TIJUANA.- Un día después de la elección del 6 de junio, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, envió una iniciativa al Congreso local para modificar la Ley del Notariado de BC y poder otorgar notarias de manera “discrecional” a cualquier licenciado en Derecho.
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El proyecto de ley reduce el número poblacional a un notario por cada 30 mil habitantes, lo cual le permitiría distribuir libremente alrededor de 130 sellos notariales en la entidad.
De igual forma, permite “burlar” a los actuales aspirantes a notario que hicieron su primer examen y esperan se abra una nueva patente para competir de manera objetiva.
De acuerdo con una investigación de Zeta, Víctor Lujano, ex subsecretario jurídico de Francisco “Kiko” Vega y autor de la reforma a la Ley de Notariado de 2015, reconoce que la modificación podría impactar de manera negativa al reducir los criterios de selección de titulares de patente, hecho que desdibuja algunas de las propuestas que son positivas.
El declive de Bonilla en BC se dio a partir del 11 de mayo de 2020, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó su intento de perpetrarse en el poder tres años más.
LA REFORMA
El 7 de junio de 2021, Jaime Bonilla Valdez presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso estatal para modificar artículos en la Ley de Notariado de Baja California, el Código Civil de Baja California y la Ley de Registro Civil de Baja California.
La iniciativa busca otorgar facultades al Ejecutivo para facilitar el otorgamiento de la función notarial en la entidad.
Por ejemplo, el Artículo 17 de dicha reforma establece: “En el Estado de Baja California habrá el número de notarías que el servicio de la población amerite a razón de un Notario por cada 30 mil habitantes”.
El Ejecutivo Estatal podrá nombrar titular de una Notaría de Nueva Creación a cualquier profesional del derecho con experiencia, capacidad y eficiencia para desempeñar la función Notarial atendiendo a la Equidad de Género, la necesidad de los grupos sensibles, vulnerables y de escasos recursos económicos y a sus antecedentes curriculares; quienes estarán obligados a brindar servicios sin costo alguno a las personas de vulnerabilidad económica durante un periodo de 30 días por año
Dicho párrafo también indica que, para ello, el aspirante a notario designado por el gobernador deberá cumplir con los primeros tres requisitos del Artículo 26 de la misma Ley:
- Ser mexicano por nacimiento y tener 27 años cumplidos.
- Ser Licenciado en Derecho con título profesional registrado en la Dirección de Profesiones del Estado.
- Estar en ejercicio de sus derechos civiles; haber observado y observar buena conducta; no pertenecer al estado eclesiástico; y en caso de haber litigado gozar el buen nombre en el medio judicial y con experiencia mínima de 3 años en el ejercicio del derecho, en cualquiera de sus ramas.
Con ello, de acuerdo con la nota de Zeta, la reforma deja fuera todos los requisitos relativos a la experiencia notarial, realizar un examen y aprobarlo; no contar con una enfermedad que afecte sus facultades intelectuales o físicas; tener residencia en el Estado al menos por cinco años y no haber sido condenado a una pena privativa de la libertad.
Lo anterior significa que, si el mandatario estatal decide elegir a una persona con antecedentes penales que reside en otra entidad y sin experiencia notarial, salvo por tres años de ejercicio en el Derecho, puede hacerlo.
PATENTE EN BC, UN CHISTE
Víctor Lujano Sarabia, abogado, considera que, de concretarse la reforma, la patente notarial se volvería un chiste que ni en la época de los años 70 y 80 se vivió e hizo una comparación con la película mexicana la “Ley de Herodes”.
“Esta iniciativa, si bien pareciera que lo hacen para esconder el verdadero motivo, cuando los faculta para realizar matrimonios, cuando los obliga a una labor social, está reconociendo algo que siempre se ha dicho, tenemos un notariado de élite, fifí, arrogante, caro, aunque lo nieguen; y el gobierno hace estos esfuerzos para acercar el servicio a la población, ‘no te bajo el arancel porque pegas de gritos, no nombro más porque hay más competencia’”.
La iniciativa también restringe las aspiraciones a las notarías, toda vez que, argumentando la “equidad de género”, limita la posibilidad de registrarse como aspirante a notario a solo diez personas por año, las cuales se dividirán de manera equitativa entre hombres y mujeres, cuando actualmente se recibe un registro libre de interesados a realizar un examen.
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