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Jessica: el rostro de una hondureña migrante perseguida y violentada en Chiapas

La joven mujer no solo fue deportada dos veces, sino que una red de trata en Tapachula la obligó a prostituirse e intentó quedarse con su hija

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Escrito en ESTADOS el

TUXTLA GUTIÉRREZ.- En el año 2018, Jessica salió de Honduras e ingresó por la frontera de Chiapas en condición de migrante; meses después nació su bebé en esta entidad del sureste mexicano, sin embargo, como carecía de documentos oficiales, las autoridades migratorias la deportaron.

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No obstante, ella fue retornada a su país sin su recién nacida, quien quedó en manos de una vecina que conoció durante su estancia en Tapachula; prácticamente se la confió. Al retornar de nueva cuenta a este estado, la mujer que cuidó a su hija se negó a entregársela.

Incluso, esta última le advirtió a Jessica que, si la quería de regreso, tendría que “vender su cuerpo” para pagarle todos los gastos generados por el “cuidado” de la criatura. La migrante centroamericana no tuvo otra opción: accedió a esa petición durante dos meses; pero ella fue deportada de nueva cuenta y, lo peor, sin su pequeña hija.

Durante ese tiempo, la vecina y su pareja agilizaron algunos trámites para conseguir un acta administrativa y quedarse, para siempre, con Marina, a quien habían registrado inclusive con otro nombre.

Jessica, cuyo nombre real y el de su hija fueron cambiados para protegerlas de represalias, no sabía leer ni escribir cuando partió de Honduras, lo que de alguna forma dificultaría el que se defendiera mejor.

En agosto del año pasado, y tras ser apoyada por especialistas del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), ella no solo obtuvo su residencia permanente para quedarse en este país, sino que recuperó a su niña.

HUYÓ DE LA VIOLENCIA, NO POR GUSTO

En entrevista, Luz del Carmen Bernard Fuentes, asesora jurídica federal del caso, lamenta que Jessica viviera varios episodios de violencia, pues desde su tierra natal sufría maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, uno de los motivos por los que emprendería el éxodo.

Lo peor de todo, dice, es que la joven madre tuviera que pasar por estas situaciones, y que incluso las autoridades mexicanas no valoraran el que ella llevaba el acta de alumbramiento al momento de ser detenida, para luego sufrir la deportación.

Si Jessica obtuvo justicia, dice la especialista, fue porque ella misma decidió denunciar en un momento, además de que el IFDP interpuso un amparo en contra de las instituciones para que se le reconociera como mamá de Marina y que se dejara sin efecto las actas administrativas que se emitieron de manera arbitraria (lo que ocurrió en marzo del año pasado) y, además, que se ponderara el interés superior de la niña.

Pese a que la madre centroamericana tenía todas las de ganar, tuvo que esperar un poco más, debido a que su hija, hoy como de 4 años de edad, fue llevada al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tapachula y luego a una casa-cuna de la Ciudad de México, porque las autoridades, en ese momento, habían desarticulado la red de trata que la prostituyó y que se quería quedar con Marina.

En la actualidad, Jessica tiene segura a su niña, a quien de igual forma logró registrarla, y posteriormente se dio el derecho a la identidad y la reunificación en la CDMX. “Fue un trabajo arduo, porque la nena no reconocía a su mamá, por lo mismo que era muy pequeñita (cuando prácticamente la robaron)”, advierte Luz del Carmen Bernard.

OSCURA REALIDAD

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad. La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarias de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Aunque la cifra no es mayor al 2018 cuando se contabilizaron mil 423, esto demuestra el casi nulo acceso a la justicia, pues a decir de la sociedad civil muchos casos no alcanzan ni la carpeta de investigación.

De hecho, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca, son las entidades mexicanas con mayor registro de delitos cometidos contra personas migrantes, advierte el estudio.

En el 2030, se prevé que los desastres relacionados con el clima empujarán a 100 millones de personas más a la pobreza extrema afectando en mayor medida a mujeres y niñas, y en particular a las mujeres rurales, indígenas y en situación de movilidad, señaló la Organización Nacional para las Migraciones.

En el 2021, las mujeres representaron el 40 por ciento de los solicitantes de asilo en México; en su mayoría ingresaron por las fronteras de Chiapas y Tabasco, México con Guatemala.

Los crímenes que ocupan los primeros lugares de la lista actual son el tráfico ilícito de migrantes, robo, secuestro y extorsión, principalmente contra originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.

En su visita de este martes al lugar donde un tráiler se volcó a la altura de la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, lo que provocó la muerte de 57 migrantes y lesiones a más de un centenar, Talía Vázquez Alatorre, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, manifestó que las mujeres migrantes siguen siendo “carne de cañón” ante el endurecimiento de las fronteras y, por ende el cambio de rutas.

Es decir, no tendrían que andar en caminos donde son presas fáciles del narco y de las redes de trata; y el riesgo para las mujeres es gravísimo, pues llegando a México son frecuentes las violaciones… mujeres que entra, mujer que violan, ya sea por parte del narco, de la misma policía

 

 

 

 

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