GUADALAJARA.- “Los medios no hablaron sobre ella, y si lo hicieron fue poco y con escasa información (…) la asesinaron, una ráfaga de fuego desfiguró su cuerpo y fue envuelta en sábanas. Los vecinos dicen que vieron a varios hombres salir de su casa”, es el testimonio que comparte Pao de Reza, amiga íntima de Julie Torres, quien fue asesinada en su propio domicilio el 18 de agosto de 2020, en la capital de Jalisco.
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Su muerte, según un reportaje de ZonaDocs, fue tipificada como un homicidio doloso y no como un delito por razón de género, como marca el Protocolo de Actuación para la Atención de Personas en Casos que Involucren la Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, que debería seguir la Fiscalía estatal.
Una semana después, el 26 de agosto se informó que Britani, una mujer trans, perdió la vida por los golpes que recibió tras ser detenida por elementos de la policía municipal de Casimiro Castillo.
Sobre este crimen existen cuatro personas vinculadas a proceso: el comisario de la policía, un comandante y tres policías.
Sin embargo, el Fiscal General, Luis Octavio Solís, señaló que no fue un crimen de odio, sino “un asesinato común que nada tenía que ver su identidad de género, pues los hechos ocurrieron por un robo”.
Fotos Cuartoscuro
Los crímenes de odio son aquellos crímenes que son motivados por el odio que el victimario siente hacia una o más características de una víctima y que la identifican como perteneciente a un grupo social específico; por ello, no es cosa menor que víctimas, como Julie y Britani, hayan sido mujeres trans.
De acuerdo con la solicitud de transparencia de la Fiscalía de Jalisco 07802820, actualmente sólo se investigan 13 delitos cometidos contra la comunidad LGBTTTIQ+; de los cuales nueve son homicidios dolosos; dos lesiones intencionales y una violación sexual.
Estos crímenes se cometieron entre enero de 2015 y octubre de 2020 en contra de 12 víctimas, cuya edad promedio fue de 29 años.
Estos delitos ocurrieron en: Lagos de Moreno (3), Casimiro Castillo (2), Cihuatlán (1), Puerto Vallarta (1), Zapotlán El Grande (1), Tlajomulco de Zúñiga (1), Ixtlahuacán de los Membrillos (1), El Salto (1) y Sayula (1).
En el registro de la Fiscalía por crímenes en razón de género no aparece el asesinato de Julie, así como tampoco aparece el homicidio de Jonathan Santos, activista del movimiento LGBTTTIQ+, quien fue asesinado el 11 de agosto de 2020 en Zapopan, Jalisco.
EMITEN RECOMENDACIÓN A LA FISCALÍA
El 21 de enero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) evidenció que la Fiscalía de Jalisco no cuenta con un protocolo integral para los crímenes de odio por diversidad sexual.
Al emitir la recomendación 187/2020, la comisión informó que el documento recomendatorio, emitido en diciembre, partió de quejas iniciadas de manera oficiosa por los homicidios de tres personas. Uno de ellos fue el de una mujer trans ocurrido en agosto de 2020 en Casimiro Castillo; el otro, también de una mujer trans, sucedió en Guadalajara, y el restante fue el de un joven estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Ante estas muertes, la CEDHJ recomendó al titular de la Fiscalía Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, que, además de la reparación del daño, elimine los obstáculos que afectan la búsqueda de la justicia para la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y queer (LGBTTTIQ+).
La comisión también pidió al fiscal que instruya un modelo de certificación en lenguaje incluyente y un protocolo integral de actuación y ejecución ministerial, para erradicar la violencia institucional debido al desconocimiento de identidades y expresiones de géneros no binarios y de orientaciones sexuales diversas.
La CEDHJ emitió la Recomendación 187/2020 dirigida al presidente municipal de Casimiro Castillo y al fiscal del Estado de Jalisco, por los crímenes de odio cometidos hacia la población de la diversidad sexual pic.twitter.com/9L2osK4zfw— CEDH en Jalisco (@CEDHJ) January 21, 2021
También sugirió una mayor autonomía para la coordinación especializada para la atención de delitos por diversidad sexual y que la convierta en una agencia de investigación y persecución de delitos.