XALAPA, VER.- Durante cuatro de los cinco años de gestión de Miguel Ángel Yunes Linares como Director General del ISSSTE, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó malos manejos de la institución con un déficit de más de 100 mil millones de pesos en agravio de la hacienda federal.
El exgobernador de Veracruz, que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), fue director del ISSSTE de 2006 a 2010, en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo, él ha sostenido que su gestión no generó “ninguna irregularidad”.
“Toda mi gestión como Director General fue auditada tanto por órganos internos de auditoría, como por la Auditoría Superior de la Federación dependiente de la Cámara de Diputados, y por la Secretaría de la Función Pública, sin que se advirtiera en la misma ninguna irregularidad.
“Nunca fui requerido por ninguna autoridad por temas relativos a mi gestión como Director General del ISSSTE porque siempre actué con base en la Ley”, expuso en un comunicado.
No obstante, de acuerdo con las revisiones de la ASF, el ISSSTE no logró cumplir sus metas establecidas, y presentó en al menos cuatro años déficits multimillonarios en los que tuvo que intervenir el Gobierno Federal para sacar adelante a la dependencia federal.
Además, tampoco se cumplieron metas en atención médica; la recaudación de ingresos fue baja; no había suficientes médicos y enfermeras, así como camas disponibles para la atención sanitaria; entre otras irregularidades.
Adicionalmente, la ASF encontró inconsistencias en préstamos autorizados al instituto, pues al menos en 115 había irregularidades financieras por más de 2 mil 800 millones.
Sobre este último punto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunció al exmandatario poco después de resultar ganador en la contienda por la gubernatura de Veracruz (2016), señalando precisamente que, en ese rubro, se mantenía una vinculación con una financiera y empresas personales.
MANEJO IRREGULAR
Si bien, durante 2006, 2007 y 2008, la ASF determinó que en términos generales la operación de los recursos en el ISSSTE fue aceptable, lo cierto es que las metas establecidas para su correcto funcionamiento nunca fueron alcanzadas.
En el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior 2009, la Auditoría señala que el ISSSTE recaudó solo 73 mil 5 millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones para otorgar los seguros, prestaciones y servicios.
Ello, significa un 15.1 por ciento menos que los 84 mil 054 millones de pesos registrados como egresos.
“Los 73 mil 5 millones de pesos recaudados por el ISSSTE por concepto de ingresos no garantizan el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios para su población derechohabiente, debido a que se registró un déficit financiero de 11 mil 49 millones de pesos”, refiere el informe.
El monto del déficit fue cubierto con los recursos financieros transferidos por el Gobierno Federal, con base en el artículo 231 de la Ley del ISSSTE; dicho monto fue además superior en 35.8 por ciento al déficit registrado un año antes, en 2008, de 8 mil 134 millones de pesos.
En el informe, la ASF recuerda que entre 2006 y 2009, años en los de la administración del exgobernador de Veracruz hoy investigado, el Instituto siempre operó con números rojos.
Lo anterior contrasta con lo afirmado a principios de esta semana por el propio Yunes, quien señaló que nunca tuvo observaciones; si bien es cierto que la ASF hizo mayormente recomendaciones y solicitó sanciones administrativas, existen al menos cinco denuncias por hechos posiblemente constitutivos de delito, que se gestaron cuando este fue el Director General.
Al respecto, se indica en el apartado “Situación financiera del ISSSTE”, que los ingresos en 2006 del Instituto fueron de apenas 56 mil 737 millones de pesos, contra los 91 mil 301 millones de pesos que fueron gastados, lo que representó un déficit de 37 mil 564 millones.
Igualmente, en 2007 los ingresos del ISSSTE fueron de 57 mil 779 millones de pesos; ese mismo año, se erogaron recursos por 100 mil 471 millones de pesos, es decir, 42 mil 692 millones de pesos.
Para el 2008, los ingresos fueron de 59 mil 210 millones de pesos, cifra menor frente a los gastos de 67 mil 344 millones de pesos; ello implicó un déficit de 8 mil 134 millones de pesos.
