Tihuatlán, Ver.- En un rancho de Veracruz, que durante al menos cinco años habría sido propiedad del cartel de Los Zetas, peritos con trajes blancos ciernen la tierra y perros entrenados buscan de nueva cuenta olores nauseabundos.
Es la quinta ocasión que este predio denominado La Gallera es procesado por autoridades y víctimas indirectas en menos de cuatro años. Los huesos de personas que presuntamente aquí fueron asesinadas simplemente no dejan de brotar de la tierra.
“Debería ser una vergüenza para el estado mexicano. En cuatro ocasiones que ellos buscaron aquí, no desenterraron a todos nuestros familiares”, recrimina Mario Vergara, uno de los casi 100 personas que integran la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.
Los indicios que en 10 horas recabaron familiares de desaparecidos este 18 de febrero, entre ellos huesos carbonizados, prendas de vestir, machetes y hasta cinchos de plástico, reflejan el trabajo deficiente de la Fiscalía General de la República y la de Veracruz.
La Gallera se localiza a unos tres kilómetros de la carretera Poza Rica-Tampico, en las inmediaciones del río Cazones, en el municipio de Tihuatlán. La entrada principal se erige a menos de un kilómetro del negocio “Autopartes Gómez”, propiedad del exalcalde perredista Gregorio Martínez, cateada en junio de 2015 por denuncias de piezas robadas. En un operativo fueron detenidas 10 personas, pero el negocio no fue clausurado.
La casa construida al centro el rancho es de dos pisos, con seis habitaciones. Dos balcones dibujan la fachada, y son enmarcados con azulejos. Todas las habitaciones están pintadas de rosa, color que se destina a la alcoba de niñas o adolescentes. Ello contrasta con lo que aquí ocurrió, pero acaso dice algo de los dueños originales del lugar, que encierra una historia ominosa.
De acuerdo con testimonios de integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, al dueño de este rancho, presuntos integrantes de Los Zetas secuestraron a sus familiares en el año de 2011 y a cambio de devolverlos con vida lo despojaron de sus tierras.
Fue hasta el 31 de enero de 2017, cuando por primera vez elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron a este lugar (mediante una averiguación ministerial) y exhumaron los cadáveres decapitados de seis personas (cinco hombres y una mujer). Los restos se ubicaron en el patio de la propiedad ubicada en la comunidad Rancho Viejo.
Entre las víctimas desenterradas sobresalieron los rasgos de cuatro, como los tatuajes de la Santa Muerte y el nombre de Lupita en el antebrazo de uno de ellos; las iniciales E y S en el brazo derecho de otro; y los nombres de dos personas marcados en el pecho: Ali Dalatiel y Francisco Javier, en un tercer cadáver.
Una de las seis víctimas fue identificada como Enrique Chávez Ortega, un padre de familia de 46 años de edad que desapareció el 10 de noviembre de 2016. A Enrique, su familia lo reconoció por medio de un tatuaje en su brazo con las letras E y S, que significaban las iniciales de su nombre (Enrique) y el de su esposa.
Además de los seis cuerpos, elementos de la Fiscalía de Veracruz encontraron prendas de al menos 20 personas (con tallas de niños y adultos), así como bolsos, maletas y partes de una camioneta desvalijada con placas del Estado de México.
La cantidad de indicios y restos embalados en esa primera diligencia, provocó que integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica fijaran su interés en este lugar, pero a su vez el inicio de una serie de probables omisiones de autoridades estatales y federales que hasta este 18 de febrero parecen no tener fin.
Segunda búsqueda:: 22 fosas y cientos de restos óseos
El colectivo María Herrera solicitó un permiso a la FGE para volver a La Gallera con el apoyo de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. La autorización llegó hasta el 27 de febrero de 2017, mediante el oficio FGE/FRJZNTX/04.
Juntos, personas de Veracruz y de otros estados de la república, volvieron el 1 de marzo de ese año. La diligencia fue reveladora, pues en la zona que ya había sido indagada por la autoridad estatal, dieron esa vez con un cráneo con las características de un menor de edad y 249 fragmentos óseos, distribuidos en 22 puntos “positivos”, que ellos marcaron como fosas.
“Los restos estaban quemados y cercenados, también ubicamos el cráneo de un menor de edad, de aproximadamente cinco años, estaba partido a la mitad, tenía manchas de tizne y la mitad estaba cubierto de ceniza”, relató en esas fechas, una madre de desaparecido.
Asimismo, en la parte trasera del rancho, dieron con un horno de piedra que pudo servir para hacer ladrillos, dijeron las familias, o para la preparación de “zacahuil”, una especie de tamal de grandes dimensiones originario de la zona huasteca). El horno estaba atestado con cenizas por donde volaban moscas de color verde.
