Dos personas, acusadas de supuesto intento de secuestro por habitantes de la comunidad Ejido Tlazintla, ubicada en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, fueron linchadas la noche del 10 de marzo, después de ser retenidas y golpeadas; fallecieron, sin embargo, cuando les prendieron fuego.
Estas dos muertes se suman a ocho que ocurrieron en 2018 tras cuatro linchamientos en Metepec, Chilcuautla, Tula y Tulancingo, por los cuales la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) inició carpetas de investigación, sin detenidos hasta el momento.
Aunque la policía estatal, en conjunto con la del municipio, acudió al sitio tras recibir el reporte de que dos individuos señalados por un posible delito habían sido retenidos por un grupo de ciudadanos, ya habían sido privadas de la vida tras la agresión, según el reporte que rindió la Agencia de Seguridad de Hidalgo.
La localidad quedó bajo resguardo, en tanto que peritos en criminalística y policías de investigación realizan las primeras diligencias para tratar de esclarecer el doble homicidio.
El 15 de agosto, después de decesos por violencia colectiva, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación general a los 84 municipios –entre los cuales, afirmó, encontró evidencias de posible omisión y negligencia para impedir que personas fueran privadas de la vida–, así como a la procuraduría, a la que pidió proceder contra funcionarios si no actuaron con base a protocolos para impedir los asesinatos.
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La recomendación general CDHEH-RG-001-18 fue emitida cuando la Secretaría de Salud de la entidad confirmó que tras 19 días de agonía, había fallecido otro de los cuatro hombres que fueron golpeados y rociados con gasolina en Metepec el 27 de septiembre, luego de que pobladores los sacaran del área de retención primaria del ayuntamiento, donde estaban bajo resguardo, acusados de fotografiar a menores.
Antes, el 30 de agosto, una pareja fue quemada viva en la localidad de Santa Ana Ahuehuepan, en Tula –una de las más vulnerables por la operación de grupos dedicados al robo de hidrocarburo– tras ser señalada por lugareños como ‘robachicos’.
El día 23 de ese mes, un hombre murió a consecuencia de quemaduras en 85 por ciento de su cuerpo tras haber sido acusado de participar en el robo de un vehículo, en Chilcuautla.
En tanto que, en Metepec, el 27 de septiembre, una turba prendió fuego a Agente del Ministerio Público B del distrito Judicial de Tulancingo, a quien acusaban –junto con tres personas más– de capturar imágenes de infantes con la supuesta intención de secuestrarlos.
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Además, existe otro caso en el que, en principio, las autoridades hablaron de linchamiento, pero después la PGJEH dijo que “presumía” una ejecución porque, afirmó,encontró proyectiles de arma de fuego percutidos. Se trata de un triple homicidio del 5 de octubre en Tulancingo.
La dependencia de gobierno informó sobre su hipótesis tras el crimen, pese a que el alcalde Fernando Pérez Rodríguez, en un comunicado previo, dijo estar consternado porque se hiciera justicia por propia mano en barrio Tejanecapa, y aseveró que “comete un delito quien ingresa a robar como quien le quita la vida a otro”, debido a que la supuesta reacción de los pobladores fue por un hurto a casa habitación.
La Comisión de Derechos Humanos inició la queja de oficio CDHEH-TB-0078-19 derivado de los acontecimientos en Ejido Tlazintla donde murieron dos personas de quienes hasta el momento se desconoce su identidad.
Los derechos que resultarían vulnerados, indicó, son derecho a preservar la vida humana, derecho a la integridad y seguridad personal, derecho a la protección contra toda forma de violencia y derecho a la suficiente protección de persona.
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