CANCÚN, Quintana Roo (La Silla Rota).- La investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) a First National Security, ?empresa especializada en el arrendamiento de cajas de seguridad?, impide que mil 500 personas de Cancún recuperen sus bienes económicos desde hace más de 15 días, esto a pesar de que no todos forman parte de la investigación federal.
Ante el hermetismo de las autoridades, algunas versiones señalaron que la investigación de la PGR está relacionada con Leticia Rodríguez Lara, también llamada “Doña Lety” o “La 40”, quien fue vinculada como la líder de una organización delictiva en Cancún, y la operadora de la venta de drogas en el destino turístico, mientras que otras versiones relacionan el caso con cajas de seguridad del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
La PGR a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) la madrugada del lunes 9 de octubre aseguró las cajas de seguridad del inmueble ubicado en el primer cuadro de la ciudad en la plaza “América”, cerca de la entrada hacia la zona hotelera de Cancún y colocó un sello en la puerta con el número de expediente FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000740/2017. El establecimiento permanece en vigilancia por elementos de la Marina y el Ejército, algunos de los elementos comentaron que se encuentran a espera de que las autoridades de la SEIDO entren a retirar las cajas de seguridad que forman parte de la investigación.
La mayoría de los afectados son empresarios y gente de poder económico de Cancún, Puerto Morelos, Holbox, Akumal y Tulum, aunque también hay usuarios extranjeros de Alemania e Israel.
El abogado de National Security, Alfredo Cuellar Labarthe, explicó que desde el día del aseguramiento, el dueño de la empresa Santiago Ancona solicitó apoyo jurídico a sus abogados y solicitó un amparo, pero recibieron una suspensión del acto debido a que señalaron a diversas autoridades y no a la correspondiente. Posteriormente ampliaron la demanda, esta vez con el apoyo de otros abogados del despacho Abraham Magaña y Asociados S.C, quienes llevan actualmente el juicio de amparo, mismo que fue enviado al Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo.
Para el abogado, la situación de National Security es “inédita y arbitraria”, porque desde el día del aseguramiento a la fecha la SEIDO no ha detallado a los afectados ni al dueño de la empresa porque confiscaron por completo el establecimiento y no ha detallado cuantas cajas de las mil 500 existentes forman parte de la investigación federal.
Explicó que los usuarios del servicio resguardan dentro de las cajas objetos de valor económico y documentos personales desde pasaportes, visas, dinero en efectivo en pesos, dólares y hasta existe el caso de un extranjero de origen alemán que guardó en su caja su marcapasos.
“Hay gente que tenía los boletos listos para ir a Disney, y no pueden sacar documentos, el pasaporte todavía podían solicitar otro, pero la Visa no, entonces dijeron adiós al viaje, gente incluso conocida por nosotros, abogados, este tema involucra a mil 500 casos, son mil 500 cajas lo que hay ahí”, dijo el abogado de National Security.
Los afectados que en su mayoría son empresarios y personas con poder económico, al enterarse que la PGR y la SEIDO no los dejaba entrar para sacar sus pertenencias, organizaron una junta en un restaurante de Cancún, para solicitar información de la investigación con el equipo jurídico del despacho Abraham Magaña y Asociados S.C que lleva el caso de National Security.
Algunos de los usuarios sugirieron realizar amparos colectivos, otros de manera individual, mientras que otros clientes optaron por esperar los plazos legales de la investigación, y a través de un chat de Whats App se mantienen informados sobre los avances de la investigación. “El que nada teme nada de debe”, argumentaron en reunión varios de los afectados.
Empresarios y usuarios del servicio de cajas de seguridad señalaron estar preocupados por sus bienes, ya que existen casos de personas que tienen dinero en efectivo que utilizan para pagar a trabajadores, y desde el aseguramiento han detenido sus actividades y pagos, otros afectados tienen documentos y facturas originales de vehículos y títulos de propiedad que temen las autoridades extravíen o se las lleven.
Una de las afectadas que por seguridad prefirió reservar su identidad dijo que se dedica a la joyería desde hace 17 años en Cancún, en su caja de seguridad resguarda material con el que desarrolla piezas para la venta y desde el aseguramiento de PGR ha detenido los trabajos de su empresa y no ha podido saldar los pagos a sus empleados que maquilan la joyería.
La empresa renta las cajas de seguridad y de acuerdo a las necesidades del cliente deben pagar desde dos mil 300 a cinco mil 600 pesos cada año, los precios son divididos por tamaños y también deben pagar u ingreso extra en caso de extravío de las llaves; además en el contrato de arrendamiento exhorta a los consumidores no ingresar artículos ilegales como son armas de fuego o drogas.
Alfredo Cuellar Labarthe, abogado de National Security, explicó que están a espera de que la SEIDO y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud presente un informe justificado en el detallen los alcances de la investigación y aclaren porque tomaron la decisión de asegurar la totalidad de las cajas de seguridad, si en su caso están bajo investigación un número menor de las mismas.
“Hay que esperar a que la autoridad en este caso la Unidad (de delitos contra la salud), nos diga que está pasando, y debe remitir un informe con justificación. A partir de que reciben el documento tienen 15 días para rendir el informe con justificación”, dijo el abogado.
kach