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Los escándalos impunes de Javier Duarte

Poco antes de irse, Javier Duarte enfrentó una de las peores crisis de gobernabilidad de las que se tenga memoria

  • CARLOS CAICEROS/ CORRESPONSAL
  • 26/09/2019
  • 23:14 hrs
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Los escándalos impunes de Javier Duarte
JAvier Duarte. (Foto: Redes)

Xalapa, Ver. - El reiterativo discurso de su inocencia y la hipótesis de ser usado para una 'caja china', alimentan los rumores acerca de una latente liberación del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Aunque pesa una suspensión de su condena, esta no le beneficia con la apertura de las puertas de la prisión, ya que todavía enfrentaría un proceso iniciado por la Fiscalía General del Estado, a cargo provisional de Verónica Hernández Giadáns y uno más, por la Fiscalía General de la República, ahora con Alejandro Gertz Manero al frente.

En ambos casos, tanto el titular de la FGR como la de la FGE mantienen un rumbo bastante diferente al de sus antecesores, Alberto Elías Beltrán y Jorge Winckler Ortiz, este último prófugo de la justicia.

En su momento, la Fiscalía de Veracruz acusó a Javier Duarte de desviar 220 millones de pesos destinados a obras hidráulicas, y usar un helicóptero oficial sin ser funcionario público.

El proceso ha sido obstaculizado por diferentes amparos promovidos por el ex mandatario, y los abogados de este alegan la presentación de 'pruebas fabricadas'.

Un segundo proceso es por el de desaparición forzada, sin embargo, esto implicaría formular una solicitud ante la República de Guatemala para someter a Duarte a juicio, trámite actualmente en proceso.

Además, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en el gobierno de Javier Duarte se desviaron 60 mil millones de pesos de recursos federales, a razón de 4 mil pesos por minuto. No obstante, dicho ente fiscalizador no culpa solo a Duarte de Ochoa, también a sus ex colaboradores.

Calculador incluso en el momento de recibir sentencia, Javier Duarte admitió su culpabilidad y a la vez, reiteró su denuncia de ser utilizado por el entonces Gobierno como un distractor.

No obstante, la lealtad expresada no es recíproca, por lo menos, entre sus antiguos compañeros del Partido Revolucionario Institucional.

Un ejemplo es el diputado local del PRI, Jorge Moreno Salinas, quien, desde su punto de vista, afirma: “No hay una sola persona en la cárcel que no diga que no es inocente y que va a salir de la misma”.

Y ejemplo de esto es que su antiguo “jefe político” impuso condiciones al momento de entregarse. “Eso no lo hace alguien que no tenga responsabilidad”, consideró.

LOS ALARDEOS DE DUARTE

En reiteradas ocasiones, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sentenciado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, se ha dicho víctima de acusaciones falsas y de ser el personaje de una “caja china” lanzada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El expulsado de las filas del priismo nacional fue condenado por un juez federal a nueve años de prisión tras declararse culpable. Ahora, desde el Reclusorio Norte asegura que es inocente, a pesar de los señalamientos por desvío de recursos, enriquecimiento a costa de los veracruzanos y hasta agresiones contra pensionados que aún hoy están pendientes por resolverse ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

No obstante, la “madeja” que logró desmenuzar la red de empresas “fantasma” que la familia Duarte Macías usó para desviar recursos se conoció a finales de su administración, mucho antes los escándalos por presuntos actos de corrupción comenzaron a dibujarse.

LA ESTAFA DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS

En 2014, Veracruz fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El entonces gobernador anunció con bombo y platillo que la entidad se vería beneficiada con la llegada de inversiones y turistas que serían captados por esta justa deportiva.

El precio fue la erogación de 265 millones de dólares; es decir, poco más de 5 mil 187 millones de pesos, por una justa que habría pasado desapercibida sino fuera por el tufo a corrupción en el uso del recurso, en parte federal, para la construcción y adecuación de infraestructura deportiva.

Pese a las constantes explicaciones de Duarte de Ochoa sobre el destino de los recursos, los JCC fueron los segundos más caros de la historia, según dieron cuenta medios de comunicación, que ubicaron a los de Mayagüez apenas por arriba de los “jarochos” con un gasto de 392 millones de pesos para su celebración.

