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Líderes comunitarios: los presos políticos del gobierno de Ángel Aguirre

Con la liberación de Gonzalo Molina González se dio por terminado el periodo de líderes comunitarios encarcelados por el gobierno de Ángel Aguirre

Escrito en ESTADOS el

Chilpancingo, Guerrero.- Con la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González, terminó un periodo de encarcelamiento de dirigentes comunitarios que comenzó durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

En el periodo de este gobernador que salió de sus funciones después de los hechos de Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, el sistema de seguridad y justicia comunitaria de la CRAC vivió su mayor división que todavía no logran superar.

El encarcelamiento de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y otros comunitarios, es resultado de su intervención. En 2013 comenzaron a ser detenidos por delitos que tenían relación directa a sus funciones comunitarias.

(CUARTOSCURO)

Cuando Aguirre Rivero inició su gobierno (2011) la CRAC casi cumplía los 16 años de que habitantes de la Costa Chica-Montaña la fundaron. La historia que más repiten los iniciadores de este proyecto sostenido en los usos y costumbres de los pueblos indígenas y amparado por la Ley 701 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que les da certeza de crear sus propios órganos de gobierno, es que en los caminos de esa región violaban mujeres y asaltaban.

Todos esos años la organización de justicia y seguridad comunitaria se sostuvo con las colaboraciones de los propios habitantes de los pueblos, quienes por acuerdo en asamblea, máximo órgano del sistema, asumieron la seguridad y la justicia como su responsabilidad. 

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Aguirre Rivero intervino el sistema comunitario un par de años después, asignándoles por primera vez presupuesto y equipamiento. 

El 21 de enero de 2013 visitó San Luis Acatlán, donde está la principal Casa de Justicia de la CRAC, y les entregó a los coordinadores cuatro camionetas rotuladas, mil 200 uniformes y una ambulancia para facilitar las funciones de los comunitarios. Esa ocasión anunció que les daría un millón de pesos de presupuesto y que les construiría las cuatro casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco (Malinaltepec), Zitlaltepec (Metlatónoc) y El Paraíso (Ayutla).

En este proceso de supuesto reconocimiento del gobernador al sistema de seguridad y justicia comunitario tuvo algunos aliados desde adentro de la organización.

Eliseo Villar, en 2013, era coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, y secundó e impulsó todos los planes de Aguirre Rivero desde adentro de la organización. Ahora está preso.

Empujó la credencialización de los policías comunitarios de la CRAC sin consulta en asambleas. La credencialización de policías comunitarios era un primer paso para convertir a la Policía Comunitaria de la CRAC en Policía Rural, es decir, para oficializarla, según el plan de gobierno de Aguirre Rivero.

Otra persona pública que también parecía tener afinidad con el gobernador fue Bruno Plácido, quien participó en el proceso de fundación de la CRAC, pero que en ese año ya estaba separado de la organización e iniciaba un movimiento de autodefensa que después nombró Union de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Plácido acudió a varios de los actos públicos de Aguirre Rivero, con pase de invitado especial, a la par que “policías ciudadanos” de la UPOEG se asentaban en pueblos de las regiones Costa Chica y Centro. 

“Es un buen mensaje. Aquí están juntos”, dijo Aguirre Rivero ese 21 de enero que dotó a la Policía Comunitaria de vehículos y uniformes, sobre la asistencia de Bruno Plácido al acto de la CRAC en San Luis Acatlán.

Ese mismo día fue cuando propuso un decreto para que la Policía Comunitaria funcionara como auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales.

El contrapeso sobre la evidente intervención de Aguirre Rivero en la CRAC fueron los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, a la cual estaban adscritos Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salgado.

CASA DE JUSTICIA EL PARAÍSO 

La apertura de esta casa de justicia fue decidida el 22 de diciembre de 2012 en una Asamblea en La Concordia, otro pueblo de Ayutla: 23 pueblos mixtecos (na savi) se incorporaron al sistema de la CRAC. 

