MONTERREY.- El 18 de abril de 2011 un comando del Ejército mexicano disparó 29 veces y remató con seis tiros en el rostro, al médico Jorge Otilio Cantú Cantú. Por esta ejecución, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que indemnizar con 5 millones 469 mil 824 pesos por persona a la esposa, padre y madre de la víctima.
Jorge Otilio fue asesinado en la colonia Las Brisas de Monterrey, en un principio los militares aseguraron que se trataba de un delincuente. Tras una ardua lucha de su padre, Otilio Cantú las autoridades rectificaron y se abrió un proceso penal contra los soldados.
En 2016 un juez penal sentenció a 22 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado con ventaja a cinco militares que participaron en el asesinato.
Mientras que este jueves, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sentencia del décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual concedió un amparo a familiares de la víctima, al reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado ante la Sedena y la correspondiente indemnización por daño moral, daño físico (por el homicidio) y gastos funerarios.
El proyecto fue presentado por la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, quien declaró la nulidad de la resolución negativa impugnada y reconocer el derecho de los actores a la reparación del daño.
LOS HECHOS
En el año 2011, en medio de una guerra contra el narcotráfico que enfrentaba el país, militares en funciones de policía “confundieron” a Jorge Otilio Cantú con un delincuente.
Jorge Otilio se dirigía a su trabajo al sur de Monterrey, tenía dos semanas de casado, cuando fue atacado a balazos por los uniformados.
Tras percatarse del error, los militares le sembraron un arma. La primera versión señalaba que el joven de 29 años había agredido a los militares y ellos repelieron la agresión.
Su padre, el doctor Otilio Cantú, en busca de justicia declaró en los medios de comunicación que su hijo no sabía usar armas, las autoridades cambiaron la versión y aseguraron que la víctima quedó en un fuego cruzado; eso también fue desmentido tras revisar cámaras de seguridad de la avenida donde fue asesinado.
Posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró que el joven presentaba impactos en el tórax y abdomen, pero lo que alertaría el caso eran los seis balazos que el profesionista recibió en el rostro, a menos de un metro de distancia. Finalmente la tarde del 15 de marzo, los ex militares fueron sentenciados a 22 años de cárcel.
esc