TIJUANA.- El Club Campestre ganó una batalla al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en su intento de expropiarlo.
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Un juez de distrito concedió a los abogados del club una suspensión provisional hasta verificar que el procedimiento administrativo fue realizado correctamente.
Roberto Quijano Sosa, vocero del Club Campestre, explicó que el gobierno bajacaliforniano debió notificar al municipal y a los mismos socios del club antes de emitir la declaratoria de utilidad pública el pasado 13 de abril.
Al gobierno de Tijuana para verificar la viabilidad del complejo deportivo que proyecta construir en los terrenos, y a los socios para garantizar su derecho de audiencia, detalló.
En el caso concreto, al municipio nunca se le cuestionó (...) esa garantía de audiencia, obviamente nunca nos llamaron. El gobierno del estado se fue por la libre”, señaló Quijano Sosa.
El Club Campestre tiene también otros frentes abiertos en el combate además del legal: por un lado el mediático y por otro la negociación con el gobierno del morenista Bonilla Valdez.
El pasado 30 de abril, el Consejo Directivo dio a conocer que se reunió con el gobernador y se encuentran “en franca vía de acuerdo”, con miras a la presentación de un “proyecto que refuerce la responsabilidad social del club”.
Esto porque el gobierno estatal asegura que el Club Campestre solo beneficia a un reducido grupo de personas, aunque los socios dicen que hay opciones que permiten el acceso a personas sin membresía.
Roberto Quijano dijo que desconoce los detalles de ese proyecto que podría presentar el Club Campestre para detener el intento de expropiación porque no han estado en esas reuniones que tenían que ocurrir necesariamente.
“Este tipo de asuntos, por su dimensión y su importancia, la ley ordena que las partes traten de buscar un arreglo. Sí, sí ha habido pláticas, no ha habido ningún arreglo, no hay nada por escrito”.
En otro frente, el mediático, residentes de los alrededores del predio han rechazado la expropiación con movilizaciones; profesionales inmobiliarios afirman que la plusvalía de los alrededores caería; trabajadores del club social han expresado el temor a perder su empleo, y hasta políticos de oposición han tomado la bandera.
Ahora con la suspensión provisional obtenida, los socios piensan que el sistema legal está funcionando adecuadamente, lejos de la posible influencia del gobernador Jaime Bonilla.
El juez está pidiendo a las autoridades involucradas presentar la información para comprobar que el procedimiento de expropiación se lleva conforme a la ley, y eso los tiene de buen ánimo, aunque todavía no hay nada firme para ninguna de las partes.
“Estamos confiados en que la justicia va a prevalecer. Tan es así que el juez está otorgando una suspensión que llamamos de plano; de plano suspéndase todo. Viene la segunda parte, que es la suspensión definitiva”, dijo el vocero del Club Campestre.
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