Nuevo León.-Martha, Laura y Josefina laboraron un par de años para el Instituto Estatal de la Mujer (IEMUJER) de Nuevo León y sintieron la impotencia de solucionar los casos de mujeres agredidas y jóvenes embarazadas, pues aseguran que el ambiente burocrático y de escasez de infraestructura se los impidió.
En marzo pasado, empleados de IEMUJER se manifestaron debido a que no habían recibido el sueldo de un mes. Sin embargo, pese a que ya le fue pagado el adeudo, los trabajadores de la dependencia aseguran que aún existen varias irregularidades en el desempeño de su trabajo, entre ellos que deben desplazarse grandes distancias para llegar a las zonas de empleo con su propio dinero, que son obligados a cumplir una cifra de casos al mes y que especialistas en psicología o trabajo social han sido llevados a cubrir baches como parte de eventos políticos.
Antes de las ocho de la mañana, Martha, Laura y Josefina -abogada, psicóloga y trabajadora social, respectivamente- abordaban diariamente un repleto y desvencijado autobús de línea camionera que pagaban con su salario y que les transportaba a municipios rurales del norte del estado a una o dos horas de distancia para cumplir con su trabajo.
“Lo tomamos en la central de autobuses o bien en la salida de la zona metropolitana al norte para viajar unos 40 o 50 kilómetros a municipios como Ciénega de Flores, Sabinas Hidalgo(a 100 kilómetros al norte), Zuazua, Hidalgo, entre otros”, recuerda Laura.
Su área de trabajo era, casi siempre, un cuarto semiabandonado con un viejo escritorio y un par de sillas que el alcalde en turno le prestaba al IEM. En el mejor de los escenarios, encontraban alojo temporal en oficinas municipales del poblado.
Aunque están conscientes de que cobraban por honorarios en el programa que va de marzo a diciembre, los trabajadores denuncian insensibilidad por parte de los jefes, a quienes acusan de pretender dictar directrices cuando ni siquiera conocen el campo de trabajo.
“Cuotas” de casos
Con sueldos que oscilan entre los 12 y 14 mil pesos mensuales - de los cuales deben pagar su transporte y comida quiénes van a municipios rurales- el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef) obliga a los profesionistas a realizar hasta 700 atenciones o servicios por equipo durante la duración del mismo y que es de unos diez meses.
Los equipos están integrados por una abogada, una psicóloga y una trabajadora social y están también obligados a realizar al concluir sus labores diarias, trabajo extra en su casa para conformar una base de datos extras de los asuntos que se ven.
“A los equipos integrados por abogados, psicólogo y trabajadora social se les obliga a registrar entre 800 y mil casos mensuales, de lo contrario podríamos no cobrar a tiempo, inclusive nos vemos en la necesidad de acudir en busca de las mujeres agredidas para pedirles que denuncien o acudan a nosotros”, acusa Lorena, psicóloga.
“Me siento obligada a presionar a la usuaria para que haga la denuncia en contra del marido, cuando ellas se rehúsan y en los trámites ante los juzgados debo pagar de mi dinero copias o material que haga falta, pues no hay ni para fotocopias”, explica la abogada Martha.
Tercia Josefina, la trabajadora social: “Para realizar mis encuestas pago las copias en muchas ocasiones hasta los lápices o tengo que solicitar al alcalde o secretario del Ayuntamiento de los pueblos que nos den chance de sacar copias”.
“Cuando hay baja productividad por cuestiones ajenas a nosotros, en las reuniones internas salen las advertencias de no pagar o en su defecto nos exhiben ahí”, añade.
Grupos de acoso
Un asunto que califican de grave y que ha creado la división entre empleados, es un sistema impulsado por los personas en puestos de mando al interior del IEM por los jefes al formar una especie de policía entre los propios empleados que se vigilan unos a otros.
“Se forman los grupos, no hay camaradería, muchos estamos divididos, estresados porque sabemos o suponemos quienes de nuestros propios compañeros pasan los chismes, en su mayoría sin fundamento”, afirma el abogado Germán.
Una psicóloga que prefiere el anonimato se lamenta de que además de las raquíticas condiciones en que prestan el servicio en los municipios rurales, no haya privacidad para atender los casos.
“Casi siempre andamos en busca de un rincón para atender con privacidad a la usuaria, a la cual tenemos que ver en medio de altas temperaturas que alcanzan arriba de los 40 grados en verano, por lo que nos vemos en la necesidad de comprar agua y ofrecer algo a las humildes mujeres”.
Por si fuera poco, dicen quienes están más vinculados que si el alcalde del municipio al que les toque visitar no ve con buenos ojos al IEM y a su presidenta, el apoyo es prácticamente nulo, por lo que a veces no tienen donde despachar.
“Nos pagan por honorarios, sabemos de esto, pero son insensibles, nos llevamos más de dos horas de ida y vuelta a los municipios cada día, no podemos enfermarnos o no hay pago”, manifiesta Josefina.
Ponen a psicólogos y trabajadoras sociales a “bachear”
Además de las irregularidades antes mencionadas, los trabajadores aseguran que en ocasiones han sido utilizados por Yamilett Orduña Saide, presidenta de IEMUJERES, para cuestiones políticas, como sucedió recientemente en el municipio conurbado de García, al poniente metropolitano, en donde tuvieron que acudir los equipos de profesionistas a tomar pala y pico para tapar baches en las calles.
