Hidalgo (La Silla Rota).- Además de la responsabilidad del exgobernador José Francisco Olvera Ruiz por la deuda de 14 mil 834 millones de pesos –de la cual ocultó 9 mil 255 millones en su último informe–, exigencia de los diputados que se opusieron a su nombramiento, el fiscal Especializado en Delitos de Corrupción en Hidalgo, Ricardo César González Baños, debe actuar contra exfuncionarios imputados por uso indebido de recursos y en casos de presuntos conflictos de interés.
Los hechos, posiblemente constitutivos de delitos, involucran a extrabajadores de la administración 2011-2016, en la cual también laboró, como parte del sistema de procuración de justicia, así como a dos exalcaldes priístas a quienes, como presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEE), dio el triunfo en los comicios de 2010.
La Silla Rota enlistó probables actuaciones indebidas de gobernantes –con sustento en causas penales, así como evidencia en solicitudes de información y registros de contratos en la plataforma Compranet– que el exsubprocurador de Procedimientos Penales región poniente, quien aseguró que haber laborado en la función pública no condiciona su imparcialidad para actuar contra el poder, debe retomar para cumplir el compromiso que hizo tras rendir protesta: no permitir la impunidad.
La deuda heredada y el malbaratamiento del parque vehicular
En mayo, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de Hidalgo pidieron una investigación por la venta de 220 automóviles del Poder Ejecutivo durante el primer trienio del exgobernador José Francisco Olvera Ruiz, después de que La Silla Rota revelara la devaluación de las unidades, que fueron cedidas a particulares desde 600 pesos.
“Este tipo de acciones tienen que ser revisadas, y si hay un acto de corrupción, que se castigue, a quien corresponde y a quien deba de ser, porque no es posible que entre más le buscamos más actos de corrupción o por lo menos actos irregularidades, que por lo menos pudieran tener una responsabilidad administrativa, se van encontrando en la administración de Francisco Olvera”, expuso el líder de la fracción panista, Luis Baños Gómez, quien citó como ejemplos la entrega de patentes de notario y los posibles desvíos de recursos en el sistema educativo y en Radio y Televisión, cuyos amparos e indagatorias, respectivamente, siguen en curso.
La Silla Rota obtuvo, como respuesta a la solicitud de información 00211116-001, la relación de automóviles cedidos entre 2011 y 2013, la cual refiere que el 30 de agosto de 2013 un comprador, cuyo nombre no se dio a conocer, pagó 600 pesos por un Volkswagen Sedán, 1983.
El 16 de agosto de 2011, por lote de 29 automotores, entre ellos un Sentra y un Neón 2003, así como dos Cavalier y un Astra 2004, el Ejecutivo únicamente obtuvo 275 mil 300 pesos.
Ese día también entregó 22 vehículos más por 206 mil 500 pesos. Una Miniván GF8, 2007, de Giant Motors, y un camión de volteo C-50, 1973, eran parte del lote.
Las transacciones se llevaron a cabo mediante licitación pública; sin embargo, la Unidad de Transparencia no proporcionó el nombre del ganador.
“Habría que analizar esta parte: bajo que procesos legales hicieron estas ventas. Habría que indagar sobre cómo fue el proceso y, obviamente, si lo dieron en 600 pesos, pues están prácticamente fuera del marco legal, nos queda claro”, indicó Margarita Ramos Villeda, que preside a los legisladores del PRD.
En la discusión parlamentaria previo al voto para elegir al fiscal, el diputado Efrén Salazar Pérez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó: “Hay una negociación oscura, un caballo de Troya en el proceso”.
Al asegurar que los exgobernadores han sido protegidos por “pactos de impunidad” y que el estado cuenta “con instituciones débiles, funcionarios corruptos y desacreditados”, pidió, al igual que Gloria Romero, de Acción Nacional, proceder contra el exmandatario Francisco Olvera por la deuda heredada que no hizo pública al dejar el cargo.
Al respecto, en entrevista después de rendir protesta, González Baños respondió: “tendremos que esperar las denuncias, las demandas, las querellas que lleguen y tendremos que analizarlas. La actividad de nosotros es actuar contra derecho”.
—¿Compromete que, con evidencia, actuará contra el exgobernador y sus colaboradores?
“En caso de haber evidencias se tendrá que hacer lo necesario. Son procedimientos que se tienen que hacer, investigaciones, análisis”, contestó, aunque evitó referirse al exjefe del Ejecutivo.
Constructoras favorecidas con licencias
Aunque el gobernador Omar Fayad Meneses dijo que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental debería acreditar si el subsecretario de Obras Públicas, Marco Antonio Rico Moreno, fue favorecido al recibir 270 licencias de construcción para sus empresas, autorizadas por la dependencia en la que labora, la contralora Citlali Jaramillo Ramírez confirmó que no iniciaron procedimiento contra el funcionario, por no recibir una denuncia.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia, a la que pertenecía González Baños, no inició carpeta de investigación.
“No podemos actuar con base a rumores, porque sería una ‘cacería de brujas’ que no tendría sustento”, dijo la secretaria en entrevista al término de la sesión solemne del Congreso estatal en la que entregó la medalla post mortem a Ramón Guillermo Bonfil Viveros.
Además, añadió que no hubo “ninguna llamada, alguna queja formal” por el presunto conflicto de interés por la obtención de 181 licencias de construcción para Constructora Crimsa, de la que Rico Moreno es accionista mayoritario.
La Constructora Sylma –propiedad de su hermana Sylvia Rico Moreno– ha obtenido 91 más mientras Marco Antonio ha desempeñado el cargo de subsecretario.
“Nosotros no podemos funcionar a base de chismes o rumorología, necesitaríamos un planteamiento serio, documentado con una carpeta, para ver si hay algo que perseguir, pero realmente hasta ahorita nadie se ha metido a dar una denuncia con elementos”, insistió.
