El juez federal requirió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta para que, en un término de tres días -a partir de este jueves 13 de agosto- acate la sentencia que obliga a reincorporar al magistrado Roberto Dorantes Romero, y concluya su periodo de nombramiento de 10 años.
El acuerdo publicado este 13 de agosto plantea que si el Poder Judicial y su presidenta están impedidos para reinstalarlo es necesario que se notifique al juzgado federal.
En el mes de abril del 2019 se notificó al magistrado de que por su edad tendría que dejar la magistratura a más tardar el 04 de mayo, pese a que su nombramiento de 10 años vence en el año 2025, por lo que tramitó un amparo para evitar ser removido del cargo y lo gano. Dichos recursos legal fue ignorado por el TSJE y el propio Congreso que el 30 de julio nombró a su sustituto.
Por lo anterior, presentó un nuevo recurso ante el juez federal quien determinó que tendría que ser reinstalado en el cargo para concluir su periodo de nombramiento; al no acatar la sentencia, este jueves se emitió un nuevo acuerdo en el que se “requiere” a la autoridad judicial local a que le reincorpore al trabajo judicial o informe si no puede acatar la sentencia que generó el recurso 402/2019.
Incluso, se hace el apercibimiento que detalla que de no cumplir con el acuerdo se le impondrá una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización, poco más de 8 mil 600 pesos.
“Se le reitera lo acordado el seis de agosto actual, en el sentido que en la sentencia de amparo dictada en este juicio se expusieron de manera clara los efectos de la concesión, por lo cual corresponde a la autoridad responsable actuar en consecuencia, o en su caso, informar la imposibilidad legal que tenga para ello, para estar en aptitud de proveer lo conducente en este juicio”.
Dorantes Romero, fue nombrado el 26 de noviembre de 2015, en sustitución de Onésimo Fernández Campos, por un plazo de 10 años, por lo que su destitución por cumplir 70 años era violatoria a sus derechos.
Ante ello, solicitó el amparo de la justicia federal, misma que en el resolutivo del 6 de diciembre de 2019 se le otorgó.
Tras haber sido destituido por el Congreso local, el pasado 7 de julio, el magistrado recurrió a la ley para hacer valer el amparo con el que cuenta y en el que se establece que no puede ser destituido por cuestión de edad.
Pese a ello, el pasado 5 de agosto el pleno del Poder Judicial realizó las adscripciones de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local para ocupar igual número de cargos que se consideraron vacantes, entre ellos, el del magistrado Roberto Dorantes Romero.
ygr