XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- La familia de Iliana pagó 1 millón de pesos por su libertad pero fue asesinada a golpes. A Yadira la acribillaron en su automóvil. El cadáver de María lo encontraron flotando en un canal de aguas negras. Teresa murió degollada. Jade perdió la vida con un disparo en la garganta. Este, fue el saldo del fin de semana en Veracruz, 72 horas en las que el blanco fueron mujeres.
“Yunes, escucha, queremos paz”, gritaron unas 2 mil personas reunidas en Xalapa para exigir justicia por Mara Fernanda Castilla Miranda, una veracruzana asesinada luego de tomar un taxi en Puebla, sin embargo los reclamos se solidarizaron con 169 mujeres que perdieron la vida entre enero y agosto de 2017; en su casa, sobre la vía pública, entre cañaverales.
De acuerdo con el proyecto "Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad veracruzana", realizado en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, de 169 asesinatos, 118 reúnen las características para ser considerados como feminicidios.
Para Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa (IMM), la reincidencia delictiva es incentivada por la impunidad. “Las personas que hacen esto saben que no les va a pasar nada. Vivimos en un estado donde la violencia se ha quedado a vivir desde hace muchos años y los más vulnerables son las mujeres, los niños y adultos mayores”, compartió en entrevista.
Mientras las protestas se reproducían en redes sociales y los avances en el caso Mara Fernanda se reportaba en medios de comunicación, en Orizaba, el 12 de septiembre del año corriente, Iliana Rojas Arizmendi, de unos 34 años, era secuestrada.
De acuerdo con familiares de la víctima, la privación de libertad de la mujer de 34 años se dio frente a su esposo y su hijo, a ambos los amarraron a silla, en el interior del restaurante Castañeda, negocio familiar. Tras hurtar objetos de valor del establecimiento Iliana fue sustraída de manera violenta.
Loa agresores entablaron comunicación con la familia. Un millón de pesos era el precio de la vida, de la libertad. El acuerdo se pactó para el 15 de septiembre, cuenta un familiar que solicita el anonimato. Sin embargo el pacto no se concretó. El domingo 17 de septiembre el cuerpo de empresaria fue encontrado en estado de descomposición, en medio de unos cañaverales de la comunidad La Lagunilla, en el municipio de ixtaczoquitlán, a unos 15 kilómetros del lugar del plagio.
De acuerdo con los reportes periciales, Iliana fue sometida a diversos ejercicios de tortura, estaba atada de pies y manos, amordazado. Su identidad se logró gracias a una identificación que fue abandonada en el lugar del abandono.
En una protesta equiparable al grito de "Yunes, escucha, queremos paz" coreado durante la manifestación del pasado domingo por el crimen de Mara Fernanda, un familiar de Iliana Rojas se volcó contra el ejecutivo estatal, “Invito, si tiene valor de responder a los ciudadanos, al velorio de mi cuñada murió víctima de secuestro a pesar de que se pagó el rescate, que venga de la cara, se lo dice alguien que en las pasadas elecciones se partió la cara porque usted ganara”, firmó el familiar desde su cuenta de Facebook.
“Recordaremos a Iliana como una madre amorosa, una mujer amigable, sonriente, que gustaba de bailar salsa. Ni ella ni su esposo se metían con nadie, mucho menos sus ingresos eran muy altos… Le decían La Princess”, compartieron allegados a Rojas Arizmendi.
Para el 16 de septiembre, la saña mudó hasta Las Choapas, al sur de la entidad. María del Carmen Arias García, de 34 años, fue privada de su libertad mientras circulaba abordo de un vehículo color blanco, en compañía de un hombre y de un menor de edad. El conductor fue ultimado a balazos mientras que el menor logró escapar.
María del Carmen había sido amenazada de muerte a principios de 2017 a través de mensajes que circularon por aplicaciones telefónicas. Su desaparición no duró más de 24 horas, pues su cuerpo fue hallado flotando en un río cerca del basurero municipal. Estaba cubierta del rostro con bolsas de plástico color negra.
El 16 de septiembre, Yadira Requena Barrios, de 25 años, fue asesinada a balazos por sujetos abordo de motocicletas a una cuadra del Palacio municipal de Pánuco, al norte de Veracruz. En el ataque Gregorio Silva Cruz, de 42 años, resultó herido, así como un bebé de tres meses. A la fecha ambos permanecen hospitalizados.
En el mismo municipio de Pánuco, el cadáver de Jade Azuara, de 24 años fue encontrado por campesinos que caminaban sobre una brecha del ejido La Palma. La joven vestía blusa roja, pantalón de mezclilla y sandalias en tono rosado. Su rostro quedó apuntando al suelo, con un boquete en la garganta.
El crimen más reciente se registró en el municipio de Poza Rica, también al norte de Veracruz. El cuerpo de Teresa García Ramírez, de 46 años, fue abandonado por su agresor sobre la vía pública, en la colonia La Ceiba. Murió degollada.
Crímenes en Veracruz invisibles para Yunes Linares
A diferencia del asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda, Miguel Ángel Yunes Linares no se ha pronunciado sobre los crímenes que acabaron con las vidas de Iliana, María del Carmen, Teresa, Yadira, o Jade. Tampoco la Fiscalía General del Estado ha informado sobre sus muertes en algún comunicado.
Una vez concluida la marcha del pasado domingo, por el crimen de Mara Fernanda, el ejecutivo se pronunció al respecto en su cuenta de Facebook: “Lamento mucho el brutal crimen por el que perdió la vida la joven Mara Fernanda Castilla Miranda y me sumo a la exigencia de justicia. Desde el momento en el que me enteré de su desaparición, me comuniqué con las autoridades de Puebla para que se acelerara su búsqueda. Me he puesto en contacto con su familia para apoyarles en todo lo que se requiera”.
“Me parece saludable que el gobernador se manifieste en estos temas, porque no es endémico de Veracruz, el punto es que debe de haber un posicionamiento reiterado y visible en los demás casos”, comentó Estela Casados González, catedrática de la UV, con relación a la postura de Yunes Linares.
La coordinadora del proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad veracruzana”, recordó que desde el 23 de noviembre de 2016 se declaró la Alerta de Violencia de Género en 11 estados de Veracruz y a 10 meses “el mecanismo no es eficiente, ni práctico”.
“La Alerta de Valencia de Género está poniendo en evidencia a nivel estatal y nacional la falta de efectividad del mecanismo federal. No hay reglamentación detallada, no hay una sanción que obligue a los poderes estatales a cumplir lo que la federación mandata”, abundó Casados González.
Finalmente, Yadira Hidalgo González, resaltó la sensibilidad de la sociedad a raíz del asesinato de Mara Fernanda. Dijo, “Es importante aprovechar esa expresión ciudadana para exigir al gobierno del estado medidas más contundentes, como el abatimiento de la impunidad”.
kach