En tanto, que para 2009, aunque el ISSSTE tuvo la mayor recaudación en cuatro años, es decir, de 73 mil 5 millones, el monto tampoco fue suficiente para cumplir con sus obligaciones, que ese año fueron en el orden de los 84 mil 54 millones de pesos, una diferencia de 11 mil 49 millones.
En todos los casos, el Gobierno Federal debió aportar dinero para el rescate del Instituto; así, se cuentan transferencias por 39 mil 152 millones de pesos en 2006; 65 mil 977 millones de pesos en 2007.
Para el 2008 las transferencias fueron de 9 mil 896 millones de pesos, y para el año 2009, el ejecutivo federal debió desembolsar 13 mil 382 millones para mantener a flote al Instituto, que seguidamente incumplió sus metas.
Eso no es todo, la ASF advirtió que, en 2009, mediante los servicios médicos, el instituto atendió a 6.5 millones de usuarios, pero registró un déficit de 9 mil 810 millones de pesos.
Se estableció que de haber demandado el servicio médico la totalidad de usuarios, es decir, 9.3 millones de personas, el déficit ascendería a 14 mil 035 millones de pesos.
IRREGULARIDADES EN PRÉSTAMOS
La ASF detectó manejos irregulares en los préstamos a los derechohabientes. Ya en 2016, la sección 32 del SNTE acusó al exgobernador de ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La organización gremial señaló que Yunes Linares, en su calidad de director general del ISSSTE, realizó un sistema de préstamo de dinero a maestros con la empresa Consupago.
Dicha compañía descontaba directamente de la nómina de los maestros; ahí se acusó que por el dinero que cobraba por cada préstamo, pagaba millonarias “comisiones” a tres empresas propiedad del exmandatario y familiares cercanos: Cobranza y recuperación SA de CV; Corporate Linkage SA de CV, e Intermediación Corporativa SA de CV.
Las tres empresas, de acuerdo con las denuncias del SNTE, coinciden en que son accionistas la esposa de Yunes Linares, Leticia Isabel Márquez Mora, y sus hijos Omar, Miguel y Fernando Yunes Márquez, actual alcalde de Veracruz.
Al respecto, en el 2009, señala la ASF, el ISSSTE otorgó 504 mil 744 préstamos personales por un monto de 13 mil 471 millones 820.3 mil pesos.
Aunque la cantidad significó un 1.2 por ciento menos que los 510 mil 969 préstamos autorizados para ese año, la cantidad se elevó en más de 304 millones 997.8 mil pesos que los previstos para ese 2009.
“La ASF detectó que el instituto emitió y pagó 115 préstamos por un monto de 2 mil 850. 4 miles de pesos a trabajadores y pensionados que tienen inconsistencias en las fechas de ingreso y emisión del préstamo, en los que no fue posible precisar si cumplen con la antigüedad; y 35 expedientes de préstamos personales por un monto de 984.9 miles de pesos no cumplen con la antigüedad determinada en la Ley del ISSSTE.
“Asimismo, se otorgaron 57,093 préstamos a trabajadores y pensionados, por un total de 299,587.7 miles de pesos, que rebasaron los montos máximos establecidos en la Ley del ISSSTE, y se evidenció que otros 9,989 préstamos rebasaron los montos máximos establecidos en las reglas de antigüedad por un total de 38,345.4 miles de pesos”.
En la observación de la Auditoría Superior, se señaló que tales inconsistencias fueron comunicadas “a la instancia correspondiente”.
Relativo a esto, la ASF realizó 53 revisiones al ISSSTE dentro de las cuentas públicas de 2000 a 2009, de las cuales ocho fueron de desempeño, 33 financieras y de cumplimiento, ocho de inversiones físicas, tres especiales y una de seguimiento.
Fue en la de 2009 en la que se practicaron más auditorías, con 11 revisiones, y por el contrario en 2002 apenas existió una.
Sobre los resultados que guardaron las revisiones de las cuentas públicas de 2006 a 2008 se emitieron 48 acciones correctivas que implican probables responsabilidades al ISSSTE.
De estas, 11 de ellas contenían pliegos de observaciones, 25 fueron por promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, seis denuncias de hechos y seis por financiamiento de responsabilidad resarcitoria.
ac