TIJUANA. - La Ley Gandalla aprobada en Baja California planea ser consultada a través de un referéndum para validar su entrada en vigor.
El próximo año en Baja California no solo se juegan la gubernatura, los cinco Ayuntamientos y los 25 escaños del congreso local, sino que los alcaldes, regidores y diputados podrían buscar la reelección por primera ocasión, y lo podrían hacer sin tener que dejar el cargo para irse a la campaña.
La reforma constitucional que avala esto último, bautizada públicamente como “Ley Gandalla”, fue aprobada por los diputados de Morena y sus aliados el pasado 11 de mayo, y aunque podría enfrentar un referéndum constitucional para echarla abajo, hay opiniones encontradas sobre si esto será posible.
Referéndum, una consulta a contra reloj
Victor Espinoza Valle, académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef), no le ve mucho futuro en buena medida porque ya es tarde para cambiar las reglas de la elección del 2021, aunque la consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Graciela Amezola, prefiere esperar a la discusión en el Consejo General de ese órgano.
“Tendremos nosotros que revisar causales de improcedencia en una tercera etapa, en caso de que proceda (el referéndum)”, comentó la presidenta de la comisión de participación ciudadana y educación cívica.
De acuerdo con la ley, si se van a modificar las reglas para las elecciones, esto debe ser 90 días antes del inicio del proceso electoral, (que en Baja California es el primer sábado de diciembre por una reforma también de los diputados locales que la separó del arranque del proceso federal), lo que significa que el plazo para cambiar el marco legal venció en septiembre.
“Además empezaron muy tarde a solicitar el referéndum porque estaban contra reloj. Era muy difícil que se aprobara, incluso en el caso de Baja California que se retrasó el inicio del proceso electoral. Si hubiera arrancado el 7 de septiembre como el proceso federal, menos hubiera habido oportunidad”, comenta Espinoza Valle.
El referéndum es promovido por grupos sociales y empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que presentaron en el IEEBC más de 62 mil firmas el pasado 18 de agosto, luego de la publicación de las reformas a la Constitución local en el periódico oficial del estado, el pasado 16 de junio.
Aunque el camino hasta esa publicación tampoco estuvo exento de opacidad ante la ciudadanía, porque los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali, los tres más poblados del estado, no votaron la reforma en sus Cabildos, lo que el Congreso local tomó como una afirmativa ficta; mientras que Rosarito y Tecate votaron en contra.
Pese a eso, la “Ley Gandalla” libró el pasado 8 de septiembre la aduana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando ésta resolvió sobreseer la impugnación de los partidos de oposición en el estado, dejando el referéndum como última alternativa contra la reforma.
La Consejera Graciela Amezola dice que el impacto de la resolución de la SCJN será analizada por el instituto electoral, pero de cualquier manera la posibilidad de que los bajacalifornianos puedan opinar si los alcaldes, regidores y diputados pueden quedarse en sus puestos mientras piden el voto para reelegirse, parece al menos lejana.
El IEEBC está primero validando con ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE), que al menos 42 mil de las más de 62 mil firmas que recibieron para solicitar el referéndum aparezcan en el listado nominal, para después calificar la trascendencia o no del tema, y por último resolver si el referéndum es procedente.
“La pandemia nos ha afectado a todas las instituciones y tenemos que obedecer protocolos para guardar la salud de los servidores y las servidoras públicas del instituto estatal electoral, aunado a que las personas que están incorporadas a grupos vulnerables no están trabajando de manera física en la institución, y esta (la captura de las firmas) es una actividad que se lleva de manera física”, dice la consejera.
Referendum sería el primer proceso de participación ciudadana en BC
Si llegara a aprobarse la procedencia, la autoridad electoral deberá entonces elaborar el proyecto para realizar el referéndum, lo que incluye un presupuesto, y éste al final lo deberán definir los mismos legisladores que aprobaron la “Ley Gandalla”.
Por último, para que el resultado sea vinculante y los políticos tengan que separarse del cargo, esa opción debe ser respaldada por tres de los cinco municipios en una votación de casi 167 mil personas, de acuerdo con la presidenta de la comisión de participación ciudadana.
Confirma que sería la primera ocasión que habría un referéndum constitucional en Baja California desde su creación dentro de la Ley de participación ciudadana hace más de una década, aunque ya ha habido otros intentos por consultar a la población sobre temas de interés general, como fue el plebiscito para la instalación de una planta cervecera en Mexicali.
“No ha procedido nunca en el estado de Baja California ningún tipo de participación ciudadana por esta vía, porque además tiene requisitos estrictos”, comenta el politólogo Espinoza Valle, y eso lo sabe el IEEBC, que desde 2018 presentó una reforma a la Ley de participación ciudadana que no ha sido atendida por los diputados.
El trabajo detrás de la Ley Gandalla
En su favor, los legisladores que aprobaron con 18 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones la “Ley Gandalla”, establecieron en la reforma que durante la campaña no cobrarán su dieta mensual y que sin dejar el cargo será más evidente cuando alguien use los recursos públicos para promocionarse.
Aunque esto último, asiente el académico del Colef, ya sucede cuando los interesados en buscar un cargo público disfrazan propaganda personal como comunicados de prensa, así que la reelección sin dejar el cargo puede formar políticos de carrera y genera un ahorro porque no hay que pagar a los suplentes, añade.
Para él, el verdadero reto de los diputados, alcaldes y regidores que quieran reelegirse, estará más en el trabajo que hayan hecho o no por el partido que representan porque ellos deben postularlos de nuevo, y en el caso de Morena que ocupa hoy todas las posiciones que estarán en juego en 2021, dependerá de quién se queda con el control del partido en el estado.
En particular sobre diputados y diputadas pesarán sus votos en temas como la creación de nuevos impuestos, la presentación y doble rechazo de la iniciativa para permitir el matrimonio igualitario, pero sobre todo las reformas que pretendieron primero ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla, y después recortar la siguiente administración, conocidas como “Ley Bonilla 1 y 2”, respectivamente.
“Si ganara, por ejemplo, gente más afín al gobernador, para los cuatro que votaron en contra (de la ley Bonilla 2) y han votado otras iniciativas en contra, va a ser muy difícil sacar la candidatura”, apuntó.
De acuerdo con la consejera Graciela Amezola, la ampliación del plazo que solicitaron para culminar las tres etapas de revisión de la solicitud de referéndum constitucional vence el 8 de noviembre.
“El compromiso es no irnos hasta el 8 de noviembre”, comenta.