El juez penal del Tercer Distrito de Hidalgo, con sede en Actopan, Fernando Romero Domínguez, ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigar la posible tortura por parte de elementos de la Policía Investigadora en contra del ciudadano Juan Carlos Escamilla Rodríguez, quien estuvo dos años en prisión acusado por el ministerio público del feminicidio de su hija Ana Itzel, que ocurrió en mayo de 2014.
Además, dejó sin sustento una orden de aprehensión girada el 3 de octubre de 2017, con la cual la Fiscalía buscaba su reaprehensión después de ser liberado por falta de elementos para acreditar el delito, y negó una más que fue solicitada el 28 de septiembre por el titular de la Mesa contra la Vida y la Salud, ya que, insistió, no comprobó que Escamilla Rodríguez tuviera responsabilidad en el presunto asesinato y sepultura clandestina de su hija, que en ese momento tenía 14 años y era estudiante de segundo grado en la Secundaria Técnica 40 de Pachuca.
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La defensa de la familia, a cargo de la Firma Jurídica Pratt Straffon, busca que se investigue no sólo a quien o quienes participaron en el feminicidio, sino también a las autoridades que encubrieron los hechos y a las que entorpecieron el proceso. La familia, por su parte, señala al menos a cuatro funcionarios: un ministerio público, el secretario de acuerdos, por supuesta obstrucción, y dos agentes investigadores por probable tortura: Jesús Castro Rojo y Valentín Eduardo Vázquez.
Estos elementos encargados de indagar sobre crímenes para esclarecerlos, acumulaban 29 quejas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) por tortura, tratos inhumanos y crueles hasta la fecha de liberación de quien, afirmaron, era el autor material del asesinato.
El juez federal que otorgó el amparo 813 por el que Juan Carlos fue liberado el 15 de junio de 2016 ya había observado posibles irregularidades en el actuar de estos dos agentes, que en ese entonces estaban adscritos la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), como las inconsistencias del informe que presentaron y fue una de las pruebas para el encarcelamiento.
En éste, ellos narran que el padre trasladó a su hija, sin atarla, en una motocicleta Itálika, por un camino escabroso, y que además llevaba una bolsa de ropa, una pala y un pico para cavar una fosa y enterrarla, sin que nadie lo notara, lo cual, a consideración del juzgador, carecía de verosimilitud, por las reducidas dimensiones de la moto y porque, por el horario, debió ser visto por vecinos.
El presunto culpable, asimismo, fue detenido por posibles “ultrajes” a la autoridad, pero procesado por feminicidio, inconsistencia que igualmente evidenció el juez federal, mismo que amonestó al juez local Porfirio Austria Espinoza por incurrir “en una ilegal motivación” al acreditar el crimen con pruebas que calificó como inconsistentes.
De los agentes que ahora debe investigar la PGJE, contra Vázquez Baños se emitió la recomendación R-VGJ-0010-13 por tortura contra una persona que tuvo lesiones en el ojo y en la clavícula derecha a consecuencia de los golpes que, denunció, le propinaron para se declarara culpable de ser “halcón” de Los Zetas.
El expediente de la CDHEH sobre el caso de este hombre que fue detenido en la Plaza Juárez, de Pachuca, sin orden de aprehensión, dice que “le tronaron la clavícula” y declaró “lo que ellos le decían”.
En tanto, Castro Rojo fue acusado de posible violencia contra una mujer, a quien, un mes atrás, se le había practicado una cesaría.
Ella fue detenida en su domicilio en Zempoala, sin que los elementos presentaran orden de aprehensión, de acuerdo con el expediente VGJ-2380-12 de la CDHEH, en el cual, el hermano de la “inculpada” narra que resguardó al recién nacido y a otro menor de tres años que se encontraban en el domicilio durante la intervención policial.
¿Cuál era la versión oficial?
La versión oficial que dio el gobierno de José Francisco Olvera Ruiz (2011-2016) sobre este feminicidio estuvo a cargo del exprocurador Alejandro Straffon Ortiz, quien en una conferencia de prensa afirmó que cuando el padre de Ana Itzel “descubrió que su hija no tenía movimiento”, la envolvió en un costal, la subió en una motocicleta y condujo aproximadamente un kilómetro, para llevarla al terrero donde permaneció enterrada 7 días hasta que las autoridades la localizaron.
La mató, aseveró, porque ella lo descubrió drogándose. El padre, después de que supuestamente cometiera el crimen, reportó a Ana Itzel como desaparecida y pidió al ministerio público que activara la alerta Amber. Eso, aseguró el exfiscal, ocurrió el 19 de mayo de 2014.
El cuerpo, presuntamente de la menor, fue localizado en una construcción del ejido de Tilcuautla, en el municipio San Agustín Tlaxiaca, pero la familia ahora duda que fuera el Ana Itzel y reprochan que fueron presionados para la identificación.
Janet Téllez, madre de la víctima, aseguró que Cuauhtémoc Granados Díaz, entonces director de Averiguaciones Previas de la PGJEH, trató de convencerla de que firmara un documento en el que reconocía la culpabilidad de su esposo, un día después de que fue detenido por “ultrajes a la autoridad”.
El funcionario, según Janet, le argumentó que Juan Carlos estaba “bajo el influjo de las drogas”, pero, excusó, no le aplicaba prueba toxicológica porque la sustancia ya no iba a aparecer en su organismo.
La familia cambió su residencia de Santa Catarina, que pertenece a Tornacuxtla, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, donde, afirman, recibieron intimidaciones y amenazas por los agentes de investigación.
mvf