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La Ley de Herodes vigente en México: políticos se hacen traje a la medida

Desde la Revolución, legisladores y gobernadores han modificado las leyes para lograr un beneficio personal, como intentar la reelección

  • BRENDA LUGO Y RAMÓN SEVILLA
  • 24/07/2019
  • 20:45 hrs
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La Ley de Herodes vigente en México: políticos se hacen traje a la medida
Desde la Revolución, legisladores y gobernadores han modificado las leyes para lograr un beneficio personal, como intentar la reelección

Hace unos días, los diputados del Congreso de Baja California le dieron su regalo de bienvenida al próximo gobernador del estado, Jaime Bonilla, al avalar ampliar su mandato de dos a cinco años, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había resuelto, en marzo, que su gobierno sólo duraría dos años.

Al más puro estilo de La Ley de Herodes, la clase política mexicana se ha visto envuelta en casos de modificaciones constitucionales para crear leyes a modo para su beneficio. Estas prácticas son tan viejas, pero comenzaron a ser notorias en la década de los noventa.

Aunque desde la Revolución se presentó un caso, con Gonzalo N. Santos, un cacique de la época en San Luis Potosí. Fue General, luego político. En 1921 con 24 años de edad, fue electo diputado federal, luego senador, embajador y gobernador.

La única vez que se ha violado el lema “Sufragio efectivo no reelección” fue para intentar regresar a la presidencia a Álvaro Obregón. Gonzalo, en 1928, proclamó en el Senado: “vamos a darle tormento a la Constitución”.

Enmendaron la Carta Magna. Se hicieron comicios. Obregón triunfó, pero no tomó posesión, porque fue asesinado antes de rendir protesta.

Otras de sus frases célebres son “A los enemigos hay que aplicarles La Ley del Hierro: encierro, destierro y entierro” y “La ley electoral es como el juego de la mochitanga: de un vivo y de muchos pendejos”.

Gobernador en dos periodos

Víctor Cervera Pacheco también dobló la ley a su conveniencia para gobernar Yucatán en dos periodos, de 1984-1988 y 1995-2001.

El 16 de febrero de 1984, el general Graciliano Alpuche Pinzón, gobernador constitucional de Yucatán, solicitó licencia por seis meses para separarse de su cargo. Lo sustituyó Cervera Pacheco. El 16 de agosto de 1984, Alpuche Pinzón renovó su licencia y el Congreso designó de nueva cuenta a Cervera Pacheco.

El 16 de febrero de 1985, vencida la obligatoriedad de convocar a nuevas elecciones de gobernador, Alpuche presentó una licencia indefinida y Cervera Pacheco ejerció el poder hasta el 31 de enero de 1988.

El 23 de abril de 1993, el Congreso local abrió la puerta para que Cervera Pacheco pudiera ser otra vez gobernador, pues reformó la Constitución y limitó la prohibición.

El “ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar el puesto” quedó en “nunca podrá ser electo para el periodo inmediato”. Así, el 1 de agosto de 1995 Cervera Pacheco rindió su protesta como gobernador electo.

Otro intento de reelección en SLP

En 1992, Gonzalo Martínez Corbalá, gobernador interino de San Luis Potosí, intentó ampliar su mandato constitucional, reeligiéndose para el cargo. Aunque no lo logró, quedó el precedente, tras intentar dar un golpe a la Constitución para mantenerse en el poder.

En las elecciones de 1991 de aquel estado, Fausto Zapata fue declarado ganador de las elecciones para gobernador; sin embargo, tras una presión por la oposición, decidió separarse de la gubernatura, dejando como gobernador interino a Gonzalo Martínez Corbalá por un periodo de 18 meses, tiempo en el que se llamarían a las nuevas elecciones.

Después de 12 meses de haber cumplido con el cargo –y aún en funciones-, Martínez Corbalá fue “destapado” por el PRI como su candidato a gobernador constitucional, pidiendo y obteniendo licencia a la gubernatura ese mismo día para poder tomar protesta como candidato.

La presión política logró que Martínez Corbalá renunciara a su postulación 24 horas antes de que le fuera tomada la protesta formal como candidato del PRI a la gubernatura; sin embargo, se convirtió en un precedente para la democracia nacional.

El escritor Enrique Krauze afirmó este miércoles, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el Frente Democrático Nacional creado por Cuauhtémoc Cárdenas frenó una maniobra del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de convertir a San Luis Potosí como “laboratorio” para medir la posibilidad de reelegirse en 1994.

Manuel Velasco, gobernador-senador-gobernador sustituto

A 25 años de distancia del caso de SLP, el uso de la legislación política para crear leyes a modo tuvo un nuevo episodio.

