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La justicia que no llega a afectados del Río Sonora

Los 22 mil habitantes de los siete pueblos del Río Sonora desde hace tres años viven con temor de que en años próximos una enfermedad fatal los ataque

Escrito en ESTADOS el

Sonora (La Silla Rota).- Los 22 mil habitantes de los siete pueblos del Río Sonora desde hace tres años viven con temor e incertidumbre de que en años próximos una enfermedad fatal los invada, debido al tiempo que han permanecido expuestos a los metales pesados que se vertieron en el afluente el 4 de agosto de 2014.

Denominado como el desastre ecológico más grande en Sonora, el derrame de 40 mil litros de solución ácida de sulfato de cobre causado por la Mina Buenavista del Cobre que afectó 276 kilómetros y provocó la caída de la economía de estos pueblos los cuales no pudieron seguir cultivando su producto primario, principal fuente de empleo en la región.

Sufrieron aproximadamente por un año la escases de agua, pues debía ser llevada con pipas desde Hermosillo hasta el Río Sonora, 328 kilómetros para ser exactos.

Las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declararon como zona de contingencia a esta región y establecieron una serie de medidas para garantizar la remediación por los estragos de la contaminación minera.

Durante cinco meses se hicieron jornadas de limpieza extrema en la zona para sanear arroyos, ríos y pozos durante la primera etapa de la contingencia para iniciar con el programa de remediación que contemplaba un fideicomiso de 2 mil millones de pesos aportados por la empresa minera de Grupo México.

Rodolfo Lazy Tamayo, subsecretario nacional de Semarnat explicó que este proyecto

Por recomendación del Instituto de Geología de la UNAM, se dividió el río en 5 zonas, y vamos a empezar por la zona 1 que son los primeros 30 kilómetros, impactados dramáticamente por el derrame de esta solución acidulada.

“En estos primeros 30 kilómetros vamos a empezar a hacer una remediación en 28 mil 183 metros cuadrados, donde distribuimos 14 polígonos de trabajo y se van a tener que remover suelos por 2 mil 818 metros cúbicos, de acuerdo a todos los sondeos que se hicieron de suelo y a las determinaciones que hicieron los laboratorios”, explicó en enero de 2015.

Reiteró que era obligación de la empresa hacer la remoción de la tierra contaminada con pala y con maquinaria.

Todos esos residuos tendrían que tener una cadena de custodia, que es un análisis de corrosividad, de reactividad, de inflamabilidad, de toxicología para ver si el residuo es peligroso, si es así, se tendría que disponer en un confinamiento industrial.

Clínica de especialidades y plantas potabilizadoras fue una promesa incumplida

La propuesta de crear una Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en la zona afectada por la contaminación del Río Sonora, no contemplaba la construcción de infraestructura clínica, aseveró Rodolfo Lazy Tamayo.

El titular de Semarnat explicó que la decisión de Grupo México de brindar las atenciones médicas en viviendas habilitadas con consultorios en Ures, si responde al compromiso que hizo la empresa para resarcir los daños por el derrame de residuos tóxicos en el afluente.

“Nunca fue la propuesta que hubiera una clínica, siempre se denominó Unidad de Vigilancia Epidemiológica, hubo solicitudes de que fuera un hospital regional en la zona sur del Río pero nunca se dijo que era una clínica".

Comentó que un equipo de 10 médicos brindan actualmente las atenciones a las personas que sufrieron de afectación en su piel y organismo por el contacto con el agua, sin embargo afirmó que los pobladores han dejado de atenderse, de 381 que registraban ahora acuden solamente 277 pacientes.

Se redujo de 27 a 9 el número de plantas potabilizadoras

El delegado de Gobernación  en Sonora Wenceslao Cota Montoya notificó que los niveles de contaminación en el Río Sonora se encuentran estabilizados, por tanto Grupo México decidió reducir a nueve el número de plantas potabilizadoras a instalar en los pueblos afectados,

Dijo que serán siete plantas fijas y dos móviles las que estarán operando en los municipios que considere más apropiados la Comisión Nacional del Agua, mediante el análisis que realizan actualmente, a la fecha ya opera una en Bacanuchi.

"Tanto el monitoreo de Conagua como el de Cofepris vía UVEAS el indicativo que nos da es ese fenómeno que está estabilizado y por esa razón las propuestas que está haciendo Grupo México son en ese orden".

Pese a la urgencia de los pobladores, declaró que no hay fecha exacta para la instalación pero tienen que estar en funcionamiento antes de octubre. En un principio comentó que se habían anunciado 29 potabilizadoras, después la cifra se modificó a 27 y ahora a nueve.

Adelantó que a su consideración Ures y San Felipe de Jesús son los municipios que requieren con mayor urgencia de estas plantas.

Pobladores comienzan a abandonar los pueblos

Ante la desesperación de algunos habitantes por no recuperar los ingresos que percibían antes del desastre ambiental que provocó el derrame de tóxicos de la mina de Grupo México, un gran número de pobladores optaron por abandonar los pueblos.

El alcalde de Aconchi Jesús Souffle señaló que el proceso para la reactivación económica en el Río Sonora ha sido lento pues todavía existe desconfianza por parte de las personas que llegan de fuera al consumir productos regionales de los pueblos.

"La gente se ha ido adaptando a la situación, es lo que está pasando ahorita, se esta batallando, porque si se batalla, mucha gente tiene desconfianza por lo que tienen que buscar otras alternativas de trabajo, creemos que si se está reactivando pero va muy lento".

Comentó que están a la espera de que se aplique la ley de Zona Económica Río Sonora aprobada en el Congreso para que se implementen acciones en materia de ecología y actividades primarias.

En temporada vacacional señaló que las ventas de los comerciantes de los pueblos incrementan un poco en productos como chile y cacahuate.

Se oponen a zona económica Río Sonora

En junio pasado el congreso de Sonora aprobó la ley de zona económica para el Río Sonora que contempla la asignación de recursos para apoyar las actividades primarias de la región y ayudar a que los habitantes recuperen los ingresos que percibían antes del desastre ecológico.

Los afectados el pasado miércoles externaron su oposición a este decreto y anunciaron que se interpuso un amparo en contra del Congreso, el gobierno estatal y el ayuntamiento de Ures por no garantizar el derecho a la población a participar de forma directa e informada durante el proceso de creación de la zona económica.

Agrupados en los llamados Comités de Cuenca Río Sonora, exigen que se les tome en cuenta en la elaboración del proyecto de zona económica local y que se garantice que recibirán información.

Anunciaron también que a tres años de la contaminación minera ganaron un juicio de amparo por el mal estado en que se encuentran dos pozos.

Un fallo dictado por el juzgado primero de distrito del estado de Sonora, reconoce que al menos dos pozos ubicados en Sinoquipe, comunidad de Arizpe y en La Labor en Baviácora, presentan contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, que establecen valores más estrictos que los de la Norma Oficial Mexicana.

Una de las habitantes, Francisca García Enríquez, declaró que los efectos del derrame aún son visibles en quienes viven en los siete municipios del Río, por lo que es preocupante el saber que persisten metales en el agua, pues la siguen consumiendo debido a que el comprar agua purificada afecta su economía familiar.

“Los metales son bioacumulables y tenemos miedo que en unos años, el organismo comience a reflejar el daño causado por ingerir el agua contaminada”.

Además interpusieron una demanda en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a que ninguna respondió a las solicitudes de información para conocer su estado de salud ni se atendió a los habitantes a pesar de existir evidencia de la contaminación.