No obstante, en una reunión del 15 de marzo de 2017, la contralora estatal confirmó ante los vecinos que la actuación de Rico Moreno era irregular, de acuerdo con un audio que, aseguró Animal Político, tiene en su poder.
La secretaria dijo que si bien ella no podía exigir al funcionario el resarcimiento del daño como lo solicitan los afectados, sí podría inhabilitarlo, separarlo del cargo, por su proceder como servidor público.
“‘Por tráfico de influencias o abuso de autoridad, como le quieran llamar (…) yo como autoridad lo puedo presionar y su peor escenario es que lo voy a correr, pero no puedo obligarlo a sacar su cartera (para resarcir el daño)’, dijo ella, según consta en un audio anexo a la demanda presentada contra diversos funcionarios del estado –incluido el gobernador– por ‘la inacción en un caso de fraude y tráfico de influencias’”.
Operadora Mersi, la firma que Olvera favoreció
El 19 de agosto de 2016, 18 días antes del cambio de poderes en el estado, el gobierno de Francisco Olvera otorgó un contrato a Operadora Mersi –que fue beneficiada con 906 millones 818 mil 904 pesos en trabajos de infraestructura en su periodo– (NOR-2016-ADEF-FGPARSOPOT-EPR-003) por 64 millones 623 mil 913 pesos para la construcción de la segunda etapa de la Ciudad de las Mujeres, que consistía en velarías, estructuras de bambú, aire acondicionado, cancelería, invernadero, telecomunicaciones y estacionamiento.
Sin embargo, con base en los acuerdos firmados por la empresa y el Ejecutivo –que posee La Silla Rota–, las obras culminarían 122 días naturales después; por lo tanto, heredados al nuevo gobierno.
Ese día, la compañía propiedad de Ernesto Del Blanco Arjona, quien fue su operador financiero de campaña de Olvera a la gubernatura en 2010, recibió otro contrato por 15 millones 498 mil 243 pesos (NOR-2016-ADEF-FGPARSOPOT-CE-006) para que elaborara un carril adicional en la carretera estatal México–Pachuca, en el entronque de Téllez a Puente Colonias, a ejecutar en los primeros tres meses de Fayad.
Aunque el actual gobernador comprometió investigar el caso, adjudicó directamente, sin licitación, un millón 382 mil 511 pesos a la empresa de Grupo del Blanco la reconstrucción de las calles Valle de Upar y Valle Hermoso, de Pachuca.
Los desvíos en SEPH y Salud
Por peculado y negociaciones indebidas, cuatro exfuncionarios de las Secretarías de Salud (SSH) y de Educación Pública (SSPH), así como del sistema estatal de Radio y Televisión enfrentan procesos penales: tres en reclusión y uno en libertad.
La última detención data del 22 de agosto, cuando Pablo Pérez Velasco, exdirector de Administración de Recursos Materiales y Financieros de la SSH, fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, acusado de transferir 51 millones 209 mil 90 pesos de las arcas públicas a sus cuentas personales entre el 1 de mayo de 2011 y el 31 de agosto de 2015.
Capturado por elementos de la Policía Investigadora la noche del 18 de julio, en el Estado de México, Sergio Islas Olvera, exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH), está en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de negociaciones indebidas por 77 millones 919 mil pesos. La orden de aprehensión, de acuerdo con el procurador Ramiro Lara Salinas, derivó de la causa penal 84/2017.
José Antonio Turrubiarte Delgadillo, exdirector general de Recursos Financieros de la SEPH, y Carlos Becerril Vargas, exdirector de la Coordinación Financiera y Planeación de RTVH, también enfrentan procesos por irregularidades en el manejo de 194 millones 795 mil pesos y 500 millones de pesos, respectivamente.
De la administración del exgobernador Francisco Olvera restan por cumplementar dos órdenes de aprehensión por probables desvíos de 68 y 126 millones de pesos, derivadas de las causas penales 354/2016 y 355/2016, contra Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Finanzas y Administración de la SEPH, quien, confirmó el mandatario Omar Fayad, está prófugo.
Durante su entrevista con integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso de Hidalgo, la panista Gloria Romero León expuso que por los casos en las secretarías únicamente han sido detenidos funcionarios menores, y pidió a González Baños demostrar autonomía y proceder contra ellos.
Los alcaldes cuyo triunfo validó
Como presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEE), el ahora fiscal anticorrupción validó el triunfo de los priístas Filiberto Hernández Monsalvo y Jaime Allende González como alcaldes de Mineral de la Reforma y Tula, respectivamente.
El primer exmunícipe es acusado de presunto peculado por 23 millones 525 mil 393 pesos, por retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 850 trabajadores que no fueron reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con la carpeta de investigación 12-2017-07400 que inició la fiscalía, por una denuncia presentada el pasado 5 de junio por la actual síndico procurador Johana Monserrat Hernández Pérez.
Aunado a ello, la Auditoría Superior del Estado le imputa 15 millones 550 mil pesos no justificados, por lo que, confirmó el 3 de octubre la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, procedieron contra él penalmente.
Por faltante de un millón 724 mil 145 pesos, la ASEH solicitó a la fiscalía el inicio de un procedimiento contra Jaime Allende González, de Tula, inmerso en una indagatoria por irregularidades en el manejo de 21 millones de pesos de las cuentas correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism); de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDEP), así como en el de Contingencias Económicas.
Esa denuncia, que interpuso la actual administración, a cargo de Gadoth Tapia Benítez, quedó asentada en la carpeta de investigación 16-2007-02041.
El fiscal anticorrupción expuso que, como magistrado electoral, únicamente validó los resultados. La Reforma había sido ganada en urnas por el PAN.