En realidad estaban apuntados cuatro pueblos más (Zapote, El Mezón, Ahuacachahue, y Coxtatlán Candelaria), de acuerdo a la primera relación que presentaron un mesa antes en Miahuichán (San Luis Acatlán), durante el aniversario 17 de la CRAC, pero ese día de la asamblea de La Concordia miembros de la CRAC denunciaron que la UPOEG interfirió y se quedó con ellos. 

Arturo Campos se convirtió en el líder del sistema comunitario en El Paraíso. Él fue uno de los gestores de que el sistema comunitario llegara hasta Ayutla.

La casa de justicia de El Paraíso creció rápido con su intervención. Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán y Atlixtac (Tlatlauquitepec) abrieron como sus extensiones. Gonzalo Molina y Nestora Salgado fueron parte de ese crecimiento.

Molina coordinó un grupo de policías comunitarios en el barrios de El Fortín, en Tixtla, llamado La Patria es Primero, y Salgado fundó la Policía Comunitaria en Olinalá.

Pronto se convirtieron en uno de los grupos más sólidos, por su claridad con los principios de la organización. Arturo Campos se negó a la credencialización de los policías de los policías comunitarios que impulsó el gobernador. 

Eliseo Villar, quien sí apoyaba la iniciativa de Aguirre, desconoció a Arturo Campos y a la Casa de Justicia de El Paraíso, y con eso –aun cuando no hay certeza de la legitimidad de su decisión, porque debió ser avalada en asamblea– justificó que la Ley 701 ya no los cobijaba. Sus acciones, como las detenciones y procesos de reeducación, se supone, ahora eran ilegales y el gobierno de Aguirre Rivero se los hizo ver.

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El 21 de agosto de 2013, policías estatales y federales, y militares y marinos con vehículos artillados y helicópteros llegaron hasta El Paraíso y desmontaron la casa de justicia de la CRAC. 

Las 43 personas presas en la casa de justicia y en proceso de reeducación fueron liberados en esas operaciones policías y militares. Una vez libres fueron los acusadores de los líderes comunitarios. 

El mismo día que intervinieron la casa de justicia, en un retén militar en Olinalá, detuvieron a Nestora Salgado. 

LOS LÍDERES COMUNITARIOS 

"Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Mira, soy Nestora Salgado, me encuentro aquí, en la salida de Olinalá, donde me tiene detenida el Ejército, no me han dicho por qué razón, solo sé que detuvieron la camioneta", dijo Nestora Salgado al aire a través de la señal de Radio Universidad esa tarde de agosto.  

A la detención de Nestora le siguieron 12 más de miembros de la CRAC: Bernardino García Francisco, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Abad Francisco Ambrosio, Rafael García Guadalupe, Florentino García Castro, Samuel Ramírez Gálvez, Benito Morales Justo, Eleuterio García Carmen, Ángel García García, Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera. 

Todos estuvieron en cárceles distintas por distintos periodos. Los policías comunitarios estuvieron encarcelados en penales locales, pero los líderes comunitarios, como Nestora, Gonzalo y Arturo, fueron llevados a cárceles distintas del país de mediana y alta peligrosidad. Los dos varones cerraron sus procesos en penales de Guerrero.

Molina González fue el último en salir en libertad. Su liberación ocurrió este jueves del penal de Chilpancingo, cinco años, tres meses y 24 días después. A él como a casi todos los detenidos de la CRAC, definidos por las organizaciones sociales de Guerrero como presos políticos, ya no pudieron sostenerles los delitos producto de no alienarse el gobierno de entonces, que en su caso eran terrorismo, privación de la libertad personal y robo.

Casi todos, aun con la fragmentación de la CRAC, ahora libres, siguen en la defensa de los derechos humanos y empujando el sistema comunitario. Gonzalo Molina tan pronto salió se fue al barrio de El Fortín a revisar su base de policías comunitarios.

"Los espero en la base de El Fortín, ahí vamos a estar, porque voy a llegar donde el pueblo está esperándome" dijo fuera de cárcel.

bl