Funcionarios de la FGE se comprometieron a embalar todos esos indicios recabados por las familias y a examinar el horno, sin embargo faltaron a su palabra. El rancho La Gallera fue abandonado y los restos dejados sobre la tierra, expuestos a la fauna nociva y a la alteración de los responsables de estos crímenes.
Tercera búsqueda: el abandono y el descrédito
El 20 de marzo de 2017, familiares en compañía de reporteros, documentaron que las 22 fosas y el horno localizados en la segunda búsqueda fueron abandonados por la Fiscalía de Veracruz. El 26 de abril E-Consulta Veracruz el reportaje titulado El Campo de Exterminio que gobierno de Veracruz ocultó en el cual se evidenció estos hechos.
Para sorpresa de los familiares, su trabajo fue desacreditado por el entonces fiscal General Jorge Winckler (hoy prófugo de la justicia), quien aseguró en una carta enviada a un noticiero de proyección nacional que no había más restos en el terreno, que los seis cadáveres repartidos en tres fosas clandestinas.
"Dicen (los familiares) que después volvieron a ir y encontraron más restos. Eso es falso, no hay más restos que los que se encontraron en ese momento (el 30 de marzo de 2017)", aseguró Winckler Ortiz en diversos medios de comunicación.
Dichas aseveraciones fueron criticadas por su subordinado, Luis Eduardo Coronel Gamboa, exfiscal especializado en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas (también prófugo de la justicia) en una reunión sostenida con los familiares el 9 de mayo de 2017, al señalar que ´Jorge Winckler se había resbalado en una entrevista banquetera al negar los descubrimientos en el rancho La Gallera´.
La Fiscalía aseguró en un comunicado que "todos y cada uno de los hallazgos han sido resguardados y se encuentran en proceso de análisis, en estricto apego a los protocolos periciales y de cadena de custodia vigentes en nuestro país" (sic).
A más de dos años de esa postura, familiares de desaparecidos aseguran que a la fecha no han sido informados sobre esos descubrimientos.
Cuarta Búsqueda: más restos y otro cráneo de menor
El descredito del gobierno de Veracruz sobre los trabajos en La Gallera, derivó en protestas del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera. Por ello, Roberto Campa Cifrián, entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se comprometió a emprender una nueva búsqueda, esta vez a cargo de la PGR.
En siete días de trabajo (entre el 14 y el 20 de noviembre de 2018), personal de la PGR encontró pedazos de fémur, pelvis, un maxilar, un cráneo y cientos de restos óseos -algunos carbonizados- en la zona que ya había sido indagada por la Fiscalía.
El término de esas diligencias significó el cierre de trabajos en La Gallera. Pero las tareas de la autoridad federal terminaron por ser exhibidas este 18 de febrero, en el onceavo día de la Quinta Brigada Nacional, que es la segunda en Veracruz.
Quinta búsqueda: “queremos por fin terminar”
“Siento impotencia, dolor y tristeza. Queremos por fin terminar y desenterrar a todos. Ya vimos que las autoridades no lo hacen”, dice Herlinda Olmedo, una madre que toma un descanso en las diligencias de la Gallera.
Hermelinda es madre de César de Jesús Santos, un adolecente que desapareció a los 13 años de edad el 2 de febrero de 2011, junto con su compañero Rey David Rosas, de 15 años, en Poza Rica.
Mientras contempla los trabajos de sus compañeros, cuenta que Cesar y su amigo habrían sido privados de su libertad por hombres que tripulaban una camioneta color negra. La doble desaparición se habría cometido en la colonia Petromex, una de las más citadas en casos de desaparición en este municipio petrolero.
Aquella tarde, al salir de su escuela, César visitó a su novia. Él vestía el uniforme de su escuela secundaria, una camisa blanca y pantalón cuadriculado en tonos gris con verde. La madre de la novia de César dijo ver partir a los dos jóvenes alrededor de las 19:00 horas.
“Yo lo que quiero es encontrar de la manera que sea a mi hijo; ya no busco culpables, mi corazón va a descansar hasta que lo encuentre”.
Hermelinda y el resto de la Brigada, registraron al final de una jornada de 10 horas nuevos restos óseos carbonizados en al menos cuatro zonas que ya habían buscado autoridades estatales y federales. Los restos fueron resguardados en sobres amarillos, en espera de que elementos de la FGR emprendan lo que significará una sexta búsqueda.
Al término de la búsqueda, familiares se reunieron en el cuarto donde se ubica el horno de piedra y, en unanimidad, concluyeron lo que ya parece uno de los principales objetivos de esta quinta Brigada: terminar de procesar hasta el último hueso en el rancho La Gallera, un campo de exterminio que el gobierno de Veracruz quiso, pero no pudo, ocultar.