A sólo dos meses de haber ganado las elecciones, en septiembre de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador vivió su primera Ley de Herodes.

El entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, modificó –en Fast-Track- la Constitución del estado para poder abandonar el cargo como gobernador, tomar protesta como senador, pedir licencia en el Congreso y regresar a ser gobernador sustituto para terminar su mandato.

Como regalo de despedida, el Senado –lugar donde hoy ocupa un escaño- aprobó la licencia solicitada por Velasco, para que pudiera retomar la gubernatura de Chiapas.

Las modificaciones se hicieron en el apartado III, del artículo 5, el cual establecía originalmente que solo se podía renunciar al cargo de gobernador por causa grave. Tras la reforma, el gobernador tiene la facultad para renunciar al cargo, de manera expresa, y avalada por la Legislatura.

En esa reforma también se suprimieron dos requisitos que antes debían ser cubiertos para asumir como mandatario sustituto: renunciar a cualquier cargo de elección popular 120 días antes o haber pedido licencia. Eliminados ambos, cualquier secretario o miembro del gabinete puede quedar en lugar del gobernador en turno.

No conforme, la reforma se modificó para ser “soberana” y que no pudiera impugnarse, quedando a la medida exacta de Manuel Velasco.

Las manipulaciones en la 4T

Ya en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y con mayoría ambas cámaras del Congreso de la Unión, Morena se encargó de modificar la Ley para que el escritor Paco Ignacio Taibo II pudiera ocupar el cargo de director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

En febrero de 2019, las cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron la modificación de diversos artículos para permitir que mexicanos naturalizados y sin experiencia en el ámbito administrativo puedan encabezar entidades paraestatales del gobierno federal.

Esta modificación constitucional permitiría que Taibo II tomara el cargo del FCE como lo propuso el Presidente, ya que su origen español le era un impedimento.

“Fue un traje confeccionado a la medida”, acusaron en ese entonces los diputados de la oposición.

A pesar de la lluvia de críticas a la “Ley Taibo”, el ahora funcionario advirtió el 28 de noviembre de 2018: “si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la Ley. O sea, como sea, se las metimos dobladas, camarada”.

Otro caso en la 4T ocurrió en febrero pasado, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó sus estatutos para que Ana Gabriela Guevara pudiera dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (Conade), toda vez que sólo cuenta con estudios de secundaria.

Los estatutos establecían que para dirigir la Conade era necesario contar con estudios de licenciatura.

En noviembre de 2018, el Senado aprobó, con la mayoría de Morena, una reforma que flexibilizó los requisitos para ser titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante la inconformidad de la oposición que demandó que la designación en el cargo no responda a intereses políticos sino técnicos.

La reforma elimina el requisito para quién presida el SAT de “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio” y en el caso de la experiencia probada en materia fiscal y aduanera, que establece la actual legislación, se le agrega “o de alguna otra materia fin”.

El 13 de diciembre fue ratificada la “abogada y poeta” Ana Margarita Ríos Farjat como jefa del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Congreso sumiso

Para el politólogo Alfonso Zárate, resulta lamentable que actualmente el Congreso de la Unión no sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo y que, por el contrario, le cumpla con todas las modificaciones constitucionales para echar a andar la denominada Cuarta Transformación.

Tenemos por desgracia una larga tradición de un Congreso consecuente que le aprueba todos los caprichos al jefe del Ejecutivo. Quizá ahora sea un poco más rápido, pero me parece lamentable que hayan modificado la ley, como el caso de (Paco Ignacio) Taibo, así como la ley de experiencia profesional, que quita requisitos para ocupar cargos administrativos, además del nivel de preparación

 

Zárate critica que, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, gocen de una alta aprobación ciudadana, además de mayorías en varios congresos estatales, es una respuesta poco institucional de los legisladores el trabajar a capricho del Presidente.

“Cuando él dice que va es que va. Me canso ganso”.

En términos democráticos, agrega, sí se tiene que reprobar y censurar el hecho de que el Congreso de la Unión no esté cumpliendo el papel por el que fue creado.

Y creo que hoy lo que tenemos con la enorme mayoría de Morena, más la cargada en la manera en que se han ido sumando otros legisladores al triunfador, lo que deja es una democracia precaria, en el sentido de que al menos el Congreso de la Unión no está cumpliendo con su responsabilidad de ser un factor de contrapeso al poder Ejecutivo y falta saber si el otro poder, que es el poder Judicial, y que encarna sobre todo en la Suprema Corte, se va a doblegar o va a ser un factor de contrapeso en las decisiones del Ejecutivo