MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- Karla Alejandra J. estuvo en el penal de Topo Chico, entre 1985 y 1997. Ahí prisión tuvo a su hijo, que actualmente tiene 30 años de edad.
“Fue difícil. Mi familia me apoyaba, casi me mantenía; ahí adentro nadie me ayudaba, es más, ni el papá del muchacho se hizo cargo”.
Recuerda que había más de una docena de pequeños que nacieron en esa penitenciaría, más las mujeres embarazadas en ese tiempo, pero igual, nunca supo cómo sobrevivieron, pero casi está segura de que los familiares les ayudaban.
Y tal vez tenga razón. Nadie sabe en el exterior de la penitenciaria femenil que entró en operación hace meses el número de pequeños y las mujeres que pudieran estar embarazadas. Tampoco se conoce la situación en la que viven.
De acuerdo a la diputada Karina Barrón, la última actualización fue del año 2018, donde se informó sobre 50 niños y niñas y 20 mujeres embarazadas. Ahora buscan los diputados que se les dé un informe al respecto sobre lo que se ha dado en llamar “niños invisibles” y los servicios médicos y condiciones en que se encuentran.
Y es que la información prácticamente es nula, pareciera que nadie sabe acerca de ello, pero un policía -aún en activo-, asegura que, durante la masacre de 49 muertos en el motín más grande en el Penal del Topo Chico en febrero de 2016, había al menos una docena de niños y niñas que estuvieron en medio de la matanza.
“Si es verdad, les queda bien el mote de niños invisibles, porque no existen para nadie, ni para la autoridad, ni para las leyes ni para el sistema de penales. Es más, en su mayoría no para el padre que comúnmente abandona a la madre”, explica el Ministerial, que solicita no ser identificado.
“Los niños no tienen un espacio de esparcimiento, no hay atención médica, no hay educación para esos niños y varios de ellos, nunca han salido del Penal, nada más los han sacado de emergencia cuando hay un conflicto dentro de los penales. Les exigen que vaya algún familiar de las reclusas y es la única manera en que han salido de ahí”, explica la legisladora Barrón, quien recuerda que en la anterior legislatura realizó diversas visitas al Penal del Topo Chico, y pudo constatar la situación en que se encontraban, aunque ahora hay un centro penitenciario femenil. En ese entonces observó las condiciones de hacinamiento e inseguridad que prevalecían y presentó un exhortó al gobierno del Estado, pero todo quedó ahí.
Debido a la falta de información por parte del gobierno, los diputados locales solicitan nuevamente al Estado un informe detallado sobre los niños y niñas, así como mujeres embarazadas que residen dentro del nuevo Centro Penitenciario Femenil.
El objetivo es para saber si las instalaciones del Penal Femenil son las adecuadas para los menores de edad, además de conocer los métodos de atención médica y pediátrica que se ofrecen.
Apenas en diciembre pasado, fueron reubicadas 1049 internas de los penales Topo Chico, Cadereyta y Apodaca, a lo que ahora es el centro femenil en una operación que las autoridades llamaron como reingeniería penitenciaria.
Karla Alejandra, que estuvo interna en Topo Chico por haberse involucrado en el comercio de estupefacientes, recuerda que su entonces pareja, un hombre que conoció en “las correrías”, la embarazó, y como él no estaba en el negocio, la visitaba en el centro penitenciario. Luego, jamás se paró y desde entonces le perdió la huella, agrega la mujer que ahora ronda en los 53 años de edad.
- ¿Quién te ayudó con los alimentos del bebé? ¿El gobierno aportó?, preguntó La Silla Rota.
“No hubo apoyo. De vez en cuando una trabajadora social del DIF gestionaba leche; alguna ayuda, pero no había más. Mi familia compraba lo necesario. Estábamos amontonadas las mujeres y nos dábamos la mano”, recuerda.
Con su muchacho, dice, estuvo sólo hasta los seis años, luego se lo llevó su mamá y hermanos, pues no podía estar más allá de esa edad dentro del penal. Hoy no sabe si la Ley cambió.
“Creo que sigue igual y a los seis años deben irse los niños”
“Había hacinamiento en Topo Chico. Mucho. Celdas sucias, espacios lúgubres insalubres, impropios para una mujer, no apropiados para un menor de edad”, señala el comandante Ministerial, quien cree que la situación pudo haber mejorado en el reclusorio femenil, donde han alejado del peligro de los carteles del narcotráfico a las mujeres.
"Debemos garantizar los derechos de las niñas y niños, también llamados niños invisibles, que se encuentran en condiciones de abandono y absoluto desamparo dentro del sistema penitenciario, e incluso algunos sin acta de nacimiento. No esperemos a que otro problema de violencia surja en los penales”.
“Nacer y vivir en prisión es formar parte de un grupo vulnerable distinto a otros. Se habla de niñas y niños, hijos de madres reclusas que jamás han conocido otra vida más que la que llevan dentro de los centros, menores que jamás han observado ni paisajes, el mar, parques, ríos, menos han asistido a escuelas. Estos niños tienen derechos y las autoridades en el ámbito estatal, incluyéndonos, tenemos obligación de garantizar sus derechos humanos", puntualiza a su vez Karina Barrón quien espera el informe gubernamental.
Erick Caballero, director del DIF Nuevo León, dio su versión a La Silla Rota y explicó que han estado al pendiente de las madres y sus pequeños que son internos a los que se les da apoyo pediátrico, psicológico, alimentos y lo que requieren.
También puedes leer: Nuevo León necesita mano dura para terminar con violencia
“Hubo rumores de que no se les daba el apoyo y la presidenta del DIF, Adalina Dávalos, se avocó al asunto y se corrigió lo que debió hacerse”, explica el funcionario quien no tiene la cifra de infantes en el reclusorio pero que oscila en una media docena.
“La Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes no tiene solicitudes de ingreso de niños hijos de madres internas. La ley Nacional de Ejecución Penal, señala en su Artículo 1 que es objeto de esa ley establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento de las personas. En este sentido, el Artículo 10 fracción VI de la misma ley, señala que: es un derecho de las mujeres privadas de su libertad conservar la guarda y custodia de su hija o hijo menor de tres años. Siendo así quien autoriza el ingreso de una niña o niño al centro penitenciario es precisamente la autoridad penitenciaria”.
“Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad pueden permanecer con su madre dentro del centro penitenciario. Atendiendo el mismo Artículo, señala que la mujer privado de su libertad tiene derecho a convivir con su hija o hijo hasta antes de cumplir los tres años de edad. La autoridad penitenciaria al otorgar la autorización para que la niña un niño permanezca con su madre debe de velar en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez”, añade Caballero.
bl