En mayo del 2019, el Juez Roberto Becerra y un actuario, fueron vinculados a proceso de investigación por el delito de corrupción.
En ese momento, Uriel Carmona Gándara, Fiscal estatal, informó que dicho Juez estaba involucrado en el caso del joven Tonatiuh Tlalapango, quien fue secuestrado y asesinado en Octubre del 2016. Y por lo que se llevó la detención de dos personas.
El juez aparentemente negoció reclasificar el delito de secuestro para dejar en libertad a uno de los responsables del agravio contra Tonatiuh Tlapango.
“Écheme la mano Lic., reclasifique el delito y no me voy a dar por mal servido”, se escuchaba por el auricular en las pruebas entregadas.
“Está bien Jorge Alfredo, cuenta con ello”, contestó el Juez Roberto Becerra.
Eso se escucha en una grabación que obtuvo la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) que tenía intervenido el teléfono celular de Jorge Alfredo, oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia.
A este caso, se suman el de otros 11 jueces en Morelos que también se encuentran bajo investigación por posibles actos de corrupción, por liberar a 64 secuestradores en 2019, con el argumentado que “las carpetas de investigación están mal integradas y después fueron revocadas sus resoluciones”. Esto lo confirmó Pablo Ojeda Cárdenas, Secretario de Gobierno del Estado.
La investigación fue impulsada en las mesas de pacificación en las que participan autoridades estatales, federales y militares, desde el área jurídica, donde se están integrando las carpetas de investigación.
“Estamos investigando el caso de 11 jueces que han otorgado sentencias no vinculatorias y que posteriormente han sido revocadas por las instancias superiores”, informó el encargado de la política interna.
“Tenemos el caso de 64 secuestradores que hoy están libres que fueron dejados en libertad en procedimientos judiciales, que por ‘error de criterio’, por llamarlo de alguna forma, porque posteriormente fueron revocadas esas resoluciones y ya estaban en libertad”.
El pasado 8 de febrero las autoridades estatales recapturaron a una persona que había sido detenida por secuestro, fue puesta en libertad por un juez y tiempo después fue revocada la resolución.
“Casos como estos son lamentables y hacemos el llamado al Poder Judicial porque no es posible que una persona como esta haya estado libre durante un año continuando con su actividad delictiva”, destacó Ojeda Cárdenas.
El encargado de la política interna destacó que este comportamiento atípico por parte de los jueces (excusarse por que las carpetas de investigación estaba mal integradas) se presentó durante el 2019.
“Estamos trabajando porque consideramos que es muy importante que toda la sociedad se involucre y así como justamente reclaman resultados por parte de las áreas de prevención del delito y procuración de justicia también es importante que se involucre y de la cara”.
Eliminaron los exámenes para ocupar cargo de jueces
Desde junio del año pasado, Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), denunció que jueces del Poder Judicial estaban bajo sospecha por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y actos de corrupción.
Este martes, consideró que la eliminación de exámenes para ejercer el cargo de juez - que fue impulsada a principios del años pasado y avalada por Marian del Carmen Cuevas López, magistrada presidenta del TSJ- es lo que propició que se tengan jueces que hoy están bajo sospecha y son investigados por posibles actos de corrupción al liberar secuestradores.
“Ya habíamos advertido desde el año pasado los riesgos que implicaba no aplicar exámenes atreves de una convocatoria para elegir a nuestros jueces y las consecuencias evidentemente son graves y hoy tenemos los resultados que están siendo materia de escrutinio y de denuncias públicas, e independientemente de ello no se han hecho las evaluaciones periódicas que constantemente se deben de realizar”, dijo.
Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Lamentó que el Poder Ejecutivo haga este tipo de denuncias públicas debido a que “ la impartición de justicia es una área sensible, requiere credibilidad y confianza y se debe analizar cuáles son las acusas que originan la falta de credibilidad den los jueces”.
Arenas Ángeles consideró que este tipo de investigaciones deberían ampliarse a quienes son los encargados de vigilar la disciplina, la vigilancia y la administración de justicia “en ese caso es Marian del Carmen Cuevas”.
Resolución dependerá de las Fiscalías: TSJ
Ante las acusaciones que hoy permean en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en un comunicado de prensa de la institución se destacó que “las determinaciones jurisdiccionales, que de manera autónoma y con apego a la legalidad realizan todos los juzgadores de este Máximo Órgano de Justicia del Estado de Morelos, desde vincular a proceso hasta sentenciar a cualquier persona dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, estriba fundamentalmente en las pruebas o datos aportados por el ministerio público, lo cuales dependen única y exclusivamente de las diferentes fiscalías”.
Además, se detalló que “el Juez de acuerdo a los principios de autonomía e independencia judicial no se debe más que a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, su imparcialidad no debe jamás verse afectada por causas externas ni estar sujeta a amenazas”.
Finalmente el TSJ llamó a presentar las denuncias correspondientes en caso de tener pruebas de sus dichos.
“Exhortamos a las instituciones judiciales y a cualquier otro funcionario a presentar las denuncias correspondientes en caso de contar con pruebas contundentes en contra del proceder de algún trabajador del tribunal superior de justicia, el poder judicial no protegerá a ningún impartidor de justicia que haya cometido un acto irregular o contrario a la ley”.
(Brenda lugo)