por la incidencia de delitos relacionados con el crimen organizado, indicó el titular de la PEU. Explicó que se busca regionalizar a las policías, que por falta de profesionalización y confianza no han podido hacer su trabajo correctamente.
Aparicio Avendaño indicó que el acuartelamiento de tres meses consistirá en aplicar exámenes, luego de tomar un curso de capacitación, con actividades alineadas a las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las cuales incumplen la mayoría de los municipios en Chihuahua. Adelantó que quienes reprueben los exámenes de confianza no podrán pertenecer a corporación alguna.
Según la FGE, de los 67 directores de seguridad pública municipal de Chihuahua –sólo Juárez tiene la dependencia a nivel de secretaría– 90 por ciento ya realizaron pruebas de confianza, y los resultados los tiene el Centro Estatal de Control de Confianza. Según datos no oficiales, la mayoría reprobaron.
Esencial, presencia de militares
Ayer, ante mandos castrenses en las zonas militares 5 y 42, durante la celebración del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el gobernador Javier Corral Jurado reconoció que en la entidad aún es imprescindible la presencia de militares en labores de seguridad mientras en los ámbitos municipal, estatal y federal no haya resultados en términos de control de confianza de las corporaciones, muchas absolutamente contaminadas por la delincuencia organizada, señaló.
Corral Jurado se pronunció por la aprobación de un marco jurídico, con el mayor consenso social, de manera clara, transparente, sin estados de excepción, que defina en qué territorios y en qué tiempos debe actuar el Ejército en labores de seguridad.
El gobernador destacó que mientras se cuente con apoyo militar, las autoridades civiles deben actuar con firmeza para depurar y fortalecer los cuerpos policiacos, de modo que puedan asumir en su totalidad las tareas en las que el Ejército ha debido intervenir.
En agosto pasado, durante la entrega-recepción del gobierno estatal y de los 67 municipios, Corral Jurado solicitó a los alcaldes entrantes consensuar con el estado los nombramientos de los jefes de policía, proponiendo ternas que el Congreso local analizaría. Ningún edil accedió a la propuesta, sólo la presidenta municipal de la capital, la panista María Eugenia Campos, pidió apoyo al Sistema Nacional de Seguridad para nombrar a su actual director de la policía, Gilberto Loya, quien fue secretario técnico del organismo federal.
Los 66 alcaldes restantes, incluido el de Ciudad Juárez, Armando Cabada, decidieron por su cuenta. Cabada designó inicialmente al ex fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, a quien la administración estatal cuestionó por sus vínculos con el ex gobernador César Duarte.
González Nicolás renunció en diciembre pasado y quedó encargado del despacho Sergio Almaraz Ortiz, también cuestionado por la autoridad estatal, quien le abrió una carpeta de investigación por presunta obstrucción de la procuración de justicia y ejercicio indebido de la función pública. En corrillos se aseguró que reprobó exámenes de evaluación y control de confianza que le aplicó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Ratificados en cargos, pese a nexos
Otros directores de seguridad pública municipal, como el de Chínipas, Martín Ramírez Medina, fueron ratificados en el cargo con el cambio de ayuntamiento, a pesar de sus nexos familiares con líderes criminales: es primo en primer grado de Alfredo Salazar Ramírez, preso por narcotráfico, y sobrino político de Crispín Salazar Zamorano, cabecilla de un grupo que opera en los municipios de Urique, Guazaparez y Moris.
El informe elaborado por la FGE e inteligencia militar ubica en la misma condición al jefe de la policía municipal en Guazapares, Saúl Rochín Ayón; el de Batopilas, Javier Ramón García Aldama; de Guerrero, Marco Antonio González Hernández; Santa Bárbara, Abel Lorenzo Villalobos; Coronado, Edgar Eliud Hernández Tovar y el de Ascensión, Sergio Horacio Payan Meza.
En algunas regiones del estado el crimen organizado rebasó a partidos y gobiernos. En 2016, el comité directivo estatal del PRI sustituyó a los candidatos a ediles de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino del cabecilla del grupo Los Salazarez, y de Bachíniva, Silvia Mariscal, suegra de Arturo Quintana, alias El Ochenta, que controla grupos criminales en el noroeste del estado.
En Bachíniva, Namiquipa, Guerrero, Carichi, Cusihuiriachi, Gómez Farías y otros municipios del noroeste, Arturo Quintana es conocido por exigir contratos de obra pública a los alcaldes.
En el municipio de Madera, de cien policías preventivos en nómina, sólo 60 aceptaron someterse a exámenes de confianza. Se presume que los otros 40 son infiltrados del crimen organizado. Situación similar ocurre en Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, donde los policías municipales fueron sustituidos recientemente.
