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Los errores del Poder Judicial en el caso Brenda, mujer violentada en penal varonil

Durante tres semanas Brenda fue víctima de abusos y violaciones, luego de que un juez determinó recluirla en una prisión varonil

Escrito en ESTADOS el

Tres semanas de tortura, abusos y violaciones fueron que tuvo que enfrentar Brenda, luego de ser sentenciada por un juez en Zacatecas a cumplir una condena pequeña en una prisión varonil en el municipio de Calera.

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Desde que se conoció que una mujer había sido internada en una cárcel para varones, la Secretaría de Seguridad Pública inició los el papeleo correspondiente para que fue trasladada al Cereso femenil de Cieneguillas, proceso que tardó más de tres semanas, informó Rocío Aguilar, vocera del estado de Zacatecas.  

Ayer el titular de Seguridad Pública de Zacatecas, Ismael Camberos Hernández reconoció que fue hasta que se hizo una revisión de penales distritales que se dieron cuenta de la resolución del juez a quien responsabilizó de que Brenda estuviera en un penal varonil, donde la reclusa vivió un infierno.

Camberos Hernández señaló que cuando Brenda por fin fue trasladada al penal femenil, se le práctico un examen médico y psicológico que arrojó que fue víctima de múltiples violaciones sexuales en la prisión para hombres por lo que de inmediato se denunció ante la Fiscalía.

Actualmente la dependencia tiene abierta una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de los abusos hacia Brenda

''''Una vez que se inició una investigación por el delito que esta persona privada de la libertad, la Secretaría de Seguridad Pública ha mostrado plena disposición para colaborar y aportar los elementos que sean necesarios para el esclarecimiento de este caso''''.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEZ )ha reiterado la exigencia de una urgente revisión a todas las cárceles del estado de Zacatecas.

Sobre este caso, la titular de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez Campos, exigió que se investigue el caso a detalle para que se haga justicia y, por tanto, emitió una recomendación del expediente.

De la Luz Domínguez, señaló que ''''independientemente que haya sido una determinación de la autoridad jurisdiccional, al estado le corresponde garantizar la integridad, la vida, la seguridad y, por supuesto, la integridad personal, psicológica, física, sexual y moral de las personas internas (…) debe fungir como garante de respetar todos los derechos de las personas privadas de su libertad y, aunque un juez hubiera determinado que estuviera en ese centro penitenciario, la autoridad penitenciaria tenía y tiene la obligación de garantizar todos los derechos a esas personas. Sobre todo que no sea víctima de agresiones, mucho menos de tipo sexual'''', acotó.

Con información de Excélsior

(Karla Alva)