SINALOA (La Silla Rota).-“Cuando me di cuenta, había marinos y militares en mi habitación, me comenzaron a golpear refiriéndose a mí por un nombre que no conocía, frente a los ojos de mi hijo menor y de mi esposa, quien también fue atacada. En el cuarto de enfrente, mis otros dos hijos lloraban, para callarlos uno de los aprehensores golpeó con su arma en la costilla derecha al mayor de tan sólo siete años…”
Era la madrugada del 14 de noviembre de 2014, Javier (se cambió el nombre para proteger su identidad) se encontraba en su casa, ubicada en la capital del estado de Sinaloa, durmiendo en compañía de su esposa y sus tres hijos de siete, tres y un año. Ese fue el día en que su él y su familia quedó marcada por los presuntos abusos por parte de Marinos en Sinaloa, relatados para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El reloj marcaba las 3:00 horas, cuando Javier escuchó fuertes golpeteos en la puerta de su casa. El hombre de 40 años se levantó sin esperar que seis elementos de la Marina y del Ejército Mexicano ya se encontraban dentro de la recamara donde dormía.
Los efectivos de las fuerzas federales se refirieron a Javier con un sobrenombre que nunca había escuchado. Pese a repetir una y otra vez que él no era la persona que buscaban, los uniformados únicamente le dijeron “tú eres, no te hagas… te vamos a amarrar, te vamos a llevar y nos vas a decir dónde están los demás”.
Los aprehensores acorralaron a Javier y lo golpearon en la cabeza, en presencia de su esposa y de su hijo menor.
La esposa de Javier, alterada por lo que sucedía, comenzó a exigirles explicaciones, pero la respuesta de los militares fueron dos cachetadas.
Los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) entraron a la habitación donde se encontraban los dos hijos mayores de Javier, quienes comenzaron a llorar al presenciar el escenario.
Para callar los lloriqueos de los niños, uno de los aprehensores golpeó con un arma en la costilla derecha del niño de siete años, el menor continuó llorando por el dolor y por atestiguar el ataque a sus padres.
Ante dicho panorama, Javier no tuvo otra opción más que aceptar su detención con la esperanza de que dejaran en paz a su familia. Cuando los uniformados dejaron el lugar, la esposa de Javier se dirigió a la planta baja sólo para ver el interior de su casa destruida.
Dejaron la casa devastada y a cambio se llevaron celulares, aparatos electrónicos, relojes, alhajas, la mochila de uno de sus hijos y diez mil pesos, todo con la firma de los militares en la puerta de la casa: la suela de una bota de los elementos aprehensores.
Mientras, Javier era llevado en pijama y descalzo con la cara cubierta hasta una camioneta blanca, dónde fue subido únicamente para ser golpeado con un palo, a la par que le decían, entre otras cosas, “te va cargar la verga”.
Tras la golpiza, Javier fue obligado a detallarles como encender su propio automóvil, el cual fue tomado por las fuerzas federales para trasladarlo. Él se encontraba en la parte trasera, con un marino a cada lado, además del piloto y copiloto.
Los militares y marinos lo llevaron a diferentes casas de la ciudad, para que identificara a las personas que vivían en los diferentes domicilios donde paraban.
En todo el camino, Javier fue golpeado para que colocara la cabeza sobre sus rodillas y así no viera hacia dónde se dirigían.
Ante la insistencia de Javier de no saber nada, lo llevaron a una casa donde lo vendaron, le colocaron una toalla mojada en el pecho, le dieron toques, le colocaron bolsas en la cara para asfixiarlo, para finalmente quemarle y arrancarle pedazos piel de los pies.
Tras la tortura, lo llevaron a un destacamento de marinos, a un costado del parque “Ernesto Millán Escalante”, en Culiacán, Sinaloa, donde permaneció sentado dentro de un vehículo. Las amenazas y agresiones en ningún momento se detuvieron.
