Xalapa Ver. (La Silla Rota).- “Con todo el corazón, con todo afecto quiero decirles que lo siento mucho (…) darle la confianza a todos los policías de que el Gobernador está pendiente de ellos, está cerca de su familia”, fueron las palabras de Miguel Ángel Yunes Linares en el funeral de Gregorio Agustín Cruz, subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acribillado en un emboscada en José Azueta, Veracruz.
Gregorio Agustín, de 43 años de edad, fue uno de los 10 policías de la SSP que han perdido la vida en cumplimiento de su deber durante la presente administración. Pese al respaldo institucional que ha reiterado el mandatario, a las familias de estas víctimas les fue negada la reparación integral del daño y apenas recibieron el 50 por ciento de lo que obliga la Ley Federal del Trabajo.
La Silla Rota comprobó mediante la solicitud de información folio 007253181, que la dependencia -a través de un seguro institucional- destinó únicamente 2 millones 821 pesos para repartirlo entre las 10 familias de los oficiales caídos, es decir, a cada una le correspondió, en promedio, 282 mil 100 pesos.
De acuerdo con el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de la muerte de un trabajador la indemnización será equivalente al importe de cinco mil días de salario mínimo, lo que significa 441 mil 800 pesos; casi medio millón por cada familia agraviada.
Aunado a la anterior, la reparación del daño por la muerte de los 10 agentes tampoco se realizó de manera integral como lo dicta la Ley Estatal de Víctimas, que en Veracruz se aprobó el 30 de marzo de 2017. Dicha Ley obliga a pagar, en primera instancia a los responsables de estos crímenes y, en caso de no haber detenidos, al Gobierno estatal a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
Sin embargo, en el documento del que este medio tiene poder, ningún apartado hace referencia a este derecho de las víctimas indirectas -las familias- y solo precisa el concepto de seguro institucional que incluye “las percepciones y prestaciones ordinarias y extraordinarias de conformidad a su fecha de fallecimiento”.
Este medio consultó al asesor jurídico federal Raúl Cabrera Rojas, quien explicó que se debe tomar en cuenta el salario percibido por la víctima, que de acuerdo con los familiares agraviados -policías rasos- oscilaba entre los 8 y los 10 mil pesos mensuales y después multiplicarlo por el número de años que le habría restado vivir según los estándares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es entre 71 y 72 años.
Con base en el informe de la SSP, los edades de los agentes caídos van de los 28 a los 62 años de edad. Es decir, a las familias de los dos policías más jóvenes, con 28 años cada uno, le corresponde entre 352 y 440 mil pesos. Este pago es adicional a lo que obliga la Ley Federal del Trabajo.
“Al ser trabajadores del Estado, no basta con brindarles los seguros de riesgo por muerte a las familias; pues también son víctimas de un delito y deben ser reparadas de manera integral. De no hacerlo, serian víctimas de violación a derechos humanos también por negarles el reconocimiento de la calidad de víctima y el sacrificio realizado en aras de la seguridad de los veracruzanos.
“Pareciera que únicamente se lamenta su perdida a los familiares pero no se vela por ellos; en estos momentos el Estado, por medio de sus Instituciones, debe ser garante de los derechos de sus servidores públicos. De lo contrario se pudiera acarrear una apatía de los demás policías al exigírseles el arriesgar la vida en actividades inherentes a su encargo”, opinó Cabrera Rojas.
¿Quiénes son los policías caídos?
La respuesta de la SSP vía Infomex Veracruz, reporta que de los 10 policías estatales que perdieron la vida, tres fueron en 2017 sus edades eran de 48, 35 y 28 años y todos fueron abatidos en los municipios de Sayula de Alemán, Pánuco y La Tinaja; las fechas de fallecimiento son: 07 y 29 de marzo y 23 de junio de 2017.
El resto de los oficiales fallecieron el 17 de enero, 23 y 31 de marzo de 2018, sus edades eran 43, 28, 62, 47 y 22 años; en los municipios de Veracruz, Jose Azueta y Amatlán de los Reyes. Los diez policías son hombres y sus muertes fueron reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Las causas de los decesos fueron las siguientes:
1.- Encontrándose en recorrido de patrullaje en su unidad, al ser rebasado por un autobús de pasajeros, éste golpea a la patrulla, provocando la desestabilización de la misma, saliendo proyectado de la unidad el policía que viajaba en la batea, muriendo sobre la carretera.
2.- Hipovolemia secundaria a sección traumática de grandes vasos del cuello y femoral derecha por proyectil de arma de fuego; 3.- Atropellado al momento que se disponían a establecer un puesto de control; 4.- Choque hipovolémico secundario a heridas por proyectil de arma de fuego penetrantes en tórax y abdomen.
5.- Al pasar por una tienda de abarrotes se dio cuenta que estaban asaltándola y por tratar de evitar el robo éste fue abatido a tiros; 6.- Al atender un llamado de auxilio en su patrulla éste fue emboscado y abatido a tiros; y 7.- En operativo de contención para evitar fuga, al generarse un incendio fueron acorralados en una sección quedando atrapados falleciendo por asfixia.
Sobre estos hechos, el informe de la SSP especifica que cada una de las familias recibió 25 mil pesos por gastos funerarios y que recibirán una pensión vitalicia, apegada a la “Ley número 290 para el otorgamiento de beneficios a deudos de integrantes de las instituciones de Seguridad Pública del Estado caídos en cumplimiento del deber”, por un monto estimado en los 11 mil pesos mensuales.
Si bien, el documento establece que los hijos de los policías finados recibirán becas escolares a través de la Dirección de Becas de la Secretaría de Educación de Veracruz, también advierte que se entregará una vivienda a las personas que no cuenten con una, o que no sean beneficiarios en alguna herencia.
Entre los casos destacados de los policías finados, destaca Gregorio Agustín Cruz, subdelegado con base en Juan Rodríguez Clara, que murió el 23 de marzo de 2018 a quemarropa en una emboscada propiciada por sujetos, presuntamente relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las víctimas más recientes, según el documento de la SSP, fueron tres policías estatales -más un cadete y dos policías municipales- que murieron el pasado 31 de marzo por asfixia en un motín en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes.
jamp