Hidalgo (La Silla Rota).- La auditoría 642, realizada a los recursos federales transferidos a Hidalgo a través del programa Escuelas de Tiempo Completo, en 2014, propició la investigación a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPH) durante la administración de José Francisco Olvera Ruiz, a quien el gobierno de Omar Fayad Meneses imputa un desvío de 663 millones de pesos.
En su resolutivo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que la SEPH no disponía de un manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, así como de un adecuado sistema de control interno que identificara los principales riesgos que limitaban el cumplimiento de los objetivos del programa, al que estaban incorporados 588 planteles.
Evidenció, de además, que la secretaría, a cargo de Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, no contaba con mecanismos para identificar “los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción”.
Ese año, el órgano fiscalizador presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 41 millones 869 mil 964.29 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo el director general de Asuntos Jurídicos de la dependencia educativa, Carlos Emigdio Arozqueta Solías, este requerimiento de reintegro de pago, que la ASF hizo nuevamente al inicio del mandato de Fayad Meneses, derivó en la carpeta de investigación 12-2017-3691, iniciada el 23 de marzo de 2017.
“Al integrar los elementos probatorios (para acreditar la posible conducta delictiva) encontramos diversas anomalías, diversas cuestiones que llamaban la atención y que surgían de esta revisión más minuciosa de los temas.
“Hoy podemos concretar que de noviembre de 2014 a enero de 2017 hubo una aplicación incorrecta, discrecional y con tintes delictivos de 663 millones de pesos”, dijo el abogado en la conferencia de prensa para dar a conocer la posible distracción de recursos, la cual, planteó, “no podía haber existido sin una red de corrupción de cuando menos 30 servidores públicos y proveedores del sistema”, aunque no proporcionó nombres, cargos ni referencias.
No obstante, acotó que los cheques únicamente podían ser expedidos por la Subsecretaría de Finanzas de la SEPH, a cargo de Pablo Pérez y José Antonio Turrubiate Delgadillo.
Contra el primero, por irregularidades en el manejo del erario, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tiene dos órdenes de aprehensión vigentes (causas penales 354/2016 y 355/2016), por probables desvíos de 68 y 126 millones de pesos.
Turrubiarte Delgadillo, exdirector general de Recursos Financieros de la secretaría, fue recluido el 18 de enero como medida cautelar en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, acusado de peculado.
Contra el exfuncionario se inició un primer proceso por 68 millones 795 mil 10 pesos. En esa causa penal, la 354/2016, también está inmerso Pérez Martínez, cuyos seis inmuebles en la capital y en el municipio conurbado de Mineral de la Reforma fueron cateados un día antes de la detención de su subordinado.
El juez de control Ciro Juárez González confirmó que el supuesto agravio financiero de una segunda orden de aprehensión, cuya investigación inició el 18 de noviembre de 2016 cuando la Dirección Jurídica de la SEPH inició ante el ministerio público la carpeta de 12-2016-11840 por desvíos, es por de 126 millones de pesos.
Por lo tanto, la imputación es por 194 millones 795 mil pesos.
“Hoy podemos concretar que de noviembre de 2014 a enero de 2017 hubo una aplicación incorrecta, discrecional y con tintes delictivos de 663 millones de pesos”, aseguró Arozqueta Solís.
El móvil, expuso, fue por medio de cheques “que no llegaron a quien debían”, facturación de ventas no realizadas y favoritismo a proveedores. Asimismo, pago de salario de nóminas no comprobadas, donde existían alumnos “fantasma”.
Estas irregularidades, indicó, afectaron a 89 mil estudiantes que debía beneficiarse dicha estrategia educativa.