VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Hasta hoy, el gobernador Arturo Núñez Jiménez no ha explicado las razones del desorden y déficit financiero de la administración estatal, pues no puede solucionar problemas económicos que ahogan a las secretarías de Salud y Educación del estado, principalmente.
A escasos dos meses que termine su sexenio, Núñez enfrenta problemas para pagos al personal, programas, equipo, insumos e infraestructura de esas dos dependencias.
Ante la falta de recursos, el gobernador perredista ha buscado dinero donde pueda. Así el pasado 11 de octubre negoció con la dirigencia de Morena, para que esa mayoría legislativa le aprobara tomar recursos etiquetados en otro rubro, para paliar un poco los problemas en el sector Salud.
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El Congreso le autorizó al gobernador Arturo Núñez Jiménez tomar recursos, 125 millones de pesos, “sobrante” de un empréstito de 450 millones, destinado a la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), que inexplicablemente no utilizó en tres años, y que lo reasignaría a “inversiones públicas productivas” en el rubro de Salud.
Para la directora de Análisis y Estadísticas del Observatorio Ciudadano de Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga Hernández, fue lamentable y una falta de concientización del gobierno nuñista, el que no se aplicaran esos recursos para los que se habían solicitado en el tema de la seguridad de los tabasqueños.
Sin embargo, tampoco ahora se han aplicado esos 125 millones de pesos ante la negativa de la Secretaría de Finanzas de liberarlos a Salud, pues se quieren utilizar para pago de personal, y el Congreso del estado los aprobó para inversiones públicas productivas.
Igual a principios del año pasado, ante la inexplicable carencia de dinero, el gobernante tabasqueño tuvo que recurrir a un empréstito bancario, con el que supuestamente combatiría y controlaría el problema delincuencial que afecta a la entidad.
La pasada legislatura, con mayoría de su partido, PRD, le autorizó el 15 de febrero del 2017, contratar un empréstito de 700 millones de pesos, sin revisión exhaustiva de un diagnóstico y objetivos del “Programa Integral Emergente de Seguridad Pública del estado” que se financiaría con esos recursos.
El pasado miércoles 29 de agosto, los integrantes del gabinete nuñista del área de seguridad intentaron justificar la erogación de los 700 millones de pesos que otorgó el banco Scotianbank Inverlat, a una tasa de 8.99 por ciento fija a un plazo de 10 años, pero cuyos objetivos se incumplieron al continuar los altos índices de inseguridad.
Al segundo trimestre de este año, Tabasco había recibido una cifra de recursos federales mayores que en el mismo periodo de los dos años anteriores, por la cantidad de 22 mil millones de pesos. Para finales del 2017, recibió en participaciones federales, la cantidad de 50 mil 500 millones de pesos, que sin embargo no le han alcanzado y acusa adeudos y deficiencias en casi todos los rubros del sector público estatal.
El pasado 3 de septiembre, el gobierno estatal admitió atravesar por una crisis financiera por “limitaciones presupuestales” de las finanzas del estado, y que esa “falta de liquidez” le impedían pagar las prestaciones laborales de los empleados del sector salud.
El gobierno estatal, mediante un comunicado, tuvo que responder y pedir a los trabajadores de salud retomar sus tareas en hospitales y centros de salud, ante una protesta de “brazos caídos” en demanda del pago de prestaciones laborales.
Las protestas de burócratas, de la mayoría de las dependencias estatales, entre ellos maestros y médicos han sido el pan de cada día en Tabasco.
Pero, también de la población tabasqueña en general, el descontento ha sido generalizado y con diversas movilizaciones ha exigido se cumplan programas y servicios gubernamentales diversos.
La Comisión de Derechos Humanos de Tabaco (Codehutab), contabilizó desde 2015 hasta septiembre de 2018, mil 152 protestas ciudadanas contra dependencias del gobierno estatal, entre ellas la de Educación, en demanda de pagos a maestros, las becas para alumnos y plazas a maestros; a la de Salud, para la exigencia de medicamentos del Seguro Popular, servicios médicos y hospitalización.
Hasta este miércoles 31 de octubre, los empleados administrativos de la Secretaría de Educación, mantenían un paro de labores total y plantón de tres días, en demanda del pago de sus prestaciones laborales.
La falta presupuesto gubernamental obligó también al DIF-Tabasco a suspender en definitiva el pago a jóvenes beneficiados con el Programa “Cambia Tu Tiempo”, “Casa Amiga” y “Corazón Amigo”, que incluso se había elevado a rango Constitucional para beneficiar a personas con discapacidad severa permanente y que viven en extrema pobreza.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Pablo Ulises Jiménez externó su preocupación por la falta de liquidez que tiene el gobierno estatal, en pleno cierre de sexenio y las crecientes protestas que generan.
“Se va haciendo -subrayó - ya algo común y es realmente penoso, pero realmente esperemos que esto se regularice en los próximos días es algo que no debe suceder”
“Se está viendo bastantes inconsistencias que se están presentando sobre todo en estas cuestiones de pagos a empleados y bueno también del pago a proveedores”, dijo.
Apenas el pasado 27 de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de recorrer y corroborar los deprimentes servicios hospitales y centros de salud, recomendó la urgente solución a esos problemas, por los que se incurrían en graves violaciones a los Derechos humanos de los tabasqueños.
Entre ellos, el “severo” desabasto de medicamentos e insumos en las instituciones que prestan servicios públicos de salud en el Estado de Tabasco.
Diversos equipos médicos indispensables para la realización de estudios, pruebas y procedimientos quirúrgicos, con “un significativo” deterioro, a tal grado de no poder ser utilizados. “Algunos hospitales y centros de salud, incluso, carecen de equipo esencial”.
Otra violación detectada, fue que, a falta de medicamentos, insumos y equipos, existe una “cifra negra” de personas a las que no se les practicó algún procedimiento quirúrgico necesario.
“La cantidad exacta resulta incuantificable, dada la falta de control existente, pero se presume considerable, por las evidencias recabadas”, y el que las autoridades de la Secretaría de Salud conocían, a través de diversos medios, la situación prevaleciente; sin embargo, “su actuación fue insuficiente, ineficaz e inoportuna, tanto para la buena marcha interna de los establecimientos públicos de salud, como para la gestión de los recursos económicos necesarios”.
mvf