Los inconformes (también hay hombres en los equipos de profesionistas) acusan que se les pidió vestir la playera alusiva al IEM y fue la propia Yamilett Orduña quien encabezó los trabajos de bacheo y se muestra alegre por la labor, según fotografías del día. Si alguien hubiese osado no acudir, seguramente habría sido sancionado o su contrato de trabajo rescindido.
“Pero bueno, nos llevaron al municipio de García a tapar baches, al menos nos sacaron a dar la vuelta”, ríen los inconformes.
Rosalba una trabajadora social que laboró en la pasada administración cree que estaban mejor con la presidencia de la experimentada María Elena Chapa, que fue removida por El Bronco, el gobernador Jaime Rodríguez, a su llegada al gobierno.
Seguimiento a los casos
Además del bajo sueldo, recrimina la falta de equipo y profesionalidad con la que se siguen los casos, así como la falta de condiciones de seguridad para los equipos de trabajo.
“Algunos de los casos, por no decir números, se quedan en el olvido, no hay seguimiento, ya sea por cuestiones burocráticas o porque el usuario desiste. Mujeres golpeadas por su pareja, hijos agredidos, jovencitas embarazadas y maridos alcohólicos, es el común denominador”, dice Irene una abogada quien aclara que además la falta de recursos y equipamiento detienen los programas de apoyo.
“Por si fuera poco la adversidad laboral la falta de equipamiento en las zonas rurales, la inseguridad es grave, nos da miedo ver gente con armas, grupos que se pasean por el pueblo, que se adueñan del lugar, mientras los policías son escasos o no los hay”, indica la abogada Lorena.
“Muchos jovencitos y hasta mujercitas metidas en el mundo de la violencia, los municipios rurales son presa fácil de los grupos de la delincuencia”.
“Pero la situación va más allá, el hostigamiento a las mujeres, a las jóvenes es común y nadie hace nada por evitarlo, pues podrías ser baleado si sales en defensa”, recuerda aún con temor Josefina, la trabajadora social quien en más de una ocasión faltó a laborar por el miedo.
Aunque el Paimef se maneja con recursos federales, por primera vez el IEMUJERES recurre a recursos estatales para la operación de 13 módulos que ofrecen servicios de asesoría.
“Se suman ( los 13 módulos) a los 15 existentes que ofrecen asesoría jurídica, atención por violencia y gestión de servicio social”, menciona un comunicado de la dependencia.
“Los nuevos equipos multidisciplinarios trabajan en brigadas en municipios donde se decretó la alerta de violencia de género el 18 de noviembre de 2016 y que son Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey”, destaca.
Tras la manifestación de trabajadores, la presidenta de IEMUJERES indicó que ya se pagó ya el mes de marzo que estaba pendiente y atribuyó el problema a cuestiones administrativas y de índole de procedimientos ante la tesorería estatal.
Las protestastas también se dieron en redes sociales donde se desataron comentarios en su mayoría de crítica a la dependencia: “Perdiste el rumbo Yamilett Orduña. Este instituto fue creado para ayudar a las mujeres. Tú estás haciendo exactamente lo contrario”, recrimina la usuaria Annia Gómez.
Adriana Gómez dice: El equipo de trabajo del Instituto Estatal de Mujeres estamos inconformes con el plan de trabajo que se realiza en beneficio de las neolonesas, en apoyo por la alerta de violencia de género contra las mujeres.
Aracely Ibarra también cuestiona en Facebook que el IEM no haya apoyado a su sobrina quien por estar embarazada fue despedida sin pago alguno de su empleo.
Ante el incremento de quejas y denuncias en redes sociales, la titular de IEMUJERES señaló en una :
“Si alguien tiene algo que decir… que lo escriba aquí!!!!
Derecho a: La libertad de expresión”, manifiesta en su cuenta de Facebook la titular del IEM.
"Hay falta de equipo"
Por su parte, en respuesta a los cuestionamientos de los empleados, la coordinadora de Comunicación Social del Instituto Estatal de las Mujeres, Maricela García Elías, aceptó la escasez de infraestructura para el cumplimiento de las labores de los equipos y atribuyo la situación a la tardanza en la llegada de recursos.
“Entendemos la molestia, pero una silla y una mesa en los espacios de institutos municipales o lugares que nos apoyan los alcaldes es lo que hemos otorgado. Hay un procedimiento para obtener el presupuesto y ya no tardan en llegar para mejorar la infraestructura”, dijo la portavoz.
Sin embargo, rechazó los hostigamientos y presiones hacia los empleados y asevera que no hay razón para acusar de ello a las autoridades del IEM; “ Es trabajo que se requiere y que los equipos saben bien que corresponden a las labores como el de llevar estadísticas y archivos sobre la actividad”.
“ Es preferible dar el servicio con una mesa y una silla a no darlo”, destaca García Elías quien recuerda que la titular del IEM, Yamilett Orduña les ha dicho a los empleados que tienen contratos mensuales que “ el que no esté de acuerdo con las condiciones, tiene la libertad de retirarse, no los retenemos”.
Insiste: “ Entendemos la situación, pero el recursos económico está en trámite y sigue una curso, no tarda en llegar para mejorar el entorno de trabajo.