La tranquilidad llegó cuando una doctora revisó sus heridas, las curó y emitió su valoración médica. No sin antes ser amenazado sobre decir que las lesiones habían sido provocadas por una caída.
Cuando la doctora abandonó el lugar, un marino se acercó y le comentó: “por no querer cooperar te voy meter la verga, vas a durar años en el bote, yo me encargaré de eso”.
El tormento de Javier terminó tras ser llevado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) a las 12:20 horas, más de nueve horas después de su detención. Pero comenzó otro al conocer por lo que fue acusado: portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Solo una estadística
El caso de Javier es sólo una más de las 163 recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde su creación en 1990, dirigidas al Ejército y la Marina por violaciones a los derechos humanos de la población civil, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos indignos, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria.
Del total de las recomendaciones, el Ejército recibió 123, mientras que la Marina 40.
Desde el comienzo de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, de 2007 a 2016, la CNDH publicó 151 recomendaciones dirigidas a las Sedena y la Semar, lo que representa el 92% del total de los oficios realizados por el organismo hacía las fuerzas federales en dicho lapso.
A la par que avanzaba la lucha contra el crimen organizado, la inmersión de las fuerzas castrenses en las actividades policiales, así como el incremento de los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de estos, impactaron a la sociedad mexicana. De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), el 64% de los mexicanos temen sufrir algún tipo de tortura si son detenidos.
El miedo es razonable, cuando la misma AI reportó el incremento de 600% en los casos de tortura en los últimos 10 años.
Diferentes instituciones nacionales como internacionales se han referido a lo preocupante que es la inmersión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, por lo que han exigido el regreso de la misma a los cuarteles.
Ante tal presión, el Gobierno Federal ha propuesto la Ley de Seguridad Interior, la cual, de acuerdo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es un primer paso hacia el regreso del Ejército y la Marina a los cuarteles.
Sin embargo, las mismas organizaciones no gubernamentales han mostrado su rechazo a la ley realizada por la actual administración, ya que aseguran únicamente legaliza la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
"¿Cuál es la experiencia empírica después de 10 años (de la guerra contra el narcotráfico)? Hoy podemos afirmar que la decisión entonces tomada ha estado lejos de alcanzar el objetivo que se planteó de mejorar la seguridad de la población”, señaló el representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Jan Jarad.
Para Jarad, las estadísticas son contundentes, pues los índices de violencia actuales son mucho más elevados que los contabilizados antes de 2006, cuando inicio dicha guerra.
Por su parte, México Evalúa, un grupo de representantes de organizaciones en seguridad y derechos humanos y académicos, expusieron sus inquietudes sobre la Ley de Seguridad Interior.
El primero es el “uso legítimo de la fuerza” incluido en las propuestas, ya que permitiría a las fuerzas armadas ejercerla para “repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.
Esta última sería, en palabras del secretario de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Juan Francisco Torres Landa, un “cheque al portador”.
Otro de los señalamientos de la ONG es que dicha ley contradice la Constitución, la cual define que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” y no militar como actualmente se hace y se prevé legislar.
Sobre lo anterior, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, enfatizó que este proyecto legislativo no es compatible con tratados internacionales.
Si bien la ley propone regresar al Ejército a los cuarteles, la misma no fortalece a la policía, según las preocupaciones de México Evalúa.
Como parte de la ONG señalada, Jesús Robles Maloof, de Enjambre Digital, alertó sobre una posible intervención de comunicaciones, y agregó que esto representa un peligro para la libertad del internet, así como para la privacidad de las telecomunicaciones.
Finalmente, el análisis realizado por México Evalúa concluye que la Ley de Seguridad Interior se encamina a la misma estrategia emprendida hace ya más de 10 años, con el protagonismo de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.
Mientras todo esto se discute, el relator de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez, reiteró lo que ha venido diciendo desde hace más dos años: “la tortura es una práctica generalizada en México”.
jamp