OAXACA, Oaxaca. - Comunidades, autoridades municipales y agrarias de la sierra sur de Oaxaca iniciaron una resistencia pacífica para evitar el ingreso y operación de cualquier minera a esta región del estado, donde la marginación y pobreza se palpa a flor de piel.
El enojo de los habitantes por los daños que las empresas mineras han ocasionado en distintas zonas del estado, los motivó a conformar el Frente Regional de la Sierra Sur por la Defensa del Territorio, los Recursos Naturales y la Autodeterminación de los Pueblos Originarios, para impedir la entrada de Fortuna Silver Mines, de origen canadiense, misma que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.
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El pasado 26 de septiembre, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, alrededor de mil 500 habitantes y representantes de otras 10 comunidades de la región, se pronunciaron por solidarizarse para resguardar y proteger sus territorios.
Esto, debido que consideran como un peligro la concesión de 90 mil hectáreas de los Valles Centrales para la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., en las comunidades indígenas y campesinas que conforman los distritos de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán.
Para los habitantes de esta región es necesario denunciar el modelo extractivo y visibilizar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos, comunidades indígenas, rurales y campesinas ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros.
Tras los acuerdos emanados se determinó declarar a la Sierra Sur, territorio prohibido para la minería.
Juicio popular contra mineras
Los pobladores en resistencia determinaron iniciar un juicio político durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.
El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.
Más de 300 concesiones operan
De acuerdo con el organismo civil Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), en Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia).
Ninguna de estas concesiones y proyectos cuenta con la aceptación de los pueblos donde se han impulsado.
Conflictos, división y muerte dejan mineras
Las consecuencias de los proyectos mineros no sólo son al medio ambiente y recursos naturales, también derivan en la polarización de las comunidades, cuyo ejemplo es San José del Progreso donde nació la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).
Los integrantes de la COPUVO integrada por pobladores se oponen desde el 2008 al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver INC. Tras varios roses tanto con la empresa y autoridades de San José del Progreso, quienes apoyaban su operación, en 2012 se dio un ataque violento.
El 15 de marzo de ese año, Bernardo Vásquez Sánchez, coordinador de la COPUVO fue asesinado en el ataque tras recibir dos balazos en el pecho, su hermano Andrés Vásquez Sáchez fue herido de bala en un brazo y Rosalinda Dionicio, recibió dos impactos de bala.
Aunado a ello, las condiciones seguras en las que laboran los trabajadores al interior de las minas provocó dos muertes el año pasado.
En la minera Don David Gold, filial de la empresa Gold Resource Corporation (GRC), que opera desde el 2005 en San José de Gracia, perteneciente a Totolapam, murieron dos trabajadores en enero de 2017. Roberto Díaz Díaz, de 35 años, perdió la vida al caerle de una plataforma encima y Daniel Jiménez Ruiz, muero al quedar atrapado al interior de un túnel tras un derrumbe.
Fortuna Mines Silver acapara 80 mil hectáreas
De acuerdo con EDUCA sobre una investigación hecha sobre FMS, detalla que la empresa opera en el estado con cuatro filiales registradas en México, acaparando y despojando 80 mil hectáreas de territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, la cual equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.
Según menciona, en un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales, la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones aproximadamente, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, principalmente en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.
Las concesiones “propiedad de FSM” afectan directamente 35 municipios de los Valles Centrales: Taniche, Coatecas Altas, San Miguel Ejutla, Ejutla de Crespo, Santa Lucía Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Pedro Taviche, San Miguel Tilquiapam, San Martín de los Cansecos, San Jerónimo Taviche, San Baltazar Chichicapam.
Además de Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Pedro Apóstol y San José del Progreso en la región Ocotlán-Ejutla y San Lorenzo Albarradas, San Dionisio Ocotepec, Santa María del Tule, Yaxe, Santo Domingo Tomaltepec, Santiago Matatlán, Santa María Guelace, Santa Cruz Papalutla, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Abasolo, San Lucas Quiaviní, San Juan Teitipac, San Juan Guelavía, San Baltazar Chichicapam, Rojas de Cuahutémoc, Magdalena Teitipac, San Francisco Lachigoló, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle y Tlacolula de Matamoros, en la región de Tlacolula.
mvf