Se asienta en la zona para sembrar amapola, cultivo que desplazó a la mariguana
Destierra el narco a centenares de familias de la sierra de Chihuahua
Con amenazas de muerte les impiden regresar; se apropian de casas, ganado, tierras…
Al alza, asesinatos en municipios serranos, reconoce la FGE; se cometieron mil 770 de 2011 a 2015
Miroslava Breach Velducea/ Corresponsal Periódico La Jornada
Viernes 24 de marzo de 2017, p. 3
Chihuahua, Chih. Centenares de familias desplazadas de las comunidades y pueblos serranos de Chihuahua han perdido sus casas, ganado y tierras, a manos de narcotraficantes que con amenazas de muerte les impiden regresar.
La historia es la misma en las comunidades de La Lobera, Milpillas, El Huicochi, Las Chinacas, en el municipio de Chínipas; El Manzano, en Urique; Ocoyachi y Jicamorachi, en Uruachi; Bocoyvo, en Batopilas; El Durazno, en Guadalupe y Calvo: grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas y propiedades; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de mariguana en la región.
En los tres años recientes se incrementó la presión sobre los habitantes de la serranía. Los cabecillas de grupos criminales en la región han aniquilado familias completas en su ambición por el control de la producción y compraventa del enervante.
Los asesinatos vinculados al crimen organizado habían repuntado en los municipios serranos, pero desde abril pasado hubo un incremento en las principales urbes del estado, donde se había tenido una disminución de homicidios en el pasado.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge González Nicolás, reconoció la tendencia al alza en las cifras de crímenes y la atribuyó a una disputa entre bandas que se libra en calles de las ciudades de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, donde los narcomenudistas se disputan el mercado de drogas sintéticas como el crystal, que es de reciente ingreso al mercado local.
En las zonas urbanas las víctimas de las disputas entre grupos de narcotraficantes se cuentan con facilidad, mientras los medios de comunicación hacen que la estadística oficial sea más realista, pero aun así no existe una cuenta exacta de las personas ultimadas en los pueblos de la sierra. El terror hace que las familias callen y se resignen a enterrar a sus muertos.
No se atienden llamados de alerta
En marzo pasado, un grupo de senadores de PRI, PAN y PRD, pidió la intervención del presidente Enrique Peña Nieto ante la escalada de violencia en la sierra de Chihuahua, con base en reportes del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia.
Ese organismo ya apuntaba que en el primer trimestre de 2016 la entidad tenía una tasa anual de homicidios de 24.7 por cada 100 mil habitantes, y en los municipios serranos el índice aumentaba exponencialmente más de ciento por ciento, principalmente en Guachohi y Guadalupe y Calvo.
Por esos días, la Caravana por la Justicia en la sierra Tarahumara viajó a la Ciudad de México, donde se entrevistó con el grupo de senadores que ha seguido sus demandas, y denunció el desplazamiento de familias en las comunidades y el despojo de sus tierras para dedicarlas al cultivo de amapola.
De ahí derivó la presentación de una iniciativa de punto de acuerdo por parte de la senadora chihuahuense Silvia Martínez Elizondo, para hacer un exhorto a Peña Nieto, para que se tomaran acciones y atender los problemas de seguridad y violencia que viven los habitantes de la sierra Tarahumara. Los meses pasaron y no hay respuesta.
Hace dos semanas llegó de nuevo una advertencia del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia, que detectó una tendencia al alza en el número de homicidios de abril a la fecha. Los datos fueron presentados por Sergio Ochoa Muñoz, coordinador de la comisión de indicadores de la mesa de seguridad.
De acuerdo con la FGE, mientras la tendencia en el número de homicidios dolosos era decreciente en las zonas urbanas, en los pasados cuatro años, en tanto los municipios de la sierra tenían un comportamiento inverso. En 12 de los 22 municipios serranos se cometieron mil 442 asesinatos en el periodo 2005-2010; la cifra aumentó a mil 770 de 2011 a 2015.
Chínipas, botón de muestra
El asesinato de familias completas y el desplazamiento forzado que ocurre en Chínipas, ubicado en la parte baja de la sierra Tarahumara –en los límites con Sonora y Sinaloa–, es un botón de muestra de la situación general que priva en la sierra.
Desde finales de 2012, la banda delictiva Los Salazares, comandanda actualmente por Crispín Salazar Zamorano, empredió una limpia de presuntos enemigos en la región que tiene bajo su control, desde los pueblos de San Rafael, Bachichivo, Guazaparez, Temoris, la cabecera municipal de Chínipas y los poblados de Milpillas, La Lobera, Las Chinacas y El Huicochi, en la zona límitrofe con Álamos, Sonora.
