Francisco Javier Monge Araiza demandó un juicio político contra la Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras, por privación ilegal de la libertad, tortura y fabricación de delitos.
Se trata de quien fuera director del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) en la administración del exgobernador panista Guillermo Padrés Elías.
El martes, acompañado de su defensa legal, se presentó ante el Congreso del Estado para hacer la solicitud formal a los diputados locales. “Vine a presentar una denuncia de juicio político en contra de Claudia Indira Contreras Córdova porque me lo instruyó el Juez de Control del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. A eso vengo. No es un capricho de Pancho Platas, he hecho allá afuera lo correspondiente”, expresó.
Como él mismo lo mencionó, el exfuncionario padrecista es conocido por el sobrenombre de “Pancho Platas”, un prominente empresario dedicado a la ganadería y caballeriza.
Pero también fue uno de los excolaboradores de Padrés Elías más señalados en la administración estatal, acusado de desvío de recursos con contratos “a modo” para obras públicas del estado.
En los informes del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, órgano auditor sonorense, la dependencia a su cargo acumuló más de 238 observaciones, con un presunto quebranto patrimonial de 17.1 millones de pesos.
La detención
Un año después de que la gobernadora priista Claudia Pavlovich tomara protesta, y en medio de una serie de detenciones de exfuncionarios panistas, Monge Araiza fue arrestado el 11 de septiembre de 2016 en el municipio de Bacadehuachi, donde residía después de terminar el sexenio.
La información oficial del momento señalaba que el exfuncionario fue detenido cuando circulaba por calles del municipio, a bordo de su automóvil, en posesión de 20 gramos de droga “cristal” y un arma calibre 7.65 milímetros.
En ese entonces circuló su fotografía por todos los medios de comunicación, al igual que la de su acompañante, Manuel Antonio Fimbres Villaescusa. “Pancho Platas” fue turnado a la delegación en Sonora de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pero 10 días después logró salir en libertad, al pagar una fianza de 2 millones 500 mil pesos. Sin embargo, el 3 de octubre fue detenido nuevamente, pero esta vez trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) #5, ubicado en Villaldama, Veracruz. En esta ocasión duró más de 90 días, hasta que pagó 3 millones de pesos para llevar el proceso en libertad. 
Choque de versiones y controversias
Ante esto, Francisco Monge Araiza alzó la voz. Hizo pública su versión de los hechos y desmintió lo dicho por las autoridades estatales y la ahora Fiscalía General de la República.
Primero lo hizo por la vía legal, al interponer una denuncia por tortura, siembra de evidencia y amenazas, ante el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.
Después habló con los medios de comunicación, a quienes expuso la forma arbitraria en la que fue detenido.
El exfuncionario en el gobierno de Guillermo Padrés contó que la madrugada del 11 de septiembre de 2016 fue sacado a la fuerza de su domicilio en Bacadéhuachi, por ocho elementos de la entonces Policía Estatal de Investigación, hoy Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
Ahí, los agentes le pidieron dinero a cambio de su libertad, de acuerdo con su versión.
“En Bacadéhuachi, hombres encapuchados me sacaron de la casa, dijeron que el amparo que tenía no les importaba, que sabían que me había robado 300 millones de pesos del gobierno y se los tenía qué pagar. En 250 periódicos salí como narcotraficante, pero a mí me sacaron de mi casa”, relató.
Además, “Pancho Platas” aseguró que fue torturado cuando se encontraba en detención, con golpes en su cuerpo y descargas de electricidad en sus partes nobles.
También, durante este proceso judicial, después de denunciar el actuar de las autoridades, acusó al gobierno estatal de amenazas para desistir. Dijo que en una ocasión entraron a su casa y golpearon a su esposa, de dos meses de embarazo.
Finalmente, el exfuncionario logró que la FGJE se desistiera de cualquier acción legal en su contra, así como se desestimaron los hechos investigados por la FGR, como la portación de arma de uso exclusivo del ejército, por falta de pruebas.
Acusan desacato de funcionarios
Por medio de un amparo interpuesto ante instancias federales, en abril de 2018, un juez ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora investigar el actuar del ahora exsecretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, y del entonces Fiscal de Justicia, Rodolfo Montes de Oca por desacato.
Esto, debido a que los funcionarios se desistían de proporcionar información sobre los agentes involucrados en su detención.
Sin embargo, tanto el secretario de Seguridad y el Fiscal sonorense presentaron su renuncia en octubre de ese año, debido a una serie de ataques contra policías y una ola de violencia que se desató en la entidad.
Es por ello que ahora el excolaborador padrecista responsabiliza a la ahora Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova, de omitir información sobre estos agentes para que su caso avance.
¿Qué dice la autoridad estatal?
El titular de la SSP y el Fiscal Rodolfo Montes de Oca declararon en ese tiempo que el asunto se resolvería en los tribunales, sin dar más detalles de la situación.
“Yo no tengo nada que ver con eso, no tengo ninguna notificación al respecto y no voy a hacer declaraciones más que en los tribunales”, declaró en abril de 2018.
La actual Fiscal, Claudia Indira Contreras, se pronunció sobre el caso, poco después de tomar posesión del cargo y aseguró que revisaría la situación de algunos casos polémicos como el de Gisela Peraza, Guillermo Padrés Elías y el de Francisco Monge Araiza.