Dos años después, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) exigió la devolución de aproximadamente mil 200 millones de pesos de recursos federales que fueron entregados a Veracruz para la organización de estos juegos.

¿La razón? El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa no rindió cuentas de los fondos, el dinero se esfumó porque en ese tiempo ya era prófugo de la justicia.

Por si fuera poco, las villas deportivas que se construyeron en Xalapa con la intención de albergar a los atletas, de último momento fueron canceladas a pesar de que ya se habían construido 700 viviendas; el dinero del pueblo quedó abandonado, aunque tiempo después estas viviendas fueron vendidas por particulares a particulares, el recurso nunca se recuperó.

DUARTE CONTRA LOS ADULTOS MAYORES

Poco antes de irse, Javier Duarte enfrentó una de las peores crisis de gobernabilidad de las que se tenga memoria; la falta de recursos como consecuencia del uso de la “licuadora” de los recursos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dejó sin pagos lo mismo a maestros que a jubilados que no tardaron en salir a las calles para mostrar su descontento y exigir el pago de sus salarios y pensiones.

Es así que el 23 de diciembre de 2015, cientos de jubilados —algunos de ellos enfermos y con muletas— protestaron en plaza Lerdo para exigir al Gobierno el pago de sus pensiones que tuvieron retraso por más de un año; la respuesta del gobernador Javier Duarte fue enviar granaderos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a desalojar la plaza y a punta de toletes y empujones agredieron a los adultos mayores.

Esto fue corroborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que determinó la violación del derecho a la protección de personas adultas mayores y el derecho a la seguridad social, al retener los pagos a jubilados y pensionados desde un año atrás.

Parte de la recomendación emitida por la CEDH incluye la disculpa pública del Gobierno del estado hacia los pensionados agredidos, que hasta ahora ni Duarte de Ochoa, ni su sucesor Miguel Ángel Yunes ni el mismo Cuitláhuac García Jiménez han acatado.

LA MASACRE DE TIERRA BLANCA

Apenas unos días después, el 11 de enero de 2016 cinco jóvenes originarios de Playa Vicente desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca; se trata de Mario Arturo Orozco (27 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), Alfredo González (25 años), José Benítez de la O (24 años) y Susana Tapia (16 años).

Todos habían pasado el fin de semana en el Puerto de Veracruz cuando policías estatales, entonces a cargo del titular de SSP, Arturo Bermúdez (de quien Duarte de Ochoa dijo en una entrevista de este miércoles que fue un excelente colaborador), los detuvieron sin causa justificada.

Años más tarde este caso llevaría a que el Estado Mexicano tuviera que disculpase con los familiares de los cinco jóvenes, que se dio a conocer fueron entregados por los policías a presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según obra en carpetas de investigación y en una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los jóvenes fueron torturados y asesinados, sus cuerpos incinerados y sus restos fueron arrojados a un río cercano.

"Todos deben saber que elementos (de la policía) de Veracruz desaparecieron a sus hijos. Por eso reconocemos la responsabilidad del gobierno. Les ofrezco una disculpa pública por el sufrimiento que vivieron sus hijos y por la impunidad a la que se enfrentaron", dijo el gobernador del estado Cuitláhuac García en su disculpa ante los padres de los cinco.

Como resultado de las investigaciones hasta ahora hay 21 personas detenidas, entre ellos ocho policías y 13 presuntos delincuentes, acusados por desaparición forzada, delincuencia organizada y delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, pero hasta ahora no hay sentencia para ninguno.

AGRESIÓN DE POLICÍAS A UNIVERSITARIOS

Este no es el único caso en que se señala la participación de policías en ataque a jóvenes, pues el 5 de junio de 2015, dos días antes de las elecciones federales, se informó sobre el ataque a estudiantes universitarios que fueron agredidos al interior de una vivienda en donde convivían.

Fueron ocho los estudiantes agredidos por un grupo de hombres armados con bastones y armas largas, según un comunicado que circuló par parte del Comité Universitario de Lucha; en este se hacía mención a la posibilidad de que la agresión haya sido a manos del policías estatales o grupos de choque.

