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Liliana, la activista que continuó la lucha de Samir Flores en Morelos

Después de la muerte del activista Samir Flores, en Morelos, su esposa, Liliana, continua la lucha en la región y hoy es una exiliada en su propio territorio

Escrito en ESTADOS el

TEMOAC. - La lucha que siguió Liliana Velásquez cuando mataron a su esposo, el activista Samir Flores, la continúa desde su territorio en Amilcingo, una comunidad del municipio de Temoac en Morelos, lugar donde asesinaron a Samir.

Pese al riesgo que dejó su lucha y la muerte de Samir, Liliana decidió quedarse en su estado y adaptarse al sistema de seguridad que el Mecanismo de Protección a Defensores del gobierno mexicano instaló para ella y sus hijas: un muro con alambrado y cámaras de seguridad en todo el perímetro. Casi como una prisión.

A Samir Flores lo mataron el 20 de febrero del 2019, afuera de su casa. Samir era opositor termoeléctrica en la comunidad Huexca. Y hasta hoy, no hay investigaciones claras que den con los asesinos del activista.

Samir y Liliana formaban parte Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), un movimiento social opositor al Plan Integral Morelos (PIM), un proyecto energético con presencia en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, en el centro del país.


El Plan Integral Morelos (PIM) contempla la construcción de dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios, una de las cuales ya ha sido construida, que funcionarán con gas natural. Pero los activistas se opusieron tras el impacto ambiental que esto generaría y el riesgo para las personas de las comunidades.

Esto fue respaldado por un informe sobre el impacto negativo de la termoeléctrica en Huexca y la región oriente de Morelos, firmado por 19 organizaciones ambientales mexicanas que alerta sobre los riesgos.

“La tecnología para tratar las aguas de la termoeléctrica solo existe para limpiar el agua que va a entrar a las torres de enfriamiento, pero no trata el agua que va a salir de la termoeléctrica, las cuales son catalogadas ya como aguas industriales que contendrán metales pesados, altas temperaturas, modificación de acidez del agua”, dice el estudio.

 

(Cuartoscuro)

Por su parte, el investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Antonio Sarmiento, explicó en entrevista con Mongabay Latam que, en el caso del río, hay comunidades agrícolas que serán afectadas de ambos lados de su cauce, con lo cual —precisó— no sólo se afectaría a las familias campesinas, sino a la producción de alimentos tanto en Morelos como en Ciudad de México.

Explicó también que son daños silenciosos que pueden generar un impacto en la vida y economía de más de un millón de personas, y enfatizó en la contaminación que podría causar el gasoducto, con pequeñas y numerosas filtraciones que se darían a causa del permanente movimiento sísmico de la región.

Samir Flores, un indígena náhuatl, fue uno de los principales opositores a este proyecto. Su esposa, Liliana, compartía ese activismo por defender las tierras.

“La tierra hay que cuidarla y defenderla, es la que nos da de comer, nos alimenta. Ellas vienen con esa parte de la formación que él venía inculcando”, sostiene Liliana Velázquez.

(Cuartoscuro)

La vida de Liliana dio un enorme giro con el asesinato de su esposo. Además del sufrimiento, su casa fue modificada para adaptar las medidas de seguridad que le impusieron. Además de seguir con la lucha que Samir lideraba.

La vida después de Samir es otra. En casa de Liliana Vázquez salen sólo para lo necesario, el resto del tiempo prefieren permanecer detrás del muro y la alambrada que el Mecanismo de Protección a Defensores del gobierno mexicano construyó para su familia.

(Cuartoscuro)

“¿Qué te puedo decir? ¿qué nos sentimos seguros?… ¿que no va a pasar nada? Pues obviamente no. Ni así, aquí en la casa. Pero tenemos que seguir con nuestras vidas, mis hijos tienen que salir porque van a la escuela, entonces creo que la seguridad nadie nos la puede garantizar porque en la calle nadie está seguro. Ni en la casa ni mucho menos en la calle”, precisa la activista.

Según el último informe de la ONG Global Witness, en el país asesinaron a 18 defensores ambientales durante el 2019, convirtiendo así a México en el cuarto país más violento para estos liderazgos.