Moisés Velderrían Chávez y seis de sus hijos fueron asesinados por presuntos sicarios de Crispín, después de que su sobrino Alfredo Salazar Ramírez y su hermano Adán Salazar Zamorano fueron aprehendidos en el último año del gobierno del ex presidente Felipe Calderón. Sólo tres hijas de Moisés sobrevivieron a la venganza del capo.
El año pasado, presuntamente sicarios a su mando, expulsaron a las familias de los poblados limítrofes con Sonora e iniciaron una cacería contra quienes señalan como enemigos.
En La Lobera, de donde fueron expulsados unos cien habitantes, los hombres de Crispín Salazar saquearon y destruyeron la mayoría de las casas; uno de los sobrinos del narco se instaló en la única casa que dejaron en pie. Las tierras, las huertas de manzana y el ganado de la gente, cambiaron de propietario.
El Huicochi, un páramo
Lo mismo sucedió en El Huicochi. El año pasado un grupo de pistoleros llegó al cacerío de unas 40 familias y ordenó el desa-lojo; desde entonces la comunidad está desolada. En la presente temporada de lluvias las tierras están sembradas con enervantes y el ganado sirve de alimento a los sicarios que patrullan los caminos.
Las dos localidades más grandes, Milpillas y Las Chinacas, donde vivían poco más de mil 500 personas, se han vaciado a la mitad. Sólo regresaron quienes aceptaron las nuevas condiciones impuestas por la banda de Los Salazares.
Abandonados a su suerte, los habitantes de la serranía han optado por emigrar a las ciudades, entre más alejados de Chihuahua, es mejor, dicen algunos. Los desplazados se mantienen en contacto mediante las redes sociales y convocan a las familias para viajar en grupo a la Ciudad de México.
No pretenden hacer denuncias ni manifestaciones, buscan congregarse para acudir a la Basílica de Guadalupe a pedir protección a la Virgen y que les permita regresar a sus pueblos, sus casas y sus tierras.
Esperan un milagro divino de la Guadalupana, dicen, porque hasta ahora las autoridades gubernamentales los tienen olvidados, mientras los cabecillas del narcotráfico permanecen intocados e impunes. (Trabajo publicado el sábado 6 de agosto de 2016.)
Tras lograr una adjudicación y el pago correspondiente las firmas desaparecían
Allegados a César Duarte saquearon el erario con red de empresas fantasmas
Miroslava Breach Velducea/ Corresponsal Periódico La Jornada
Sábado 5 de noviembre de 2016, p. 14
Chihuahua, Chih. Durante los seis años de gobierno del priísta César Duarte Jáquez operó una red de amigos, familiares y personajes cercanos al ex mandatario para sustraer miles de millones de pesos del erario. Sólo en el último año, funcionarios de su gabinete asignaron en obras, compras y otros rubros 2 mil 900 millones de pesos por medio de adjudicaciones directas a empresas creadas ex profeso y que desaparecían después de recibir el pago.
Así lo informaron este viernes, en conferencia de prensa, el coordinador ejecutivo del gabinete estatal, Gustavo Madero, y la titular de la Secretaría de la Función Pública local, Estefany Olmos. Anunciaron que las denuncias de tipo penal y administrativo serán presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
Los funcionarios aseguraron que a partir de este viernes, en que se cumplen 30 días del gobierno actual, han podido comprobar que los actos de corrupción cometidos son enormes, pero con el fin de no dañar la estrategia jurídica que se seguirá en la presentación de las denuncias penales y administrativas, no se revelarán nombres de ex funcionarios ni detalles precisos de todas las ilegalidades documentadas en los expedientes.
Madero y Olmos precisaron que habrá reserva de información para preservar el principio de presunción de inocencia de los funcionarios que deban enfrentar graves consecuencias penales y administrativas y, en la medida de lo posible, resarcir el daño al patrimonio público.
El modus operandi de la anterior administración para sustraer recursos públicos fue violar la Ley de Adquisiciones y Obra Pública con el propósito de evadir la licitación. Fragmentaban los montos de obra y compras a fin de utilizar la licitación restringida, una figura legal prevista en la ley como excepción pero que en el caso de Chihuahua se hizo norma, dijo la secretaria de la Función Pública.
Con ese mecanismo se firmaron contratos y se llegaron a realizar pagos en diferentes secretarías del gobierno por montos hasta de 500 millones de pesos a empresas que fueron creadas sólo para ese fin y después de obtenido el recurso se dieron de baja fiscalmente, explicaron.