Esto debido a que apenas unos minutos después de la golpiza propinada a los estudiantes, llegaron patrullas de la SSP para fotografiar a los ejidos, sin presentar apoyo o enviar ambulancias a pesa de que algunos mostraron fracturas severas.

“Responsabilizamos al gobierno del estado de Veracruz por esta campaña de ataques despiadados y criminalización de jóvenes y activistas en el marco del proceso electoral marcado por la incertidumbre y la violencia generada por el mismo gobierno. Hacemos responsables a todas las instancias del gobierno de éste y cualquier otro ataque hacia los compañeros y cualquier otro joven”, señaló el comunicado de los jóvenes.

PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH Y MEDICAMENTOS APÓCRIFOS

Las acusaciones contra Duarte de Ochoa no sólo daban cuenta de afectaciones en el erario veracruzano, sino que algunas incluso rayaron en lo macabro, como el supuesto uso de agua destilada que habría sido suministrada a pacientes con cáncer, que dio a conocer el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Si bien la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no encontró datos sobre el uso de agua destilada como medicamento, sí dio a conocer en febrero de 2018 aseguró 23 toneladas de medicamentos caducos en diferentes almacenes y establecimientos de la Secretaría de Salud de Veracruz y casi 47 mil pruebas rápidas de VIH por carecer de registro sanitario.

LAS EMPRESAS “FANTASMA”

A estos señalamientos se suman la consabida red de 400 empresas “fantasma” documentada por investigadores y medios de comunicación por medio de las cuales el ex mandatario habría desviado más de 3 mil 600 millones de pesos.

Los recursos eran de origen público eran desviados de diversas dependencias del estado a negocios que van desde los restaurantes hasta las estéticas; esta red, es distinta a la que investigó la Fiscalía General de la República (PGR) y que derivó en el encarcelamiento de Duarte de Ochoa.

Y es que anteriormente se había ubicado a 38 empresas “fantasma” con un monto de desfalco de 905 millones de pesos.

“EL APESTADO DE DUARTE”

Es así que pese a la insistencia de Javier Duarte de Ochoa de limpiar su imagen y señalar que saldrá de prisión porque le fabricaron pruebas, porque es producto “de una caja china” o cualquier otra justificación, quienes antes departían con él, ahora se desmarcan e incluso a quienes les ha otorgado cierta deferencia, lo ignoran porque saben el costo de “su fama”.

Recientemente el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, por muchos años aliado del PRI en el país y en Veracruz, Marcelo Ruiz, se desmarcó de Duarte al señalar que preferiría no opinar porque sus señalamientos son superficiales.

“Nosotros estamos más ocupados en atender a Veracruz que opinar sobre cuestiones superficiales que de nada le sirven ni para bien ni para mal (...) La opinión es que vamos a privilegiar que en Veracruz le vaya bien", dijo.

A ello se sumó el diputado priista y antiguo correligionario de Duarte, Jorge Moreno Salinas, quien aseguró que hay muchos indicios del saqueo de las finanzas del estado durante su Gobierno, pero que sus declaraciones sobre su inocencia son parte de una postura “que no muestra lo que realmente es”.

“Hay muchos indicios de malos manejos financieros, de saqueo del estado como nunca se había dado; ahí están (las observaciones) de la Auditoría Superior de la Federación y el Congreso deberá revisar su actuación y la de cualquier ex gobernador.

“Sería su deseo no haber entrado, pero él mismo se entregó, pone condiciones y eso no lo hace alguien que no tenga responsabilidad, y él había ofrecido a nivel nacional, a un medio de comunicación importante que iba a aclarar las cosas, que estaría presente, es una persona que no dice lo que realmente es. No hay una sola persona en la cárcel que no diga que no es inocente y que va a salir de la misma”, ironizó.

Incluso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien Duarte de Ochoa se ha referido como un buen gobernador ha dicho en reiteradas ocasiones que la condena al ex priista es una burla para el pueblo veracruzano porque no refleja el daño al estado y ha dicho que sus declaraciones no merecen ni siquiera una respuesta de su parte.

“No me merece opinión los comentarios que haga el recluso de Javier, no me tiene ninguna opinión (...) ni es mi amigo ni he mantenido ninguna comunicación con él”, dijo en una entrevista durante este jueves.


ygr