En cinco meses, por lo menos han matado a cinco empleados de la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada. Los cinco han sido asesinados a balazos. Y las investigaciones apuntan a una disputa por el control por el tráfico de drogas, vía marítima, desde Sudamérica y con destino a Asia.
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La última víctima fue Jesús Ramón Flores Sánchez, a quien mataron el 23 de enero. Originario de San Quintín, tenía 28 años de edad, estudiaba Derecho y en diciembre cumplió un año trabajando en Baja Corp, dentro de la terminal de contenedores, donde se encargaba de monitorear las cámaras del lugar.
Ese día, Jesús Ramón viajaba al trabajo en bicicleta cuando fue interceptado por los ocupantes de una camioneta, quienes le dieron seis disparos.
Dos días antes, la madrugada del martes 21, el delegado del Sindicato del Puerto, Julio César Soto Murillo, de 43 años de edad, fue atacado a balazos, en Privada Puertecitos del fraccionamiento Lomas de la Presa.
Al igual que Jesús Ramón, su trabajo consistía en mantener las cámaras de los llamados tierra a bordo, para enganchar los cajones, descender del barco y posteriormente tramitar el arribo del mismo.
Otro empleado asesinado fue José Ignacio Ponce, quien había sido amenazado de muerte. Cambió su domicilio a Playas de Rosarito, pero en diciembre de 2019 sufrió un ataque a balazos en la Vía Rápida de Tijuana.
José Ignacio era cuñado de Said Cortez Bojórquez, de 24 años, quien fue asesinado a tiros la noche del sábado 18 de enero cuando circulaba sobre las calles Jesús Fisher y 16, Colonia Loma Linda, en un pick-up Ford color blanco. La víctima arribó al hospital con exposición de masa encefálica y murió minutos después.
El 2 de septiembre de 2019 también fueron asesinados a balazos Omar Alejandro Martínez Juárez y Carlos Meza Hirales, al circular a bordo de una camioneta Jeep Nitro color negro.
Una de las versiones sobre estos asesinatos es que este grupo de trabajadores fue obligado a cambiar de bando y seguir las órdenes de una célula del Cártel de los Arellano Félix en Tijuana, la cual también opera en el sector norte de Ensenada.
Zona de guerra
Un reportaje del semanario Zeta revela que la pugna por el control de la API comenzó el 22 de agosto de 2019, con la aparición de cinco narcomantas en Ensenada, dirigidas a Víctor Manuel Padilla, “El Chatarras”, y agentes de diversas corporaciones.
De acuerdo con información que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), Padilla recibe cocaína, que baja en contenedores que llegan al puerto de Ensenada y siguen la ruta de distribución bajo contrato con empresas transportistas.
En esta trama entra un personaje apodado “El Marino”, quien ha intentado cobrar piso a Padilla. La negativa detonó las amenazas y atentados.
De hecho, el año pasado “El Chatarras” libró la muerte tras ser atacado en dos ocasiones con arma de fuego.
Esta batalla de baja intensidad ha intensificado, por otra parte, la renuncia de más de una docena de trabajadores.
Actualmente, la API no tiene personal suficiente para operar la terminal y, de igual forma, trascendió que se colocaron antenas para monitorear conversaciones del personal.
Se cree que algunos de los homicidios recientes tienen relación con un buque que arribó al puerto con cocaína y a las horas lo dejaron ir: el Adrian Schulte, liberado por la FGR el 11 de junio de 2019, día en que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en Ensenada, hallaron y aseguraron un cargamento de 79 kilogramos de cocaína a bordo.
Con bandera maltesa, el Adrian Schulte es uno de los 18 barcos que realiza una ruta normal por Ensenada, saliendo desde Sudamérica y terminando en Asia.