De esa manera se crearon, una tras otra, varias empresas. Más de 60 por ciento del presupuesto ejercido en obras públicas, compras y cartera de proveedores se adjudicó directamente. Este año, de los 5 mil millones previstos para inversión solamente 2 mil millones se licitaron, 2 mil 900 se asignaron directamente a empresas específicas de allegados al ex gobernador.
La secretaria de la Función Pública indicó que también detectaron la venta de maquinaria, bienes públicos y bienes inmuebles a familiares, amigos y prestanombres del ahora ex gobernador a precios ridículos, 20 veces menores a los del mercado. Más de la mitad de las reservas territoriales se vendieron de esa manera”, agregaron.
Entre otros datos de irregularidades, Olmos subrayó que durante seis años, la Secretaría de Hacienda del estado retuvo ilegalmente 5 por ciento de los ingresos de los trabajadores del gobierno y los entregó como cuota de aportación al PRI; de esa manera se direccionaron al Comité Estatal del partido más de 100 millones de pesos.
Otro dato que resaltó la funcionaria es que después del 5 de junio, cuando el candidato del PRI al gobierno del estado fue derrotado en las urnas, desaparecieron de la nómina estatal 500 personas a quienes se pagó un salario sin que realizaran función alguna o asistieran siquiera a la jornada laboral. Eran aviadores.
Desde el pasado 4 de octubre, cuando rindió protesta, el gobernador Javier Corral se comprometió a presentar en un mes un informe detallado del estado en que recibieron la administración pública y proceder contra quienes resulten responsables.
Para cumplir con ese compromiso, Madero y Estefany Olmos dieron a conocer lo encontrado, así como un calendario específico por medio del cual cada secretario informará, a partir del lunes, los datos de su área de responsabilidad.
Gustavo Madero aseguró que de llevar ante la justicia a los ex funcionarios que incurrieron en corrupción, incluido el ex gobernador Duarte, sigue siendo un compromiso de Javier Corral, y en ese sentido, se actuará por la vía judicial en lo que compete al estado, en espera de que la Procuraduría General de la República desbloquee la investigación que tiene sobre el ex mandatario estatal desde hace dos años.
Activista pide protección por denuncia contra el ex gobernador César Duarte
Miroslava Breach Velducea/ Corresponsal La Jornada
Miércoles, 15 feb 2017
Chihuahua, Chih. El activista Jaime García Chávez, presidente de Unión Ciudadana, solicitó este día un amparo, ante un Juzgado de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en el que reclama protección de la justicia federal para que la Procuraduría General de la República turne la carpeta de investigación sobre la denuncia presentada en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
García Chávez denunció ante la PGR al entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien fue su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral y al titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, en esa época, Carlos Hermosillo Artega, por los delitos de pecualdo, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público.
El abogado explicó que el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09, abierto el 23 de septiembre de 2014 ante la PGR, ya está redondeado y contiene elementos con pruebas suficientes y consistentes , para que esta instancia consigne al exgobernador de Chihuahua y los funcionarios cómplices, , se les aprehenda y respondan por sus crímenes ante los tribunales y la sociedad., por el desvío de recursos del erario para la creación del Banco Progreso, por medio de un fedicomiso de inversión conformado por César Duarte Jáquez y su esposa, Bertha Gómez de Duarte.
En un comunicado que emitió a la opinión pública, el activista de izquirda, informó que la solicitud de amparo, tiene como propósito, lograr la protección de la justicia federal para que “la PGR deje de ser la cómplice de César Duarte y sin mayor dilación se turne el expediente a los tribunales. Detrás de este amparo la víctima es el pueblo de Chihuahua; quien lo firma, Jaime García Chávez, acredita el interés jurídico para obtener un fallo protector, no en su beneficio sino en beneficio de todos”.
El activista de izquierda, fundador de Unión Ciudadana le reprochó al gobernador Javier Corral, que la adminstración a su cargo haya abandonado el expediente de la denuncia contra los actos de corrupción de César Duarte, después de que él fue fundador de la organización Unión Ciudadana y una parte fundamental en la etapa de investigación, sin embargo ahora a la cabeza del gobierno de Chihuahua, no está atendiendo ni dando seguimiento al caso.
“Unión Ciudadana hace del conocimiento público que hace tres semanas solicitó entrevista con el gobernador Javier Corral para tratar y dialogar sobre este tema, sin obtener respuesta alguna, lo que es un desacato al derecho a ser oídos y la obligación pública de escucharnos. No se nos ha dicho que sí, y la negativa la entendemos como un no, lo que es francamente una omisión que no merece una lucha en la que él participó y contribuyó a enriquecer y hoy se niega en la realidad a tratar de frente. Esto es una ingratitud”, reprochó García Chávez a su antiguo aliado.
