A finales de febrero el regidor de Morena, Oscar Edmundo Aguayo, acudió al Congreso local para presentar una solicitud que inicie el proceso de revocación de mandato del alcalde panista Alejandro Navarro Saldaña, por «haber incurrido en violaciones graves y reiteradas a la Constitución del Estado».
Sin embargo, este miércoles la diputada Libia Denisse Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación (instancia en la que se analizará dicho proceso), dio a conocer que desde su perspectiva esta solicitud no es atendible toda vez que del documento presentado por el propio regidor, no se desprenden o se pueden comprobar las violaciones graves y reiteradas al marco normativo por parte del alcalde.
Libia Denisse Muñoz Ledo, Diputada.
"Derivado de lo que él mismo narra no se puede comprobar de manera fehaciente que verdaderamente hay violaciones graves y reiteradas a la constitución o las leyes", enfatizó la parlamentaria.
Y es que el regidor morenista señaló que las referidas violaciones tienen que ver con lo que ha estado ocurriendo durante la administración pública, “… el cerrar las puertas de las comisiones de la transparencia, también las declaraciones discriminatorias y que van en contra de la Ley de Discriminación para el Estado de Guanajuato cuando señaló que había turistas pobres”, precisó Aguayo.
Asimismo, el servidor público indicó y recordó cuando el presidente municipal, junto a otros funcionarios del ayuntamiento, usaron una patrulla para acudir a un partido en la ciudad de León mayo del 2019, cuyo hecho representa “una violación al Código Penal del Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas”.
Oscar Edmundo Aguayo, Regidor de Morena.
Por otra parte, Edmundo Aguayo señaló al alcalde Navarro por ejercer violencia política hacia las mujeres que integran el ayuntamiento capitalino. Sin embargo, el regidor precisó que esa violencia es más intensa y particular hacia la síndica María Elena Castro.
Libia Denisse hizo un llamado a que este figura no sea utilizado como un instrumento de golpeteo político, pues las consecuencias de la revocación de mandato implican quitar la responsabilidad al gobernante que fue electo popularmente.
Aún falta que las y los demás integrantes de la Comisión de Gobernación analicen el documento para determinar una decisión, aunque todo indica que se deseche la solicitud.