GUADALAJARA.- Por carecer de sustento las acusaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, este martes abandonó el reclusorio preventivo de Puente Grande el comandante Salvador Perea Rodríguez, quien fungía como subdirector de la Policía Investigadora, mejor conocido como J-3.
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El servidor público fue detenido al ser implicado en la orden de arrestar a manifestantes en el caso de Giovanni López, quien fue asesinado por policías de Ixtlahuacan de Los Membrillos, por no utilizar el cubrebocas, registrado hace un año en el fraccionamiento Valle de Los Olivos.
Una semana después, cientos de jóvenes pretendían manifestarse en las instalaciones de la Fiscalía Estatal de Jalisco, pero varios elementos de la Policía Investigadora detuvieron a varios de ellos y los subieron a camionetas de la dependencia, manteniéndolos desaparecidos por varias horas para después ser dejados en libertad en sitios despoblados.
El pasado 5 de junio, el gobernador Enrique Alfaro hizo un recuento de los hechos y aseguró que los responsables de las desapariciones forzadas estaban en la cárcel, pero omitió decir que solo uno de los servidores públicos estaba preso y los demás ya habían recuperado su libertad.
Durante el proceso, el juez Décimo Primero Penal Oral violó los derechos a la legalidad y seguridad jurídica al imputado, ya que no se tenía la debida fundamentación y motivación, luego de la acusación que realizó el agente del Ministerio Público no tenían las pruebas suficientes, según determinó un Juzgado de Distrito en un amparo promovido por su defensa.
De momento se desconoce si la liberación está condicionada o fue absuelto por falta de pruebas para procesar, por lo que ya no hay ningún servidor público detenido por este hecho y los demás involucrados mantienen una suspensión condicional del proceso.
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